Si hay coincidencia, que no se note…
Oficialistas y opositores coinciden en la necesidad de eliminar la vigente Ley de Alquileres, que se aprobó en 2020 para establecer nuevas reglas en este tipo de contratos, con cambios considerados históricos cuando se implementaron las novedosas normas después de casi 40 años. La Ley 27.551 modificó el Código Civil y Comercial de la Nación y estableció, por ejemplo, el aumento a 3 años del plazo de duración de los contratos, una indexación anual sobre la base de un coeficiente entre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que debe publicar periódicamente el Banco Central, y la posibilidad de proponer dos garantías a elegir por el propietario. Asimismo, establece que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan a la propiedad correrán por cuenta del propietario. Otra condición es la obligación por parte de los propietarios de registrar los contratos en la AFIP.
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No transcurrió mucho tiempo, pero lo cierto es que propietarios, inquilinos e inmobiliarias expresaron reiteradamente su descontento, con lo cual la ley fracasó al mismo tiempo con todos los actores involucrados en la transacción observada, que son millones en todo el país. La situación está a la vista y tomaron nota de ello tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Legisladores de una y otra alianza saben que el único camino es avanzar para cambiar la ley, lo que representa una oportunidad para trabajar sin discordias, pero no será así.
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La oposición se apura a convocar a una sesión para derogar la ley, mientras el oficialismo intenta llamar a una sesión para suspender la ley por tres meses y allí tener tiempo para cambiarla. Mismo objetivo, distintos caminos, porque prevalece la búsqueda de un rédito sectorial por encima del hallazgo de la solución. Como el corazón, la política tiene razones que la razón no entiende.
El Esquiú.com