Los pedidos de licencia de los diputados para ejercer cargos de ministro –Gustavo Aguirre en Seguridad y Marcelo Murúa en Minería-, tarde o temprano, van a terminar dando que hablar. Posiblemente hasta mayo, cuando se inicien las ordinarias, no haya bullas ni controversias, pero a partir de ese momento pueden suscitarse peleas en la cámara de las discordias, a no ser que Aguirre y Murúa vuelvan a ocupar sus bancas, para las que fueron elegidos por el pueblo. Conforme pudo saber este secretario, tal cosa no ocurriría  y allí surgiría la primera voz opositora fuerte, acusando al oficialismo de utilizar candidaturas testimoniales (Aguirre encabezó la lista  y Murúa ocupó el tercer escalón), lo cual cuestionan la mayoría de los analistas, aunque no hay ningún impedimento legal para la práctica.

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De concretarse la permanencia de los electos en sus puestos de ministros después del 1-5-22, se produciría un hecho inédito en la historia de la Cámara de Diputados. En lugar de contar con 41 miembros, que es lo que corresponde, funcionaría con 39. Puede hacerlo y el oficialismo, en tal caso, podría tener problemas en alguna votación al resignar dos escaños, aunque cuenta con una amplia mayoría: tiene 24 miembros y el apoyo de Marina Andrada (Consenso Federal), lo cual lleva la cuenta a 25. Con dos menos contaría con quórum propio y podría imponerse en todas las disputas que se definen por mayoría simple. En las votaciones por dos tercios de los miembros presentes la victoria la alcanzaría si se produce alguna ausencia en la oposición, donde se alinean 16 miembros (15 radicales y Hugo Avila). Y hay dos casos en que, si o si, aunque la cámara esté diezmada, se necesitan 27 votos. Se trata de un juicio político o declarar la necesidad de la reforma constitucional. También podría haber devolución de gentilezas. En 2015, el oficialismo le negó una licencia en el ENRE a Lobo Vergara para que pudiera conservar su puesto de vocal mientras ejercía como diputado. Era una barbaridad. Esto no está lejos.

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