Era una realidad que después de los gravísimos hechos que sepultaron la carrera política de Enrique Aybar, las denuncias por delitos sexuales iban a incorporarse a la escenografía de las contiendas electorales, y por ende no sorprende que sigan surgiendo casos con reconocidos nombres involucrados. Esta situación es compleja y admite varias observaciones, la primera de ellas, por cierto, positiva. Si se toma -por caso- la última mitad del siglo pasado, resultaba prácticamente imposible vincular una conducta indecorosa con funcionarios de nivel. Y no porque no hubiera acosos o pedidos de favores íntimos a cambio de seguridad laboral, nombramientos o beneficios, sino porque las prácticas de esa clase estaban naturalizadas y silenciadas. Si alguna mujer hubiera osado presentar una denuncia de ese tenor, sin dudas hubiera enfrentado un problema social y legal mucho mayor que el propio denunciado, aun cuando hubiera sufrido  violencia psicológica, verbal o física.

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Los tiempos han cambiado, las miradas evolucionaron, y hoy se impuso felizmente la nula tolerancia ante los atropellos enmarcados en cualquier situación de violencia de género, incluso aquellas que ni se acercan al extremo de una violación. Hasta allí, todo para el aplauso. ¿Cuál es el riesgo? Que la denuncia por delitos sexuales se convierta en una herramienta a manipular por intereses partidarios, a sabiendas del efecto devastador e inmediato que provoca sobre cualquiera que resulte señalado. Excluyendo ya a Enrique Aybar, violador de menores ya condenado y encarcelado, otras figuras políticas locales se vieron envueltas en denuncias delicadas. Roberto Gómez, sobreseído dos años después, pagó los platos rotos en una interna radical. Daniel Zelaya, aun sin decisión judicial sobre el caso, debió abandonar su banca y la presidencia del Concejo Deliberante capitalino, y ahora se sumó -con un par de acusaciones formales y mediáticas- el intendente sanatarroseño Elpidio Guaraz, a quien ya le reclaman que deje su cargo, aunque ni siquiera fue imputado.

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Es posible que surjan en este punto dos conductas igualmente reprobables. La primera es desestimar una denuncia sin investigarla primero, algo que sucede cada vez menos. Pero la segunda es condenar a una persona sin mediar ninguna acción judicial, dando por hecho consumado ipso facto cualquier hecho que se denuncie. La prudencia debe primar siempre, porque se trata de cuestiones muy serias, y actuar de ese modo no significa defender al denunciado, sino defender la calidad de un proceso judicial que no en vano exige el cumplimiento de determinados pasos. Apurar el escarnio público sin fundamentos puede empujar a cometer terribles errores. En Wikipedia, una enciclopedia virtual abierta que cualquier persona puede editar, se tildó de “violador” a Guaraz. Una reacción que, si se analiza, marcha a contramano de la severa investigación que una denuncia requiere.

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Se hace cada día más complejo hallar el equilibrio entre las restricciones que impone la situación epidemiológica para frenar la cadena de contagios, y las urgencias de quienes trabajan con comercios que indefectiblemente necesitan de la asistencia de los clientes para subsistir. Ambas partes defienden posturas comprensibles: liberar todas las actividades es un lujo que las autoridades no se pueden dar ante las cifras diarias de fallecidos e infectados. Y los comerciantes, que vienen remando hace un año y medio por esta crisis, lógicamente reclaman más flexibilidades para desarrollar su labor. Muchos enfrentan el peso de gastos de alquiler, servicios, sueldos de empleados, etc., con ingresos que se ven cercenados hace tiempo. El lunes por la mañana se alcanzó el punto más crítico de los roces, con una manifestación que debió ser frenada por efectivos policiales en la rotonda del CAPE. Un momento crítico que hace impostergable el diálogo para llegar a un entendimiento, porque lo último que necesita Catamarca por estas horas es disputas internas entre funcionarios y ciudadanos.

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Mientras tanto, emergen también noticias positivas que no deben pasar desapercibidas: más de 135.000 catamarqueños ya fueron vacunados con dosis de diferentes laboratorios internacionales (Oxford, Astrazeneca, Sputnik), y estos avances, mucho más silenciosos que el crecimiento de las cifras de contagiados y decesos, abre una gran esperanza a mediano plazo. “El Plan de Vacunación es muy bueno. Argentina adquirió y pudo hacer convenios con diferentes laboratorios, que son de público conocimiento, y esto permite que vayan llegando gran cantidad de dosis de vacunas. Por otro lado, que nuestro país pueda producir vacunas a corto plazo, también es un orgullo”, comentó entrevistada por un medio nacional la ministra de Salud, Claudia Palladino. La médica detalló además el crecimiento de la capacidad de atención, que se inició con 19 camas en el Hospital Malbrán, y hoy incluye 90 camas con oxígeno y agregó sectores de atención en el Hospital San Juan Bautista y en sanatorios privados.

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Párrafo aparte para la tarea que realizan los profesionales afectados al operativo de vacunación, hasta aquí nunca reconocidos en su real dimensión. Tanto en el Predio Ferial como en el Nodo Poli Sur de la Capital, se trabaja con una organización brillante y una calidad humana de atención digna de destacar. Decenas de miles de personas asisten diariamente a vacunarse, cada una con sus inquietudes, problemas y ansiedades. Y los ecos negativos, las quejas y críticas son virtualmente nulas: mucho dice eso sobre el gran trabajo que se está cumpliendo.

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En el Nodo Poli Sur de la Capital, por ejemplo, alrededor de las 7 de la mañana comienzan a llegar vecinos para vacunarse. El Nodo abre sus puertas a las 8, pero incluso antes sale personal de Salud municipal a hablar con la gente. Controlan barbijos, controlan que todos vayan munidos con su DNi, marcan el distanciamiento. Luego van ingresando por pequeños grupos, siempre con controles y precauciones como la aplicación de alcohol. De allí, luego de entregar sus DNI, los vecinos pasan a una salita externa de espera previa, para luego ser llamados al sector de vacunación. Un auxiliar les explica pacientemente qué vacuna recibirán, qué cuidados deben tener, responde preguntas y atiende todas las dudas. Recién entonces se aplica la vacuna, para habilitar finalmente el paso a un último sector, donde se toman datos para el seguimiento de la aplicación de dosis, que consta en una libreta que se entrega gratuitamente. Un circuito perfecto, donde sobresale el trato amable y la cordialidad. Tantas veces se cuestionan fallas, burocracias y falencias del aparato estatal, que cuando todo funciona a la perfección, con respeto y dedicación por cada vecino, hay que subrayarlo también.

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Una mala semana viene hilvanando el diputado Hugo Ávila, ya que a las consecuencias de sus temerarias afirmaciones sobre la supuesta falta de oxígeno en el Hospital Malbrán (le valió una denuncia penal y múltiples repudios), sumó ahora otra denuncia, en este caso del joven intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega. El exfuncionario de ANSES formalizó una presentación judicial por “calumnias e injurias” contra el “Grillo”, basándose en un mensaje que el legislador compartió por la red social Facebook. Allí, Ávila lo había acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de fondos, al asegurar que el Municipio de Tinogasta recibió la suma de $ 46.000.000 en una cuenta para atender la pandemia, y preguntándose por el destino de ese dinero. Nóblega descalificó la acusación al observar que el “Grillo” sugería que “en mi calidad de Intendente no usé de manera oportuna y correcta dichos fondos para poder colaborar a los fines de contrarrestar los efectos de la pandemia que atravesamos”. El jefe comunal tinogasteño replicó que simplemente esa supuesta cuenta especial “no existe”, y los fondos aludidos sólo residen “en la imaginación del actual diputado provincial”. Un capítulo más de un viejo duelo, que tiene su origen en la interna peronista del municipio, donde Nóblega resultó triunfador y marcó el quiebre de la relación de Ávila con el oficialismo.

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RECUERDOS. Hace treinta años, la absurda muerte de un famoso actor conmovía a todo el país. Todo había comenzado el 4 de mayo de 1991, cuando Adrián Ghío terminaba de hacer una función teatral junto a Cecilia Rossetto. Adrián le ofreció llevarla a Rossetto hasta su casa (como lo hacía habitualmente) pero la actriz ya había quedado en ir a cenar con unas amigas. Entonces, Ghío le dijo “no te acuestes tarde que mañana tenemos dos funciones y está todo vendido; yo me voy para casa”. Le dio un beso y se subió al auto. Fue entonces cuando, en pleno centro porteño, un patrullero de la Policía Federal que iba a 85 km por hora, a contramano y sin hacer sonar la sirena, lo chocó. Por la violencia del impacto su auto colisionó contra otro automóvil que estaba estacionado, y a Ghío se le incrustó el volante en el tórax. Internado de emergencia, fue operado varias veces, y falleció después de permanecer 39 días en coma. Tenía 45 años. En el juicio la policía fue condenada a pagarle a la viuda y a sus dos hijas, un monto de dos millones de indemnización, cifra que no fue aceptada por los denunciantes, y sólo el chofer del patrullero fue condenado a dos años de prisión “en suspenso”. La viuda del actor le escribió a Carlos Menem, entonces presidente, para pedirle que interviniera ante semejante injusticia, pero nada sucedió.

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