“Reloj, no marques las horas”

Si algún integrante del Tribunal no se enferma o tiene algún contratiempo; si al fiscal no le surgen problemas de último momento; si a los secretarios no les sucede algo anormal o, por ejemplo, si no se produce un corte de luz o cualquier eventualidad, es probable que mañana se reanude el juicio de las “compras directas” -algunos morbosos las llaman “compras inexistentes”, aunque fueran bien pagadas- que tiene sentados en el banquillo de los acusados a dos prominentes figuras del exFrente Cívico y Social. Nos referimos al doctor Pablo Doro, caudillo radical de La Paz, que cuando sucedieron los hechos supuestamente ilícitos oficiaba de ministro de Bienestar Social, y al gremialista de la UOCRA y exsecretario de Acción Social, Víctor Brandán. Ambos deben dar cuenta ante el tribunal -lo integran los doctores Marcelo Soria, Carlos Moreno y Mauricio Navarro Foressi- sobre un negociado que se produjo hace 19 años cuando, con el objetivo de ayudar a los pobres, el Estado “gastó” cerca de 27 millones de la época en la adquisición de bolsones de comida. El tema es que los bolsones nunca aparecieron y la “platita” voló del erario y fue justificada con facturas apócrifas. Un grupo de aproximadamente 8 empresas, que se habían creado meses antes, quedaron involucradas en la maniobra y sus dueños se hicieron millonarios con un nuevo amanecer.

Los “patos de la boda”

Por cierto, como lo contamos en numerosas oportunidades, se trata de un caso evidente de corrupción con claras implicancias políticas. Doro y Brandán tratarán de defenderse cómo puedan, pero son conscientes que se convirtieron en “los patos de la boda” y que las órdenes de “utilizar a los pobres” venían de las más altas autoridades de comienzos del siglo. Tanto es así que algún medio periodístico llegó a calificar al hecho como el “negocio del hambre”. El tema medular es que, como se trata de una cuestión de neto corte político, nuestra Justicia tiene terror de mover las piezas como las movería en una partida de ajedrez entre desconocidos. Recordemos desde el vamos que la ciudadanía espera respuesta desde hace 19 años y por lo menos 10 veces la apertura del juicio fue postergada. La más recordada fue la de junio de 2019 por una presentación de Pablo Doro, a quien defiende Carlos Rosales Vera, cuya actividad como abogado parece reducirse a toda causa que tenga que ver con el castillismo. Más adelante hubo más suspensiones, una de ellas porque el fiscal Miguel Mauvecín estaba afectado a un juicio por jurado. En los últimos meses, por “h” o por “b”, cualquier pretexto valía para ir corriendo la fecha en forma semanal. Por fin, el pasado jueves se abrió la audiencia, pero inmediatamente una de las partes acusadas pidió un cuarto intermedio hasta el lunes. No sabemos qué podrá pasar mañana, pero con los antecedentes de este juicio, que a nadie sorprenda que aparezca “otro palo en la rueda”.

Las deudas de la Justicia

Si los jueces van para adelante, sin dudas, producirán alguna reparación a favor de una Justicia totalmente devaluada que, sin embargo, reclama cada vez mayores presupuestos para utilizar en gastos corrientes, pero guarda herméticamente las causas que implican a los poderosos. Ojo que no hablamos solamente de las “compras directas”. Todavía se deben respuestas añosas sobre cursos que se cobraron y no se dictaron, acciones fraudulentas en los organismos que administran la construcción de viviendas, quiebras fraudulentas que duermen el sueño de los justos, pedidos de desafuero nunca resueltos, jueces de la Corte que incumplen con requisitos básicos de la Constitución provincial, irregularidades flagrantes en los municipios, etc, etc. Lo último sobre las “compras directas”. Si el juicio se cumple íntegramente, resulta imposible que no haya condenas. Las pruebas, no los indicios, sobran. Pero por allí a alguien se le ocurre pedir la prescripción de la causa. Será el final de otro robo no resuelto.

El “vale todo” del interior

Las irregularidades políticas, cabe reiterarlo, se prolongan en el interior de la provincia. Así como comentamos que en Los Altos se hizo jurar a un concejal suplente “en forma transitoria” -algo inédito en la historia democrática- en reemplazo de una titular que no dio quórum; que en Santa Rosa otro concejal reculó antes de refrendar la suspensión de Elpidio Guaraz o que un intendente quiere quebrantar la letra la de la carta orgánica para intentar un tercer mandato cuando le corresponden solo dos, todas las semanas se suman nuevos casos y nadie le pone “el cascabel al gato” al desorden institucional. Los casos más frescos se registraron en Icaño y Andalgalá.

“Cerrado por desinfección”

Ivana Ferreyra integró la lista de candidatos a concejal del Frente de Todos (FdT) en la elección del 14 de noviembre de 2021 que se llevó a cabo en Icaño (La Paz). Resultó electa y, cuando se aprestaba a jurar, un señor Mayorga adujo que Ivana se encontraba incompatible por ejercer en una escuela de la zona. El cuerpo, apoyado por el poder político de Icaño, le encontró la razón y en marzo de 2022 convirtió en concejal al denunciante. Es cierto que la electa ejercía como docente, pero para renunciar como tal primero debía jurar como concejal. Nadie le dio bolilla por lares lapaceños, por lo que la damnificada planteó el caso ante la Corte de Justicia que, con acertado y unánime criterio, terminó dándole la razón. El jueves, en la última sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante de Icaño, finalmente se iban a normalizar las cosas. Ferreyra, con el conocimiento del presidente del cuerpo -Ariel Alderete-, iba a presentarse a ocupar la banca por la que fue elegida por el pueblo. Se llevó la peor de las sorpresas al llegar al recinto y darse de bruces con un cartel que decía “Cerrado por desinfección”. Increíble, pero cierto. Según Ivana Ferreyra se trató de una maniobra orquestada por el “Clan Carletta”, que ya domina la zona conforme al gusto de su paladar. ¡Un claro caso de violencia política y, por si fuera poco, contra una mujer!

Las “debilidades” del peronismo

Los peronistas cuando están en el llano, ya se sabe, son “blanditos” y no se destacan por sus convicciones ideológicas. Ocurrió durante los 20 años de gobierno radical (1991-2011), durante los cuales no hizo falta ningún diálogo o acuerdo para aprobar todas las leyes, entre ellas las que reducían el porcentaje de ganancias de la minería para la provincia y los municipios. Un “carguito” para algún familiar, una “ayudita” para no caer en las garras de la Justicia, una beca, unos bolsones de comida o algunos “vales de combustible” bastaban para “convencer”. Tan es así que prácticamente no había discusiones, sino repudios contra el gobierno convenidos de antemano cuando los hechos estaban consumados. Algo de esto se repite desde 2011 en adelante en la ciudad de Andalgalá, donde gobiernan los radicales y los peronistas se prestan a toda maniobra que redunde un beneficio, por pequeño que sea. Ocurrió en 2016 cuando tres peronistas votaron con el radicalismo una Ordenanza trucha que prohibía la minería en la cuenca del río Andalgalá y que no era otra cosa que un disparo directo al corazón del proyecto Agua Rica. Aunque menos grave, la semana pasada ocurrió una cosa parecida y un peronista dejó en banda a sus compañeros de bancada y se unió a los radicales. Fue durante la polémica elección de autoridades del Concejo Deliberante.

“Tienes razón, pero marcha preso”

A los peronistas, como primera minoría, les correspondía por Carta Orgánica la vicepresidencia del cuerpo. Fue así que lo reclamaron dos de sus concejalas, Laura Atencio y Analía Zamorano. El oficialismo procedió a nominar presidente al correligionario Alejandro Castro y cuando fue a designar al vicepresidente votó por Angel Santillán, un disidente del Frente de Todos. Obviamente, la hegemonía oficialista, con quórum propio, se refuerza con Santillán y el peronismo queda en franca minoría, sin poder frenar los dos tercios que requieren algunas Ordenanzas para aprobarse. Un caso similar al que ocurriera hace años con el peronista chacarero “Abeto” Barrionuevo, quien se olvidó de su bancada y prefirió rifar sus intereses políticos con Gustavo “El Gallo” Jalile.

Energía: el dinero devaluado

Que la empresa de Energía Catamarca tiene problemas para financiarse no es noticia. Lo que si es noticia es que tenga que sufrir las consecuencias de la burocracia que impide que el cobro del VAD (Valor Agregado de Distribución) sea más expeditivo y no sea devorado por la inflación que azota al país. Si bien es cierto que la audiencia pública, por orden de la Corte, debe hacerse cada 6 meses, no es menos cierto que se trata de algo formal, porque lo único que debe autorizarse son los índices oficiales -promedio de precios y salarios-, un trámite que dura algo así como 5 meses. Por ello, en octubre la empresa le pidió al ENRE la actualización de los costos desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2023. Pero como la audiencia se realizó recién el 29 de noviembre y el Ente Regulador se expedirá en diciembre, los nuevos montos regirán desde enero y los usuarios comenzarán a pagar con las facturas de marzo. Se trata de millones y millones de pesos que bien servirían para la compra de cables, transformadores, vehículos, camiones y grúas para mejorar el servicio. Aparte de fortalecer los salarios de los servidores públicos. Un planteo que, por lo menos, merecería un replanteo del ENRE.

El Esquiú.com