La huelga es un derecho constitucionalmente reconocido y, al margen de que se pueda estar de acuerdo o en disidencia con los motivos que llevan a adoptar medidas de fuerza, a todas las entidades sindicales les asiste la legítima facultad de convocar a los trabajadores -dentro de los marcos legales y siguiendo los mecanismos establecidos- a participar de un paro en reclamo de mejoras salariales o la petición que fuere. Ese punto queda fuera de toda discusión, y corresponde a un país donde se vive en plena democracia.
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Sin embargo, para que las normas de convivencia funcionen, debe recordarse que los derechos propios terminan donde comienzan los derechos ajenos y toda la rueda se desvirtúa si no se respeta este principio básico. El paro que inició ayer el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, tras la ronda de negociaciones en la etapa de conciliación obligatoria, fue cuestionado en su esencia por las autoridades, que lo atribuyen a un “capricho” del dirigente Walter Arévalo y lo vinculan directamente con su campaña para acceder a una concejalía. Observan por ejemplo que se ofreció un aumento del 14 por ciento, que sumado al 35 ya otorgado elevaría los salarios un 49 por ciento, cuando la inflación anual proyectada rondaría el 46 por ciento. Opiniones al margen, el paro se lleva adelante y es derecho del gremio hacerlo.
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Lo que no puede admitirse es que, en el marco de la protesta, un grupo identificado con el SOEM haya impedido -amenazas mediante- que otros trabajadores continuaran con su labor en la Plaza 25 de Agosto, incluyendo entre los obreros intimidados a los de una empresa privada y a otros del propio municipio. Esa clase de comportamientos no pueden aceptarse, porque si todo trabajador tiene derecho a hacer paro, también el que quiere y necesita trabajar tiene derecho a no adherirse: no puede haber libertad para unos e imposición para otros, como no se pueden invocar derechos constitucionales según la propia conveniencia, y a la vez avasallar a otros colegas.
El Esquiú.com