Mientras dirigentes y referentes políticos como Flavio Fama, Silvina Acevedo, Francisco Monti, Yanel Balmaceda, Juan Pablo Sánchez, Fernando Baigorrí, Roxana Díaz, Bernardo Yazbek, Silvana Pereyra, Daniel Ríos, Claudia Moreno, Patricia Breppe, Orlando Savio, Vilma Chayle, Guillermo Andrada, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Fernanda Ávila, compiten por un lugar en el Congreso de la Nación, hay alguien que sin necesidad de hacer campaña ni reunir votos, ya tiene una banca asegurada para los próximos años. En realidad son dos quienes ya tienen su banca asegurada: una es Lucía Corpacci, que cambiará Diputados por el Senado pero seguirá en el Congreso, aunque de todas formas compite y se pone la campaña al hombro para defender el proyecto provincial. Y la otra es Anahí Costa, quien en diciembre reemplazará a Lucía Corpacci en la Cámara baja.

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Anahí Costa es una persona de bajísimo perfil, que trabajó mucho en la gestión de Lucía con poca repercusión en los medios, pero muchos frutos en su labor. Fue primero subsecretaria de la Unidad Ejecutora de Proyectos Educativos de Infraestructura, y en 2017 asumió como subsecretaria de Infraestructura Pública del Ministerio de Obras Públicas, en una etapa coincidente (en el primer mandato de Corpacci) con hiperactividad del sector, cuando se batieron records de construcción de edificios escolares de todos los niveles en el territorio provincial. Pero no deja de ser una curiosidad que llegue al Congreso sin haber llamado la atención por su tarea política, a diferencia de otros encumbrados dirigentes que nunca alcanzaron ese status. Un acontecimiento más para ratificar que nunca hay que subestimar los espacios menos notables de las listas de candidatos para cargos nacionales, ya que distintas circunstancias hacen que puestos considerados para “completar una formalidad” terminen en una banca. Ha ocurrido mucho en las últimas décadas, ya sea por cuestiones dolorosas como el fallecimiento del titular, o por otros motivos más simples, como el cambio de cargo de quien era titular. Orieta Vera, Dante López Rodríguez o Inés Blas, accedieron de ese modo, totalmente legítimo pero inesperado.

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Otra curiosidad de la representación catamarqueña en el Parlamento nacional es que de los cuatro exintegrantes de fórmulas ejecutivas que están allí, en diciembre sólo quedará uno. Actualmente Catamarca vive una situación inédita, porque tiene en el Congreso tres exgobernadores: Lucía Corpacci (diputada), Eduardo Brizuela del Moral (diputado) y Oscar Castillo (senador), a quienes se agrega un exvicegobernador, Dalmacio Mera (senador). Tres de ellos concluyen su mandato en diciembre próximo y no compiten por la reelección, de manera que se irán Brizuela del Moral, Castillo y Mera. Como exmandataria seguirá sólo Corpacci, seguramente como senadora, quien ya ejerció esa función entre 2009 y 2011. Lo hizo luego de ser Vicegobernadora (2007-2009) y antes de ejercer la gobernación (2011-2019).

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Han pasado más de 30 años, pero hay radicales que siguen intentando meter el Caso Morales a la hora de hacer proselitismo, sin advertir que una gran parte de los electores que participarán de los comicios este año votarán ya por sexta vez, y ninguno había nacido cuando sucedió aquel horrendo crimen. La fórmula, que fue un triste éxito en 1991, se intentó reciclar desde entonces sin suerte, pero algunos insisten. En el Concejo Deliberante de Valle Viejo, el concejal de la Unión Cívica Radical Javier Espinoza presentó un proyecto por el cual propone que la avenida costanera de Valle Viejo lleve el nombre de “María Soledad Morales”. Fundamentó su iniciativa en que luego de tres décadas “no he visto una plaza, una calle, algo con su nombre”, por lo cual se le despertó la idea en esta campaña.  Y no se privó de señalar que busca que “la juventud sepa que uno de los femicidios más grandes de la provincia no fue solo de un hombre o de dos hombres contra una mujer joven de 17 años, sino que todo el Estado y el aparato policial de Catamarca estuvo al servicio del encubrimiento”.

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Al margen de que cualquier femicidio es igualmente espantoso, y desconocemos cómo hace Espinoza para diferenciar entre femicidios grandes y chicos, si la tarea que se propone es señalar encubrimientos, podría incluir también la grosera manipulación judicial que lideró el Frente Cívico y Social para sacar rédito de un hecho tan doloroso. Pero en última instancia, un buen homenaje para María Soledad Morales sería respetar su memoria y dejar de utilizarla para beneficio personal.

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¿La cuarta será la vencida? Por cuarta vez se fijó una fecha para el juicio por el denominado “Megafraude de Desarrollo Social”.  Esta vez, se prevé que el debate se lleve adelante el 14 de septiembre próximo. La tercera y última convocatoria frustrada había sido hace dos años, en agosto de 2019. Si el debate se realiza, exfuncionarios y exempleados del organismo estatal deberán responder por, supuestamente, defraudar económicamente al Estado provincial por una cifra que rondaba los 5 millones de pesos de la época. Los hechos, que consistían en el dictado de capacitaciones que en algunos casos no se habrían realizado, o a las que no concurrieron la cantidad de personas que se asentaron, ocurrieron entre los años 2004 y 2007.

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En 2014, el fiscal Ezequiel Walther concluyó la investigación en la que presuntamente se habría comprobado que el dinero fue cobrado por funcionarios y ONG, a quienes el Tribunal de Cuentas provincial ya ordenó devolver más de 1 millón de pesos, pero pese a que se fueron fijando distintas fechas para la realización del debate, el juicio nunca se hizo, y diez imputados, como el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el exdirector de Políticas Juveniles, Ariel Regina; el excontador de la provincia, Juan Barrios, Hugo Diamante y Carlos Arriazu, siguen sin definir su situación, en una causa que ya acumula 47 cuerpos y más de 7  mil fojas en su expediente. Se esperan 130 testigos en la Cámara Penal Nº1, donde intentarán reconstruir lo que sucedió hace casi tres lustros.

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La foto de una reunión social en la Quinta Presidencial de Olivos se coló en la campaña. Aparentemente se trata de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, y habría sido en julio de 2020, cuando regía la cuarentena estricta. El Gobierno reconoció la foto y admitió el error cometido, ya que -aunque de manera retroactiva- refleja un mal ejemplo de las autoridades en una residencia oficial. Lejos de ser un real problema, anécdotas de este tenor podrían catalogarse como “escandaletes” de tercer orden, similares a las repercusiones de la visita al presidente Alberto Fernández por parte de la actriz Florencia Peña, que después desató una catarata de ataques y repudios; por comentarios desubicados que la denigraban como mujer.

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La conclusión de estos episodios es que el oficialismo nacional bien puede celebrar por los temas que la oposición acerca a los medios. Es lo que en política mediática se llama “puesta en valor de un conflicto”, ocupando primeras planas y segundos televisivos y radiales con cuestiones claramente menores y casi intrascendentes, en lugar de poner el foco en crisis serias y reales. Obviamente se busca atraer la atención del público, pero en Casa Rosada toman mate y disfrutan: mientras las herramientas para “pegar” sean la foto de un brindis y la visita de una actriz, el presidente puede relajarse. Si en tiempos de campaña esas son las grandes revelaciones que van a salir a la luz en su contra, se deduce que no hay nada fuerte para atacar su gestión.

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RECUERDOS. El 15 de agosto de 2004 se realizó un acto sin precedentes a nivel mundial, cuando la población de todo un país fue llamada a votar, pero no para elegir autoridades, sino para decidir si echaban o no a un presidente. Ocurrió en Venezuela, donde la polarización política generó fuertes cuestionamientos a Hugo Chávez, y se resolvió convocar a un referéndum para resolver la situación. Fue llamado por la oposición venezolana “referéndum revocatorio”, mientras que los seguidores del gobierno de Hugo Chávez lo denominaron “referéndum ratificatorio”. El resultado fue no destituir a Chávez con el 59,1 por ciento de los votos. La oposición se quejó por un supuesto fraude, pero los informes de los observadores internacionales y otros análisis, incluyendo al Centro Carter indicaron que la votación fue limpia. Se frustró así la iniciativa de la oposición para intentar destituir democráticamente al presidente Chávez mediante el voto popular, según lo previsto en la propia Constitución bolivariana. Chávez siguió como presidente venezolano hasta completar 14 años como mandatario, hasta que en 2013 enfermó gravemente y murió en ejercicio de la presidencia. En su lugar asumió el vicepresidente Nicolás Maduro, quien sigue en el cargo.

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