Nula repercusión tuvo hasta el momento la previsible opinión del diputado Víctor Luna, quien señaló a Oscar Castillo como el hombre que debería ocupar la primera candidatura de la oposición para competir por la senaduría nacional. El interés de Castillo por asegurarse otra reelección es prácticamente la única razón por la cual se lo nombra recurrentemente desde el año pasado, y no hay en el horizonte señales de que vaya a torcerse su voluntad. Sin una labor legislativa relevante, sin logros para exhibir y sin posibilidad de fogonear un “operativo clamor”, Castillo debía poner el tema sobre la mesa a pocas semanas de que se resuelvan las candidaturas, y allí apareció Luna.

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El lapaceño observó que el cargo no es para improvisados, y valoró por ello la “experiencia” de su jefe político, dejando claro que no está en mente promover otra figura, ni del radicalismo ni del arco opositor. El exgobernador se transformó así en el que indirectamente lanza la primera piedra electoral, cuando nadie osa todavía hablar -al menos públicamente- de sus aspiraciones para los comicios que vienen. No obstante, la “precandidatura” de Oscar carece de cualquier sorpresa, y de la misma manera que muchos correligionarios se quejaron por sus manejos partidarios, muy pocos vislumbran algún margen para rebelarse y patalear. Cierto o no, se instaló hace rato la idea de que la continuidad de Oscar es un tema “cocinado”, y que incluso tendría desde hace tiempo avales extrapartidarios, hasta del propio oficialismo.

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Mañana será un día clave para la paulatina reactivación de las actividades comerciales, ya que volverán a trabajar locales gastronómicos como bares y restaurantes, el resto de los comercios podrán abrir de lunes a viernes, para todos se extiende el horario hasta las 19, y hasta se anunció que en una semana más volverán a abrir los gimnasios. Es una buena noticia para muchos empleados y empleadores, que han padecido en las últimas semanas la severidad de las restricciones impuestas. Debe reconocerse también que las medidas comenzaron a dar resultados alentadores. La ministra de Salud, Claudia Palladino, había anticipado que los efectos del aislamiento estricto comenzarían a percibirse a los 14 días, y así fue. Después de varias jornadas con nefastos records, ayer los registros de fallecidos y nuevos infectados con coronavirus cayeron drásticamente.

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Por supuesto que todo este proceso es dinámico, y seguramente habrá nuevas altas y bajas en el futuro cercano, pero un poco de alivio en la difícil etapa que se está atravesando no deja de generar esperanza. Entre otras razones porque también avanza a muy buen ritmo la campaña de vacunación: ya se aplicaron cerca de 150.000 dosis de los antídotos provenientes de diferentes laboratorios, y  116.000 personas son a priori menos vulnerables al peligroso virus. La cifra de personas es menor a la cifra de dosis, porque algunos comprovincianos ya recibieron también la segunda aplicación. Pequeñas y grandes variables de un panorama que tiene en vilo al mundo. Aquí el escenario es complejo pero sigue lejos de los peores: el sistema de Salud nunca colapsó, y todo indica que la situación deberá mejorar.

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Palo tras palo recibió esta última semana el presidente Alberto Fernández, primero por su mal formulada referencia a las fuertes corrientes inmigratorias del país, que fueron tomadas como una agresión hacia otros pueblos, como México y Brasil. Después por un simple error en un discurso, cuando quiso decir “Vayan y vacúnense” y, aunque se corrigió de inmediato, terminó diciendo “Vayan y contagien”. Puede admitirse el primer error -él mismo lo hizo y se disculpó públicamente- y el segundo acto es intrascendente, un furcio como el que tenemos todos a diario. Lo que a esta altura queda claro es que se desató cierto ensañamiento contra el presidente, motorizado mediáticamente y potenciado por esa caja de resonancia anónima e implacable de las redes sociales.

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Quien tampoco tuvo una buena semana, de la vereda de enfrente, fue el ultraconservador y laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa, devenido desde hace tiempo en una suerte de vocero fanático de la derecha universal. El ganador del Nobel de Literatura, que recorre el mundo repitiendo su discurso “antipopulista” y liberal, había hecho una feroz campaña en las elecciones de su país contra el maestro rural Pedro Castillo, quien finalmente -aunque por una ventaja ínfima- ganó las elecciones y se quedó con la presidencia del Perú.

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El que se ocupó de refregarle lo ocurrido en la cara fue el boliviano Evo Morales, quien señaló a Vargas Llosa como “el gran perdedor” de los comicios peruanos. Evo recordó que hace treinta años el autor de “La ciudad y los perros” marchaba triunfalmente hacia la presidencia, cuando en el tramo final de la campaña apareció un candidato nuevo de origen japonés, Alberto Fujimori, y lo derrotó en las urnas. Tres décadas después, Vargas Llosa cruzó el charco y decidió apoyar a la hija de su vencedor, que en este caso fue la derrotada. “Mario Vargas Llosa es el gran perdedor de la elección que definió la presidencia para el hermano Pedro Castillo. Perdió ante Fujimori padre en 1990 y pierde con Fujimori hija en 2021. Escribe mucho a favor del neoliberalismo pero no sabe leer la realidad de nuestros pueblos”, remató Evo; quien además se reservó un consejo para Castillo: que no confíe en la OEA. Lógico si se recuerda el golpe de Estado que virtualmente legitimizó el organismo en Bolivia, precisamente para desplazar a Morales.

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En la Cámara de Diputados  de la nación, se sancionó la ley que promueve la equidad de género en los medios de comunicación, con un debate caliente y en una sesión que estuvo a punto de frustrarse, porque la bancada principal de Juntos por el Cambio se levantó para retirarse. La nueva norma tiene por objetivo “promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada”, y alcanza “a todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, en los términos que establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Los servicios estatales son aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y Télam, y estarán obligados a cumplir con lo que dispone la ley, mientras que los medios de gestión privada deberán cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación, que designará el Poder Ejecutivo. Se considera “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual” a “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.

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Desde la oposición se cuestionaron una serie de artículos, principalmente el 8, al denunciar que se avanza en una regulación de la pauta oficial. El artículo 6 estipula que la autoridad de aplicación deberá crear “un registro de servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada y expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción”. Sobre ese certificado, la macrista Silvia Lospennato advirtió por la discriminación entre los medios grandes y los medios chicos que no puedan cumplir con el cupo. Y luego, el artículo 8, cuestionado en el recinto, bajo el título “preferencia” indica que “los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial”.

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RECUERDOS. Hace 25 años, el país seguía con atención un escándalo hasta hoy irresuelto, conocido como “El caso IBM y Banco Nación”. Se trata de un hecho de corrupción emblemático en la Argentina menemista, en el que la filial local de la empresa estadounidense IBM sobornó a funcionarios del Banco Nación, con el fin de obtener el contrato para informatizar la entidad bancaria por un monto de 250 millones de dólares. La casa matriz de IBM aceptó pagar en Estados Unidos una multa por dichos sobornos. La causa se inició en 1994 pero insólitamente hasta 2016 el juicio no se había iniciado, razón por la cual el tribunal a cargo de la causa, dictó sentencia haciendo lugar a la defensa de prescripción, sobreseyendo a todos los acusados.? En 2017, la Sala IV de la Cámara de Casación (Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos) revocó la sentencia y ordenó iniciar el juicio. En 2018 la Corte Suprema anuló la sentencia de la Cámara de Casación y le ordenó dictar una nueva sentencia.? Después la Cámara de Casación dictó una nueva sentencia, volviendo a revocar la sentencia del Tribunal Oral, esta vez debido a que consideró que la acción no se encontraba prescripta y que por lo tanto debía realizarse el juicio.? Esta última sentencia no está firme y, transcurrido un cuarto de siglo, aún es posible que sea apelada a la Corte Suprema. Carlos Menem siempre dijo que no sabía nada.

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