Se cumplió ayer el sexto día de protestas del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), un conjunto de medidas de fuerza que parecen tener una motivación casi personal del secretario Walter Arévalo y que no muestra mayores alternativas. Jornada tras jornada, se alimenta según cómo avancen o retrocedan las causas abiertas contra el sindicalista, que mostró resultados de cal y arena porque se pidió su sobreseimiento a partir de una denuncia por amenazas y a la vez se elevó a juicio el proceso abierto por coacción.

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Arévalo asegura que lucha simultáneamente “contra tres poderes, el político, el judicial y el mediático” y dio algunas señales de querer terminar el paro al indicar que lo que busca es sentarse a dialogar y las marchas que realiza tienen exclusivamente ese fin. Tras rechazar un aumento anual del 49 por ciento, las negociaciones con la Municipalidad parecen haberse estancado y el dirigente decidió volver con cortes de tránsito e incursiones en el microcentro (prometió que serán todos los días) como eje de su plan.

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El detalle que hasta aquí se pasó por alto es que la Dirección de Inspección Laboral declaró ilegal el paro, porque el SOEM no presentó el plan de contingencia para cumplir con servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos. Este incumplimiento no se advierte porque la comuna tomó las precauciones para que el servicio se siga prestando, pero es una obligación que el gremio ignoró por completo. La situación se torna delicada porque no se trata de un simple trámite: si una medida de fuerza es declarada ilegal los trabajadores que participan se exponen al despido. El derecho a huelga está reconocido, pero la huelga debe ser legal, de lo contrario la ausencia de un trabajador representa una falta injustificada que puede costarle el puesto laboral. Un riesgo sobre el cual Arévalo parece no haber advertido a los municipales, toda vez que se sigue adelante con las protestas como si la DIL y su dictamen fueran irrelevantes.

El Esquiú.com