La imputación dispuesta por el fiscal Jonathan Felsztyna contra el médico y figura de primera línea de la UCR, Roberto Gómez, por el supuesto delito de abuso sexual simple contra una ex empleada suya en el sanatorio que posee en la avenida Mariano Moreno, tiene sus bemoles. Más allá del hecho en sí mismo, que se deberá resolver en otras instancias de la Justicia, el caso tiene una extraordinaria trascendencia política y judicial.

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Dentro de la UCR, la imputación cae con la fuerza de una bomba neutrónica y produce un caos que nadie sabe cómo y cuándo puede terminar. Por empezar, la acusación contra Gómez, el excandidato a gobernador en 2019, tiene connotación nacional y le viene a dar la razón a siete mujeres radicales que pidieron su impugnación como candidato partidario y por tal motivo fueron suspendidas por el Tribunal de Disciplina por cinco meses. Ahora, con la decisión judicial bajo el brazo, irían por más. Buscarían su expulsión lisa y llana, en contra de defensoras acérrimas de la conducta del médico, como son los casos de la diputada Juana Fernández (asumió en su lugar como presidenta del comité Capital) y Marita Colombo, que representa “la flor y nata” del castillismo. Por cierto, nos referimos a la coyuntura que surgió del fallo del fiscal, el cual podrá ser ratificado o rectificado por los tribunales de Alzada. Claro que eso lleva tiempo. El suficiente para sepultar políticamente a Gómez.

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A propósito del fiscal y de la Justicia. También le caben pesadas responsabilidades. No puede ser que una denuncia de julio de 2019 tenga una mínima expedición –una imputación no es más que eso, un estado de sospecha- casi dos años después y que el fiscal, propuesto para ser camarista, haya indagado a Roberto Gómez hace apenas 15 días cuando los fuegos amigos y enemigos cruzaban la interna de un partido político cuyas máximas autoridades, antes de la confección de las listas, como verdugos, sabían cómo seguiría esta historia.

El Esquiú