Pueblo de mierda

El cordobés Luis Juez parece superar día tras día sus propias marcas de exhabruptos, algo que no puede pasar desapercibido tratándose de un legislador nacional. Días después de asegurar que la democracia no le mejoró la vida a nadie y amenzar a una mujer con “romperle la cara”, Juez saltó a los titulares una vez más por declarar que Argentina tiene “un pueblo de mierda”, conclusión a la que arribó al considerar que se les exige más a los futbolistas que a los dirigentes políticos. Naturalmente, sus pares del Senado de la Nación salieron en masa a responderle, entre ellos la exgobernadora Lucía Corpacci, quien se preguntó con irrefutable lógica: “¿Alguien que cree que somos un pueblo de mierda puede representar a su pueblo en el Senado?”. Pero no fue la única en reaccionar. “Que el mismo senador, Luis Juez, que el otro día planteó que la Democracia no le había hecho bien a ningún argentino ahora diga que somos un ‘pueblo de mierda’ suena demasiado”, lanzó el tucumano Pablo Yedlin y remarcó: “No lo fuimos y no lo somos, tenemos un pasado de grandeza y un futuro lleno de esperanza”. La puntana Eugenia Catalfamo señaló que: “Juez lo hizo de nuevo. Se olvida que ese pueblo al que se refiere con tanto odio y violencia es el mismo que lo eligió y por eso hoy ocupa una banca desde donde pretende, también, integrar el Consejo de la Magistratura”. En tanto el riojano Ricardo Guerra escribió: “Repudio por las expresiones del senador Luis Juez, que agrede al pueblo argentino y ofende desde su investidura de Senador de la Nación”, y sostuvo: “No podemos permitirlo, llamó a los argentinos y a las argentinas ‘pueblo de mierda’, el mismo pueblo que lo votó y le paga el sueldo”. En fin, la dejó servida en bandeja y todos se sirvieron.

Mirando al exterior

Resultó fructífera la visita a Catamarca del canciller Santiago Cafiero, nieto del histórico dirigente Antonio Cafiero, quien llegó a la provincia para implementar el Programa Federal Desafío Exportador. Lo interesante de este plan es que no alude a las grandes exportadoras (por ejemplo las empresas mineras), sino que está dirigido a PyMEs con potencial exportador o que exporten de manera eventual, para desarrollar o potenciar su oferta exportable. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional pone a disposición de cada PyME un profesional calificado para formular e implementar un plan de negocios internacional a su medida, y son las provincias las que, a través de sus Agencias Provinciales, aportan la selección de profesionales que se formarán como asesores técnicos del programa Desafío Exportador, e identifican a las empresas que posean las condiciones necesarias para iniciar o desarrollar su perfil exportador. Los asesores técnicos son formados a través del “Curso Superior de Negocios Internacionales”: una diplomatura diseñada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con docentes de todo el país, y desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Luego de un diagnóstico exportador, los profesionales desarrollan un plan de negocios internacional de acuerdo con el potencial y la necesidad de cada empresa. El programa cuenta con distintas líneas de asistencia técnica: La inicial, para quienes comienzan sus primeros pasos en el desafío exportador; el desarrollo de un plan de negocios, para quienes buscan fortalecer sus exportaciones y la línea de asistencia técnica de promoción internacional, para las empresas que ya tienen definida su oferta exportable. Más de 350 asesores técnicos en todo el país ya se formaron en el “Curso Superior de Negocios internacionales”, y más de 1.100 PyMEs argentinas ya se inscribieron en el programa “Desafío Exportador”. Por allí marchan los acuerdos firmados con Raúl Jalil, cuya naturaleza es importante describir, porque abre buenas posibilidades para pequeños productores locales y, en consecuencia, para Catamarca.

Cargnello bajo la lupa

El catamarqueño Mario Cargnello, arzobispo de Salta, sigue abonado a la prensa nacional. Primero fue por una denuncia en su contra por violencia de género, que presentaron dos monjas, y ahora porque anunció la creación de un “Ministerio del Exorcista” cuyo objetivo radicará en “expulsar los demonios” de las personas. “El demonio sigue empeñado en alejar a las almas de Dios invitándolas, a través de la tentación, a pecar. Por eso podemos afirmar que ese es el peor de los males, y causa de tantos otros”, se explicó para justificar la creación del ministerio que “tiene el poder de expulsar los demonios que una persona posea, realizando el rito de exorcismo”.

Decreto Ley 4161

RECUERDOS. En 1955 hubo elecciones en la Argentina, y Juan Domingo Perón ganó con más del 60 por ciento de los votos. Poco después llegaría el bombardeo a Plaza de Mayo, el golpe de Estado, y más tarde lo insólito: el Decreto Ley 4161 de 1956. Fue un decreto ley sancionado por el general Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto, junto al vicepresidente y todos los ministros de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que gobernaba la República Argentina el 5 de marzo de 1956, mediante el cual se prohibía pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista. Formó parte de la política llamada de “desperonización” de la población argentina. El decreto en cuestión estuvo vigente desde marzo de 1956 hasta el 18 de noviembre de 1964 (con excepción del período de la presidencia de Arturo Frondizi). El decreto constaba de cinco artículos, en donde establecía las restricciones vigentes, su ámbito de aplicación, las sanciones que correspondieran a sus infractores y finalmente, los suscriptores.

El Artículo 1º prohibía expresamente “La utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, (...) que sean (...)representativas del peronismo”, e incluía una lista de vocablos proscritos, tales como “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la Marcha peronista y los discursos del presidente Juan Domingo Perón y de Eva Perón, así como “el nombre propio del presidente depuesto”, “o el de sus parientes”.

El Artículo 2º declaraba que estas disposiciones eran de orden público, impidiendo la alegación de derechos adquiridos para resistirla.

El Artículo 3º establecía una pena de prisión de treinta días a seis años de cárcel para los infractores. Adicionalmente las personas culpables debían pagar una multa y quedaban inhabilitadas para desempeñar cargos públicos, sindicales o en partidos políticos. Si se trataba de una empresa comercial, en la primera ocasión era clausurada quince días y si infringía el decreto por segunda vez era clausurada permanentemente. Si se trataba de personas jurídicas (partidos políticos, sindicatos, sociedades comerciales, etc.) se podía imponer también la pena de disolución de la misma. Las penas no eran excarcelables. El Artículo 4º indicaba que el vicepresidente de facto y los Ministros de Estado refrendarían el decreto y el último artículo exhibía las firmas de Pedro Aramburu, Isaac Rojas, y Álvaro Alsogaray, conservador-liberal, semilla de los “libertarios” de hoy.

El Decreto/Ley fue derogado por el Congreso Nacional con otra ley promulgada por el presidente Arturo Illia en noviembre de 1964.

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