En cada cierre de listas quedan dirigentes o sectores heridos, porque no alcanzaron la representación deseada, porque no se colmaron sus expectativas o porque se consideraban merecedores de una mayor participación. Es algo natural porque los cargos en juego son limitados, las aspiraciones son infinitas, y es imposible contentar a todos en el reparto. Ocurre desde siempre y seguirá sucediendo en la previa de cada elección, más allá de que algunos se guardan su malestar, otros se reacomodan sin exteriorizar rencores, y están quienes salen a quejarse públicamente. Antes de la existencia de las PASO, había fuerzas políticas que se nutrían precisamente del descontento de las fuerzas mayoritarias, pasando la famosa “ambulancia” para sumar el apoyo de los dirigentes enojados por no haber hallado su espacio protagónico en la fuerza que integraban. Cuando esos desencuentros se visibilizaban prematuramente, hasta se motorizaba la presentación de improvisadas listas, y más de un dirigente de peso tenía formalizado su propio partido para meter presión, y presentarse “por afuera” si no le agradaba lo que le había tocado.

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Con las PASO, esas jugadas encontraron un límite legal: quien participa en las primarias con determinada fuerza, luego ya no puede ir a la general con un sello diferente, y queda oficialmente excluido. Pero atención porque no conviene meter el dedo en la llaga ni echar leña al fuego con los “despechados”, porque aunque ya no puedan presentarse les queda siempre la opción de jugar en contra en la campaña y ayudar a los rivales. El ejemplo más cercano se observó la elección pasada en Valle Viejo, cuando Abeto Barrionuevo perdió la interna con Susana Zenteno, y allí mismo inició una metamorfosis que lo convirtió en abierto opositor a la gestión de su propio partido. Lo mismo ocurrió en varios circuitos de la Capital, donde la premisa justicialista de que “el que gana conduce y el que pierde acompaña” no siempre se cumplió, y más de un precandidato a concejal que quedó en el camino, hizo todo lo posible porque su vencedor en la interna no llegara a su banca. Son mezquindades que suelen aparecer con frecuencia en el mundillo de la política, así como otros dirigentes se comportan con hidalguía y ayudan al partido aunque la suerte les haya sido esquiva en su proyecto personal.

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En el oficialismo, uno de los sectores insatisfechos con las listas de candidatos armadas para las PASO de septiembre es el ala sindical, histórica columna del peronismo, que en Catamarca se siente desplazada. El único legislador de raíz netamente gremialista, el gastronómico Juan Carlos Rojas, concluye su mandato en diciembre y no apareció entre los bendecidos para buscar un nuevo mandato, como Marcelo Murúa, Adriana Díaz, Natalia Soria, Juan Denett o Mónica Zalazar. Claro está que no pueden reelegir todos, porque la idea es renovar el cuerpo y el bloque, pero que salga el único abanderado de los sindicatos y no se incluya a ningún otro entre los nuevos postulantes, no cayó nada bien. Así lo expresó públicamente el cosecretario de la delegación local de la Confederación General del Trabajo y líder de los mercantiles, Roberto González, quien se quejó amargamente por una nómina de candidatos que, según él, “armaron entre tres personas”, sin consultar ni dar lugar a las bases. Es entendible el enojo de González, si se recuerda que junto con otros históricos de la CGT, fue de los primeros en apoyar a Raúl Jalil cuando el entonces intendente capitalino se lanzaba por la Gobernación.

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Casualidad o no, un nuevo actor se mete en la campaña por estos días, y es precisamente la presión gremial. Hecha a un constado la cuestión política, los principales gremios ya comenzaron a exigir una urgente recomposición salarial, discusión siempre incómoda y que puede interferir el humor social a cinco semanas de una elección. Por lo pronto, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, anticipó que la idea es retomar el diálogo con los sindicatos y llegar a un acuerdo que permita fortalecer los salarios sin que pierdan consistencia ante el ritmo inflacionario. En los próximos días seguramente comenzarán las negociaciones, y si el clima se pone más áspero que de costumbre, no faltará quien relacione potenciales conflictos con la marginación que acusan los sindicatos a la hora del reparto de candidaturas.

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Algo similar podría ocurrir en Capital, donde Walter Arévalo, casi en retirada del gremio, se postula para concejal por la fuerza que lidera el tinogasteño Hugo “Grillo” Ávila. Arévalo concluirá en marzo del año que viene su mandato como secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), y como no tiene posibilidad de ser nuevamente reelecto, comenzó a definir su futuro apuntando a nuevos horizontes. Que en este ambiguo tramo surja algún reclamo a la comuna no sería de extrañar.

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Arévalo ya se imagina sesionando en el Concejo Deliberante, en el mismo edificio que intentó ingresar por la fuerza, con destrozos incluidos, en una antigua movilización. Walter hizo un singular anuncio al respecto: dijo que si es electo concejal sesionará con su silla dada vuelta, de espaldas a la Presidencia. Sería un gesto de rechazo y desprecio a quien ostenta el cargo de titular del cuerpo, Daniel Zelaya, a quien Arévalo considera indigno de ese cargo por la denuncia por abuso sexual que se le hizo en Tucumán.

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Alberto Fernández se mantuvo firme en su postura de que no se puede ser candidato y funcionario al mismo tiempo, incompatibilidad que no está expresa en ninguna norma vigente, pero que el mandatario impuso como “regla ética” para su equipo de trabajo. La consecuencia fue inmediata, y ya motivó pedidos de renuncia para numerosos funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Defensa, Agustín Rossi; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Articulación en Transporte, Marcela Passo; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill; el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, y el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

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Aunque pertenece a la misma fuerza política, distinta es la visión de Raúl Jalil, quien descartó cambios en el gabinete a pesar de que tres de sus ministros son candidatos: Gustavo Aguirre de Seguridad; Claudia Palladino de Salud y Guillermo Andrada de Comunicación. El jefe de Estado aclaró que no tiene previstos cambios inmediatos, y que la renovación en su equipo de colaboradores se daría en diciembre. También en la vereda de enfrente surgieron cuestionamientos similares, y la Decana de Humanidades de la UNCA, Patricia Breppe, dijo que este mes tomará licencia para seguir sin conflictos con su campaña proselitista por una diputación nacional.

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Las primeras jornadas del Poncho virtual dejaron como nota sobresaliente el entredicho entre el artista Freddy Romero y agrupaciones feministas. Todo comenzó cuando en plena actuación, Freddy le sugirió a su bombista que le diera al parche con fuerza “como le pega a la vieja en la casa”. A partir de allí, llovieron comunicados, mensajes en las redes sociales y múltiples repudios. Varias organizaciones interpretaron la frase del músico como una alusión inaceptable a la violencia de género, mientras Romero respondió que con el término “la vieja” se refería a una vieja silla que su músico usaba para aprender a tocar el bombo, con lo cual todo habría sido un malentendido. No hay por qué dudar de la sinceridad de Romero, que quizás hizo un comentario inocente, pero al margen del episodio puntual queda claro -en definitiva- que ya no hay tolerancia alguna con cierta clase de humor y referencias que estaban naturalizadas hace algunos años, y hoy no despiertan ninguna simpatía.

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RECUERDOS. Hace una década moría María Florentina Gómez Miranda, una mujer que estaría feliz por ver cuánto se ha avanzado en cuestiones de género. Recibida de abogada en 1945, un año después se afilió a la UCR y en 1983 fue elegida diputada nacional y extendió su mandato hasta 1991. Tuvo destacada labor en la lucha por los derechos de la mujer. Fue legisladora durante la presidencia del Raúl Alfonsín, destacándose su intervención parlamentaria durante la aprobación de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio vincular. Durante el período 1983-1991, presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, donde presentó más de 150 proyectos legislativos. En 1999 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la declaró “ciudadana ilustre”. Militó con fervor y convicción hasta los últimos días de su vida, y falleció a los 99 años. En 1992 visitó la provincia de Catamarca, donde hizo gala de su compromiso y lucidez. Sus restos fueron velados en el Congreso Nacional, e inhumados en el Panteón de los Caídos de la Revolución de 1890, en el Cementerio de la Recoleta, siendo la primera mujer en acceder a ese honor.

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