El Secretario

jueves, 7 de octubre de 2021 01:58
jueves, 7 de octubre de 2021 01:58

Justo en estos tiempos de revolución femenina, reivindicaciones, mujeres avanzando en todos los ámbitos y forzando la caída de los patriarcados, se presenta una situación imprevista en la Corte Suprema de Justicia, que queda hoy conformada exclusivamente por hombres: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, son los únicos integrantes del máximo órgano judicial de la Nación, hecho desencadenado por la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Fue precisamente ella la primera dama en ser nombrada en la Corte democráticamente, e incluso podría designarse en su lugar a otro hombre, porque aunque existen proyectos de ley para aplicar el cupo femenino en las vacantes, hasta la fecha no está vigente ninguna obligación.
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Al margen de la cuestión de género, que seguramente motivará debates, la renuncia de Highton de Nolasco permite trazar cierto paralelismo con lo ocurrido en la Corte local, donde Amelia Sesto de Leiva también se alejó del cargo por voluntad propia, sin que le afectaran los cuestionamientos que la dejaron al borde del juicio político. El Art. 99 de la Constitución argentina especifica que debe haber un nuevo acuerdo en el Senado para cualquiera de esos magistrados, “una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”. A fines de 2016, Highton de Nolasco presentó un amparo para continuar en el cargo de jueza de la Corte Suprema más allá de los 75 años, que cumplió en diciembre de 2017.
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Al respecto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, pidió que se rechace la acción de amparo promovida por la jueza. El fallo de primera instancia fue favorable a Highton de Nolasco coincidiendo con la resolución similar que se había dado en el caso de Carlos Fayt y el gobierno decidió no apelar, por lo que continuó en el cargo. La medida fue criticada alegándose que respondía a una “posición corporativa”. Algo muy parecido a lo que sucedió en Catamarca con Sesto de Leiva y José Cáceres, jubilados que aseguraron su continuidad mediante fallos con colegas que los beneficiaban mutuamente, burlando las normas constitucionales.
 

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