Sin apoyo popular en el tema minero (100 ambientalistas conforman una minoría absoluta en una población que se acerca a las 25.000 almas) y sin un proyecto serio para Andalgalá, el intendente Eduardo Córdoba se ha convertido en un personaje curioso, digno de estudios. Acaba de enviar una carta a Agua Rica - Alumbrera (MARA) intimándola al cese de trabajos que lleva adelante en Campo Grande y en la cuenca del río Choya. Lo hizo en paralelo a que el Gobierno enviara los informes sobre la calidad del agua a los concejales del departamento que, gracias a la minería y solo a la minería, es el que más ha crecido en captación de empleo privado. Su posición es extrema y respondería a cuestiones de interés personal, como poseer acciones en la zona de la mina o vínculos íntimos con algún integrante de la Asamblea El Algarrobo.

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Seguir hablando de “licencia social”, cuestión que se alienta desde algún recodo mediático que tiene sus propios objetivos, es tema desgastado y extemporáneo. Los problemas que hubo en el pasado fueron excentricidades de políticos como José Perea, Alejandro Páez y hasta el mismo Brizuela del Moral, que despilfarraron el dinero que surgía de las entrañas de la Alumbrera. Eso no ocurrirá más porque se ha reglamentado al milímetro el uso de las ganancias, las cuales tendrán la correspondiente difusión pública y enterrarán para siempre a “cometas” y “cometeros”.

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La posición de Eduardo Córdoba y legisladores enrolados en la UCR no se comprende. Es que fue ese partido el que cedió la explotación del Bajo La Alumbrera por 20 años y, hay que reconocerlo, por gestión de Castillo y Brizuela, se hicieron los estudios necesarios para garantizar la preservación del ambiente. De hecho, no hubo un solo caso que revelara problemas de contaminación. ¿Se olvidaron de aquello, del apoyo del expresidente Macri o el diablo de la política ha metido la cola para cambiar de opinión? Lo último: si Córdoba puede solucionar la desocupación sin minería, ¡qué viva su posición!

El Esquiú.com