Muchas lecturas podrán hacerse de los violentos acontecimientos desatados en Andalgalá, y al momento del análisis surgirán diferentes posturas y opiniones, pero dos elementos basales deben reconocerse para intentar arribar a alguna conclusión válida. En primer lugar, el rechazo y repudio a todo acto de vandalismo y barbarie, que no puede ser admitido en una sociedad civilizada y democrática bajo ningún concepto: sea cual fuere el problema, la violencia jamás será el camino para resolverlo y los argentinos conocen demasiado bien esa premisa como para desandar irracionales huellas que ya se han transitado en distintos momentos de la historia, sin ningún efecto positivo.
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En segundo lugar, que quede claro que lo ocurrido al atardecer del sábado en la Perla del Oeste fue cualquier cosa menos una reacción popular. Los vecinos andalgalenses, lejos de ser protagonistas de la escalada patoteril, fueron atónitos testigos de un desmadre orquestado, dirigido y permitido. La pretensión de disfrazarlo o venderlo como “pueblada” contra la minería podrá ser fácil y atractiva para asegurar una buena recepción mediática en ciertos ámbitos, pero dista abismalmente de la realidad. El accionar de quienes exhibieron credenciales de ambientalistas fue sencillamente delictivo y su motivación tiene un innegable trasfondo político, que ellos mismos se ocuparon de subrayar al atacar también una sede partidaria.
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Deberán responder en consecuencia los autores materiales de los destrozos, pero también sus ideólogos, comenzando por quienes asumieron la responsabilidad de conducir los destinos del municipio y se encerraron en un discurso desconectado de la razonabilidad, desoyendo incluso fallos judiciales, para insistir en argumentos que, huérfanos de todo sustento lógico, buscan apoyarse ahora en el escándalo para extender la agonía de una posición que no tiene manera de resistir. Ni la mayor división ideológica del país en la historia reciente se enfrenta en ese punto: si en un punto coincidieron kirchnerismo y macrismo fue en el reconocimiento de la minería como una herramienta de desarrollo. Y la Provincia de Catamarca definió hace muchos años la minería como política de Estado. Quien pretenda modificar este rumbo deberá buscar argumentos algo más sólidos que una molotov.                                                                                                                                

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