Efectos colaterales

La batalla judicial entre Nación y CABA por la coparticipación sigue dejando mucha tela para cortar. Casa Rosada, con el aval de una multitud de gobernadores, señaló primero que no acataría el fallo de la Corte Suprema, que ordenaba restituir parte del dinero extra que le había otorgado Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. Presidencia consideró el dictamen “imposible de cumplir”, recordando entre otras cosas que el movimiento de fondos que implicaba la medida no estaba contemplado presupuestariamente. Poco después Alberto Fernández cambió de postura y, aunque marcando su disidencia, dijo que obedecería el fallo. Claro que en lugar de girar dinero fresco, adelantó que haría frente a los compromisos con bonos a 90 días. Cada paso del litigio abre un nuevo abanico de declaraciones y reacciones políticas, incluyendo anuncios de juicios, acusaciones de traición a la Patria, denuncias de intromisiones de la Corte y hasta interpretaciones de que el fallo es un espaldarazo –recursos mediante- a la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta. Pero eso es sólo el comienzo, porque detrás de la enésima pelea entre el puerto y las provincias, renació una idea que periódicamente se reedita: la de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires su condición de Capital Federal.

Nada nuevo

Novedad cero. Mudar la Capital de la Nación es un proyecto que siempre está flotando en el aire, con pequeñas diferencias: en algún momento se pensó en el sur y ahora en el norte del país. De la mano de algunos legisladores –y con el visto bueno de Raúl Jalil, entre otros- Alberto Fernández reflotó la iniciativa que alguna vez intentó llevar adelante el ex presidente fallecido, Raúl Alfonsín, a través del proyecto Patagonia creado en 1986 con el fin de trasladar la Capital a Viedma-Carmen de Patagones, en Río Negro. Ya en el comienzo de su gestión, Fernández dijo que “todos los días piensa” que “la capital debería estar en algún lugar distinto a Buenos Aires” y apostó al Norte “para generar todo el potencial que genera una ciudad en cualquier país”. En el medio Julián Domínguez propuso un cambio de Capital al norte del país en 2014, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. También el kirchnerismo había impulsado en varias ocasiones esta propuesta de descentralizar el poder político y económico. El 16 de abril de 1986, el presidente Raúl Alfonsín anunció un proyecto que incluía el traslado de la capital federal a Viedma, Río Negro, con el objeto de descentralizar el poder político y económico del país, y fomentar el poblamiento de la Patagonia. En un acto celebrado en La Plata, el dirigente radical dijo: “Ha habido una macrocefalia en el país, se ha conspirado contra el desarrollo del interior, y el traslado de la Capital Federal aparece así como una medida de carácter fundamental (…), también el traslado de la Capital tiene que estar orientado hacia lo que llamamos la integración de la República”.

Todo quedó trunco

Luego, el Congreso de la Nación sancionó el 27 de mayo de 1987 la Ley N° 23.5122, en la que se declaraba al Distrito Federal de Guardia Mitre-Viedma-Carmen de Patagones como “la nueva Capital Federal de Argentina”. Se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital-Empresa del Estado (Entecap) para concretar el traspaso, pero el proyecto fue congelado en la gestión de Carlos Menem, y luego quedó enterrada la mudanza mediante el decreto 1256/89. Desde esa fecha se han impulsado varios proyectos de ley para concretar la iniciativa de trasladar la capital. En 2003, el ex gobernador de San Luis y en ese entonces senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, también propuso en plena campaña electoral el traslado de la capital, pero sin mencionar hacia qué destino, si bien muchos pensaron que nominaba a la provincia puntana. Más cerca en el tiempo, en 2009, dos diputados peronistas –Fabiola Bianco y Miguel Ángel Iturrieta– presentaron un proyecto de resolución para que se instrumente el traslado. Ese mismo año, Rodríguez Saá insistió con la presentación de otro proyecto de ley. El macrismo también intentó reflotarlo en 2016. El entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó el deseo de desempolvar la iniciativa de Alfonsín. El mismo año, la ex senadora del Frente Progresista por Córdoba y actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, había intentado activar nuevamente el proyecto.

 Los argumentos

Uno de los argumentos para el traslado de la capital apuntaba a la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que estableció en el Artículo 129 la posibilidad de mover la Capital Federal fuera de la Ciudad de Buenos Aires, dado que este distrito recibió el status de territorio autónomo. En el oficialismo vinculan la idea de Fernández con el proyecto que había anunciado en la campaña de descentralizar el poder y potenciar la mirada federal de la gestión. Como parte de la propuesta, el Gobierno puso en marcha la creación del proyecto de las Capitales Alternas, una iniciativa del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Esa iniciativa planteó 24 capitales donde se realizarán reuniones de gabinete federal y la promoción de la relocalización de los organismos de la Administración Pública Nacional. En 2006, Alfonsín dijo en una entrevista que lamentó “no haberme ido ni siquiera en carpa a Viedma...”.  Lo cierto es que pasan las décadas –y los siglos- y los argentinos seguimos discutiendo las mismas cosas, ya planteadas en la guerra entre unitarios y federales. Pero hay razones para hacerlo porque, mientras CABA reclama dinero –¡con apoyo de legisladores del interior!-, como dijo el presidente: “en el Norte el debate es quién tiene agua, no cómo ampliar las líneas de subte”.

Números para el asombro

La justicia federal sigue investigando la operatoria de las financieras que se derrumbaron a principios de año, y los detalles del negocio no dejan de sorprender. específicamente en relación con Adhemar Capital, la firma que lideraba Edgar Adhemar Bacchiani, se reveló que el empresario que permanece encarcelado desde fines de abril tiene una deuda que rondaría los 400 millones de dólares sólo por compromisos asumidos con la moneda extranjera, además de los acreedores que invirtieron en pesos, que acumularían otros 73.000 millones de la moneda nacional. Todo ello sumado a los valores millonarios de las criptomonedas, cuya tasación real es sumamente dificultosa porque la cotización varía casi minuto a minuto. Toda Catamarca sabía que la magnitud del negocio era gigantesca, pero esos números, revelados por Gustavo Chazarreta, llevan el caso a niveles impensados. Chazarreta era un técnico que tenía acceso al sistema de la empresa, y habría sacado estas cuentas por pedido del propio Bacchiani, quien quiso saber cómo andaban las cuentas de la financiera y cuál era el caudal de dinero que se adeudaba. Queda claro que fueron operaciones por cantidades monstruosas, las más grandes que se hayan manejado masivamente en Catamarca, y por ende se ratifica que se trata del mayor fraude del que se tenga memoria. Cómo puede resolverse este tema, al margen de la determinación de responsabilidades penales que puedan caber, es un dilema sin solución. Parece completamente imposible que se llegue a satisfacer la demanda de los acreedores, y a cambio de ello se multiplican los interrogantes acerca del origen y el destino de tamañas cantidades de dinero. Un caso en pleno desarrollo pero que, sin duda, será motivo de estudio y análisis por varias generaciones, cualquiera sea el final de la historia.

El Esquiú.com