Aunque el tema parece disiparse, detrás del fallo de la Corte que ordenó al gobierno devolver el cargo de Vocal del ENRE a Lobo Vergara, quedó “tela para cortar”. Más allá de la apelación, afloraron en el trámite judicial conductas indecentes del beneficiario de la decisión como del tribunal que, por mayoría (3 a 2), ordenó una medida tan ridícula como inaplicable. Como se sabe, Lobo Vergara fue vocal del Ente desde la década del 90 y esa vocalía tenía el nivel de ministro. Mientras cumplía tan rentable función, en 2015, fue electo diputado y consiguió la reelección en 2019, con lo cual tiene asegurada la banca hasta 2023. Goloso e insaciable, el hombre pidió que le tengan reservado el cargo de Vocal hasta que el termine “sus sacrificados” mandatos de diputado. Por lo pronto, el pedido ya equivale a 8 años de licencia, que podrían ser 12, 16 ó 20. Argumentó para justificar tamaña pretensión, que a todo agente dependiente del Estado, de acuerdo a lo que él interpreta, la Constitución le otorga una licencia por cargo de mayor jerarquía. Es decir se comparó con un empleado cualquiera de Piscicultura o del Hogar de Ancianos.
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Es cierto que se otorgaron licencias “por cargos de mayor jerarquía”, concretamente de legislador. Pero eso vale para los empleados, no para los funcionarios y Lobo Vergara era un alto funcionario, posiblemente con jerarquía superior a la de un diputado.
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Sin embargo, a esta aberración la avaló una Corte cuya integración podría ser irregular. Por empezar, para sumarse al invariable voto castillista de Cáceres y Sesto, actuó como subrogante el Procurador Enrique Lilljedahl, quien no puede hacerlo de acuerdo a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual fue publicada el 31 de julio de 2020. ¿Cómo hizo Lilljedahl para asegurar el tercer voto? Posiblemente se llamó a resolver el conflicto minutos antes que entrara en vigencia la ley. No importó hacer Justicia y para eso sirven triquiñuelas como la que comentamos.

El Esquiú