La separación de los excamaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, durante el año 2020, provocó el mayor escándalo que se recuerde dentro del ámbito de la Justicia. Ni siquiera el juicio político perfectamente fundamentado contra Amelia Sesto de Leiva (se terminó yendo en cuanto finalizó el proceso) y José Ricardo Cáceres alcanzó la notoriedad de un supuesto hecho de coima que se viralizó en las redes sociales a una velocidad nunca vista. En apenas horas, nos animamos a decir que la gran mayoría del pueblo catamarqueño no salía del asombro ante las escenas fílmicas que mostraban a los jueces recibiendo “dinero sucio”. Frente al inminente juicio político, los exmagistrados presentaron la renuncia para evitar el escarnio público que se avecinaba. Esa renuncia, que en homenaje al decoro debió ser rechazada y obligar a los acusados a sentarse en el banquillo de “los tormentos” como le pasaría a “cualquier cristiano”, fue objeto de algunos lobbys que perfectamente conocemos para finalmente darle curso. Sin embargo, por largo tiempo este tema se mantendrá en el candelero. Primero porque existe una acción penal contra Da Para y Morales que está en la Justicia, segundo porque hay pedidos de retiro de la matrícula de abogado para los apuntados y, por si no alcanzara como material de análisis, porque sus reemplazos han comenzado a dar que hablar.

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Aparte de algunas presentaciones que podrían llegar al Colegio de Abogados para suspender la matrícula de los exjueces, los senadores José Luis Martínez (Valle Viejo) y Maximiliano Brumec (Capital) cargaron el mes pasado por esta situación y no dejaron de lado a la Comisión Evaluadora que creó el nuevo gobierno para reemplazar al viejo Consejo de la Magistratura. Consideran que no funciona y que tiene demoras evidentes para avanzar en los concursos y enviar las ternas al Poder Ejecutivo sobre una gran cantidad de cargos que se encuentran vacantes, entre ellos los de Da Prá y Morales. Desconocemos cómo seguirá esta historia, pero llama la atención que las objeciones de los legisladores no hayan tenido ni la más mínima objeción y que el Colegio de Abogados no haya emitido de un mísero comunicado sobre el “fierro caliente” que tiene entre sus manos. ¿O han resuelto lavarse las manos para aliviar las quemaduras que sobrevendrán? Por los pronto nos quedamos con la opinión de los senadores: “nuestro gobierno está interesado en este tema porque no ha pasado desapercibida la actitud de estos dos exjueces abogados que litigan en la provincia”.

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En lo que atañe a las demoras de la comisión Evaluadora (la integran Gonzalo Salerno como presidente, María Fernanda Rosales como vicepresidenta, Marcia Lozada como presidenta de la Asociación de Magistrados y Víctor Russo como titular del Colegio de Abogados) es cierto que existe una demora en definir los concursos y elevar las ternas, pero no es menos cierto que se trabaja a destajo. En este orden, ya están en el escritorio del gobernador la lista de algunos de los aspirantes que tuvieron los mejores exámenes. Para la Cámara de Apelaciones (último destino de Da Prá y Morales) el orden de mérito que se ha enviado es el siguiente: 1.- Mariana Beatriz Vera, 2.- Carlos Ezequiel Walther y 3.- Jonathan Felsztina. Para el cargo de juez de Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación estas fueron las propuestas: 1.- Ricardo Javier Herrera y 2.- Silvio Martoccia. Por último, para la Cámara Civil los nombres del futuro juez o jueza pasan por Soria Acuña, Jimena Soria, Gabriel Jaime y el doctor Altamirano.

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Conforme al detalle precedente, siguiendo los planteos de los senadores Martínez y Brumec, algunos políticos no dejaron de reparar en algunas situaciones que han saltado a la luz. Para la Cámara de Apelaciones se envió una terna que encabeza Mariana Vera, pero allí hay dos cargos vacantes, el de Da Prá y el de Morales. Al otro, la Comisión Evaluadora lo declaró desierto, con lo cual le deja la decisión al Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre en la Cámara de Sentencia: la terna es una sola y los cargos son dos. En base al hecho fáctico, desde las veredas del radicalismo, especulan que se trata de una avanzada en contra de la independencia del Poder Judicial y que, de antemano, los elegidos serán Jonathan Diego Felsztyna y Silvio Martoccia. ¿Será realmente así? Para los cargos declarados desiertos, cabe destacarlo, no hay nombres a la vista.

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El tema llegó el miércoles a la Cámara de Diputados y allí el diputado Francisco Monti, que está en campaña y aspira a la reelección, no se anduvo con vueltas para acusar. “Se declaró desierto uno de los concursos como un traje a medida para que designe uno como tanto le gusta al Ejecutivo y el otro lo pueda elegir a dedo”. Desde aquí lo corregimos: no hubo un concurso desierto, fueron dos. Desde su banca peronista, a continuación el diputado Lavatelli metió “el dedo en la llaga” y señaló que la Comisión Evaluadora que reemplazó al Consejo de la Magistratura fue un arreglo político del que participaron los propios diputados radicales presentes el miércoles en el recinto. Recordemos que en la sesión clave –junio de 2020- se ausentaron del recinto y dejaron que el Frente de Todos “pateara el corner y al mismo tiempo cabeceara al gol” sin que existieran defensores o, por lo menos, un arquero que lo impida”. El argumento de que, por la pandemia, preferían mantener la distancia fue directamente un “chiste de trastienda”. ¿Cómo es que sesionaron el miércoles último con un promedio de más de 400 contagios diarios y no lo hicieron cuando prácticamente no había casos? Si los radicales, con Monti o Luna a la cabeza entregaron la Justicia, ya no es tiempo de llantos y lamentos.

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El ridículo llegó desde los terrenos peronistas. Sus más conspicuos representantes propusieron reformar la Carta Magna para darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura. Señores de todos los bandos: hay que hacer funcionar “la constituyente” no solo para dotar del mejor mecanismo a la elección de los jueces, sino para borrar para siempre fealdades republicanas como la elección indefinida del gobernador y vice, la reelección permanente de los intendentes, el correcto funcionamiento, con premios y castigos, de la administración pública o el establecimiento de una clara y fija certeza electoral en cuanto a las fechas de convocatoria. Eso solo por nombrar algunas cuestiones, pues las variantes constitucionales se imponen en muchos aspectos –ecológico, tecnológico, etc- porque, luego de 34 años, se impone una actualización conforme a los tiempos que corren.

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El inminente nombramiento de la actual Asesora de Gobierno, María Fernanda Rosales, como ministra de la Corte de Justicia en reemplazo de Amelia Sesto de Leiva, habrá de generar un nuevo movimiento de piezas en el tablero del poder. De acuerdo a cómo se conformó el comité evaluador, la reemplazante de la futura cortesana será quien Raúl Jalil nombre en la Asesoría de Gobierno. Como puede apreciarse, no se trata de un nombramiento cualquiera, sino de una persona que conduzca la legalidad de los actos de gobierno y, aparte, participe de los concursos y nombramientos de potenciales jueces. ¡Menuda tarea!

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A propósito de la exhumación del tema reforma de la Constitución, hay otra cuestión que parece condenada al olvido. Se trata de las PASO provinciales, algo que siempre fue motivo de debate. Recordemos que el gobernador Jalil fue enemigo acérrimo de hacer estas primarias y gastar plata en ellas, en tanto Lucía Corpacci intentó  suspenderlas por única vez si las elecciones se hacían en marzo de 2019 (finalmente fueron trasladadas a octubre). Para los comicios que se aproximan (las listas de precandidatos deberán cerrar en la segunda quincena de julio) nadie dice nada. ¿Será que están esperando que sea la ley la postergación de las elecciones nacionales lo que se materializará esta semana? Ya lo veremos, pero mientras tanto se puede asegurar que en la provincia son varios los que quieren primarias, tantos como los que se oponen.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con la recordación de hechos políticos del pasado.

La reciente visita del presidente Alberto Fernández al Papa Francisco no es un hecho nuevo entre nuestro país y el Vaticano. Todos los jefes de Estado, o casi todos, buscaron esa foto histórica e influyente en un pueblo mayoritaria y profundamente católico.

Hace más de 30 años, por espacio de 45 minutos, el extinto Papa polaco Juan Pablo II -fue elevado a los altares como santo- recibía en la sede romana al expresidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem. Entre otras cosas le decía "como pueblo de Dios no buscamos el espejismo de un simple progreso material", y le agregaba "la única certeza que existe es que ninguna nación será feliz si al progreso económico no se le suma una correcta distribución de la riqueza, el desarrollo material y el pleno empleo para hacer conjugar un armonioso desarrollo cultural, espiritual e histórico".

Menem, por su lado, indicó a la prensa que Juan Pablo II pidió superar cualquier forma de enfrentamiento y que, personalmente, había quedado fascinado con el purpurado al hablar de la pobreza. De hecho, muchos conceptos de aquel "Papa viajero", cuya muerte conmocionó al mundo entero, forman parte del mensaje que está ofreciendo en estos tiempos el Papa Francisco.

El Esquiú