Apuntes del Secretario

domingo, 18 de abril de 2021 00:49
domingo, 18 de abril de 2021 00:49

Los orquestados incidentes del fin de semana pasado en Andalgalá, donde se quemaron oficinas de una empresa minera y del Frente de Todos (un acto más político que vandálico) motivaron una suerte de revisión de la realidad minera provincial, con la mentada licencia social como supuesto eje del debate. Esta discusión, con diferentes matices, resurge periódicamente tanto aquí como en otros rincones del mapa con potencial riqueza en minerales. Lo realmente curioso es que la voz cantante de los debates, con insistentes críticas y cuestionamientos al oficialismo provincial, corrió aquí por cuenta de actores políticos que tuvieron un rol protagónico en el inicio de la gran minería en Catamarca. Si perduran entre los comprovincianos gestos de desconfianza, desencanto y decepción, es precisamente por las acciones de aquellos que hoy señalan culpas sin la menor autocrítica... y sin ninguna autoridad.

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Porque fue el Frente Cívico y Social quien abrió el juego provincial en las grandes ligas de la minería, y lo hizo de manera paupérrima en todos los aspectos. Porque cedió la mina de Bajo La Alumbrera a manos de intermediarios que se reservaron el negocio principal, porque no impusieron condiciones para la contratación de catamarqueños, porque no transparentaron ni abrieron a la comunidad los controles ambientales, porque no exigieron las inversiones previstas por las normas de Responsabilidad Social Empresaria y, sobre todo, porque dilapidaron miles de millones en gastos corrientes, en campañas electorales, y en obras inútiles con cero beneficio para la población, como las emblemáticas inversiones de Eduardo Brizuela del Moral en el Estadio Bicentenario o la Hostería de Cortaderas.

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Especialmente se destaca Andalgalá en ese proceso, que por vecindad geográfica fue uno de los departamentos más beneficiados con las regalías. Y es allí donde se generan las grandes polémicas, porque en otros departamentos relacionados con la actividad, como Santa María, Belén, Pomán o Antofagasta de la Sierra, no surgen tan encendidas polémicas. Hubo en Tinogasta una etapa con incidentes aislados hace más de una década, en aquella época motorizados por el canal Todo Noticias, que difundió la falsa información de que Alumbrera trabajaba con cianuro: “Ahí van los camiones con cianuro”, gritaba con total impunidad el periodista Julio Bazán, haciendo gala del estilo que caracteriza al Grupo Clarín. Desarticulada la maniobra, desde allí comenzó a construirse una etapa de diálogo y entendimiento, que se rompió ahora -al menos ese es el objetivo de sus impulsores- con el último escándalo, armado con zona liberada y participación de funcionarios municipales de Andalgalá. 

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Luego de las arduas negociaciones de los 90 por el proyecto minero –en realidad comenzaron hacia finales de los 80 y, atravesando dos gobiernos, se prolongaron por una década-, Bajo la Alumbrera pasó de mano en mano y, finalmente, comenzó a producir a fines de 1997, con lo cual la provincia captó las primeras ganancias durante el gobierno del actual senador nacional Oscar Castillo, al mismo tiempo que el jefe comunal andalgalense era Juan José Felicia. Allí comenzó, en escala menor, el despilfarro. Castillo, a quien le tocó gobernar en tiempos de vacas flacas, utilizó ganancias mineras para gastos generales –sueldos incluidos-, pero le dejó un fideicomiso importante a su sucesor, Eduardo Brizuela del Moral, que gobernó en medio de la abundancia. Nadie como él dispuso de tanto dinero. ¿Pero qué pasó con los intendentes andalgalenses?


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Juan José Felicia fue el primero en disponer de regalías mineras provenientes del Bajo la Alumbrera. No se recuerda de él ninguna obra testimonial ni que haya rendido cuenta de cómo utilizó el dinero que provenía de los recursos no renovables. Después fue el turno de José Eduardo Perea que, entre 2003 y 2011, llevó a cabo verdaderos latrocinios con las regalías, más de 20 de las cuales permanecen en los anaqueles judiciales cubiertos de polvo y telarañas.

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En 2011 llegó Alejandro Páez, quien se declaró antiminero, pero a la vez usufructuó todos los beneficios de la minería. Páez creó la máquina política para asegurar elecciones a través de un sistema de becas y prebendas que han terminado fundiendo un municipio que, por el dinero que ingresó, tendría que ser uno de los más poderosos de Catamarca. Hoy Córdoba transita un camino similar desde el discurso, a tal extremo que el propio Daniel “Telchi” Ríos, un correligionario, señaló esta incongruencia: “Quienes lideramos nos debemos coherencia en relación al tema minero. Nuestra obligación es brindar oportunidades de desarrollo, nuestros pueblos se han forjado en base a su trabajo. Si no se está de acuerdo con la minería, no deben recibirse las regalías mineras”, indicó el jefe comunal belicho.

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Ninguna de estas variantes es contemplada por los opositores que imaginan en el conflicto andalgalense un escenario propicio para atacar al oficialismo. Y en esa omisión calculada, evitan reconocer que fue en la gestión del justicialismo cuando la minería enderezó su rumbo y se convirtió en política de Estado. La figura clave en ese proceso fue sin duda la exgobernadora Lucía Corpacci, quien trazó una serie de claves y posicionó a la provincia como un centro relevante de la minería nacional e internacional. Corpacci no cargó las tintas sobre gestiones anteriores, ya que su punto de partida fue el gigantesco y malogrado emprendimiento de Bajo La Alumbrera, cuyos réditos no se expresaron precisamente en una elevación de la calidad de vida de los catamarqueños, ni se cuenta con referencias claras sobre el destino de los multimillonarios ingresos que generó a partir de las regalías. Los cambios instrumentados fueron amplios y variados, y modificaron la postura provincial, posiblemente para siempre.

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Durante la gestión corpacista se establecieron nuevas reglas de juego, abarcando desde pequeños detalles hasta grandes decisiones. Por mencionar solo algunas, las más sobresalientes, podemos recordar que: se constituyó la empresa estatal CAMYEN, Catamarca Minera y Energética, una experiencia inédita que sirvió de modelo a otras provincias del país; se impuso a todo inversor que trabaje en territorio catamarqueño, la obligatoriedad de cumplir con un cupo de personal contratado en la provincia; se fortalecieron y ampliaron las carreras terciarias y universitarias vinculadas con la minería; se transparentaron los controles ambientales con participación ciudadana; se obligó a las grandes empresas a traducir las normas de la Responsabilidad Social Empresaria en obras tangibles dentro del territorio catamarqueño, por ejemplo, con los Hospitales de Andalgalá y Aconquija, o las obras hídricas en Antofagasta de la Sierra; se otorgó a Catamarca una presencia internacional; se multiplicaron los trabajos de exploración y definición de áreas potables para eventuales explotaciones; se jerarquizó el trabajo de los mineros desde espacios como Minas Capillitas o Farallón Negro, con mejoras acordes con la relevancia de la labor desempeñada. Y cada decisión encontró continuidad en la gestión del actual mandatario, Raúl Jalil.

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En una provincia donde la minería se menciona incluso en su himno, que la actividad haya logrado fortalecerse como política de Estado es una noticia alentadora y positiva. Estamos así más cerca de lograr que la minería, que cuenta en esta parte del país con antecedentes de varios siglos, logre finalmente funcionar como debe. Esto es, un motor para el desarrollo de otras actividades, para el fomento de la producción, del trabajo, de la generación de recursos genuinos y la apertura al turismo, al emprendedurismo y la activación económica. Y debe fortalecerse, entre otras razones, porque Catamarca no tiene muchas más opciones para revertir su destino de pobreza y postergación.

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RECUERDOS. El 18 de abril de 1991, hace 30 años, el presidente Carlos Menem decretaba la intervención federal del poder ejecutivo y legislativo de la provincia de Catamarca -el judicial ya estaba intervenido- con la destitución del gobernador, Ramón Eduardo Saadi. Vicente Leonides Saadi, padre de Ramón, ex senador y exgobernador que falleció en 1988; había brindado un apoyo clave para la llegada del riojano a la Casa Rosada. En un discurso de 12 minutos, en un marco solemne y rodeado de su Gabinete de ministros, con tono grave, Menem anunció la llegada de Luis Prol como interventor, en un acto considerado alta traición por el peronismo catamarqueño. Con la intervención de Catamarca, “para garantizar la forma republicana de gobierno”, Menem sentaba las bases para el nacimiento del Frente Cívico y Social, alianza liderada por el radicalismo que gobernaría la provincia los siguientes 20 años, como efecto político de la convulsión social y la estrategia mediática montada a partir del horrendo crimen de María Soledad Morales.


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