El Secretario
En ocasiones resulta más fácil denunciar arbitrariedades judiciales desde el rol opositor que resolver esas arbitrariedades siendo oficialismo. El problema radica en que señalar una justicia adicta o parcial cuando no se ocupa ningún espacio de poder no implica costo alguno; pero intervenir desde el poder, cuando se lo ejerce, puede dar lugar a que se le adjudiquen a quien interviene los mismos comportamientos que denunciaba. Es una verdadera trampa política, porque desarticular las redes del lawfare cuando ya han avanzado más allá de lo razonable, requiere de atender y respetar tiempos procesales extensos, lo cual se puede confundir fácilmente con la comodidad o la inacción. El Gobierno de Alberto Fernández vive la situación en carne propia, porque muchas de las personas que desde el llano calificaron como presos políticos, siguen en la misma condición con más de un año de gobierno justicialista. Puede debatirse si es porque no pueden actuar o porque no quieren asumir el costo político.
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Un caso emblemático es el de la jujeña Milagro Sala, dirigente social y líder de la organización Tupac Amaru, quien lleva cinco años privada de la libertad, por una causa que desde su inicio se consideró una maniobra política del gobernador Gerardo Morales. Y quienes defienden esa teoría consideran inadmisible que nada haya cambiado una vez que se consumó la caída de Mauricio Macri en las urnas.
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Hoy habrá un festival internacional, en modo virtual, en que artistas de distintas partes del mundo reclamarán la liberación de Sala. Ya confirmaron su participación figuras como Susana Rinaldi, Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Miguel Ángel Estrella. El encuentro, que se transmitirá por YouTube desde las 20 con el nombre “Una Canción Para Milagro”, consigna en su convocatoria que “Milagro Sala fue la primera víctima judicial del Gobierno de Mauricio Macri. Lleva más de 5 años detenida por razones políticas, en manos de una Justicia provincial parcial y dudosa, que monta causas para neutralizar su liderazgo y la influencia de su organización”. Una piedra en el zapato, no ya del Gobierno jujeño, sino de Casa Rosada.