El Gobierno nacional anunció formalmente la implementación de un sistema de jubilaciones anticipadas en el marco de los anuncios económicos que realiza la administración del presidente Alberto Fernández de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo; un plan pensado para las personas desocupadas que cuentan con los años de aportes necesarios pero que aún les falta cinco años para alcanzar la edad legal para obtener la prestación previsional. La jubilación anticipada está destinada a los hombres entre 60 y 64 años y a las mujeres entre 55 y 59 años de edad, que cuentan con los 30 años de aportes registrados y se encontraban desocupados al 30 de junio pasado.
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Quienes se sumen cobrarán una prestación mensual equivalente al 80 % del haber que les correspondería al momento de cumplir con la edad jubilatoria, que se prevé que pase automáticamente al 100 % cuando una vez alcanzada la edad legal requerida (65 años los hombres, 60 años las mujeres). El Gobierno estima que entre 20.000 y 30.000 personas podrán jubilarse de forma anticipada este año, de las cuales casi todos (un 85 por ciento) son varones. También se contempla mujeres con 60 años o más, que sean madres y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. Ese programa reconoce un año de aportes por cada hijo, dos años por hijo adoptado siendo menor de edad, un año adicional por hijo con discapacidad y dos años adicionales en caso de que haya accedido al beneficio social Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses. Esa cobertura alcanzará, de manera inmediata, a cerca de 155 mil mujeres que no cuentan con ingresos previsionales.
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Detrás de estas decisiones hay indudablemente un acto de reivindicación y contención social, pero a la vez es una señal de alarma que desde hace décadas el Estado busque y necesite ofrecer más y más aportes sociales, sin que la producción genuina y el empleo se conviertan en verdaderos pilares de la economía nacional.
El Esquiú.com