Apuntes del Secretario

miércoles, 20 de abril de 2022 01:16
miércoles, 20 de abril de 2022 01:16

Elecciones 2023: serán cuando convenga al gobierno
La posibilidad que las elecciones provinciales se realicen en marzo y las nacionales se resuelvan en octubre está latente. Y lo más importante, ambas posturas cuentan con el aval de la Constitución Provincial vigente desde 1988 que señala que “pueden hacerse en coincidencia con las convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional o en un domingo de marzo”. Esta ridiculez que fue escrita por los constituyentes de 1988 la aplicaron a rajatabla los radicales. Con ella mantuvieron de rodillas a los peronistas por casi 20 años, desde 1997 a 2011. La alternativa de marzo, que siempre se daba a conocer entre la Navidad y el primero de enero de cada año, privaba a los perucas de hacer elecciones internas para nombrar candidatos y de esa manera se le multiplicaban las peleas por los cargos. El resultado inevitable era que el desaparecido y exitoso Frente Cívico, con este panorama, tomando a la oposición con la guardia baja, ganaba “sin traspirar la camiseta”. La atomización del peronismo, con la pelea entre saadistas y antisaadistas jugaba a favor de sus intereses. Por eso llama la atención que algún ocurrente de la oposición, tomando por eunucos a los pares oficialistas, salga con el disparate de cambiar certeza electoral por reforma constitucional. Si quiere esa certera no tiene qué exigir. Por el contrario. Para lograr ese anhelo debe ir primero por la reforma de la constitución y no al revés.
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Todos usaron la especulación electoral
A propósito de la incertidumbre electoral. La usaron Arnoldo Castillo, Oscar Castillo y Brizuela del Moral. Siempre emplearon el mismo método. Esperaron hasta el vencimiento de los plazos para convocar, mientras tenían aceitado su propio andamiaje electoral.  Paradójicamente el único que nunca pudo emplear su propia creación fue el exgobernador  Ramón Saadi. Fue el presidente de la Convención Constituyente que refrendó la norma y, al poco tiempo, intervinieron la provincia. En pocas palabras “le sirvió el plato” a los Castillo que, por horrible y desactualizada que fuera la Carta Magna, nunca quisieron reformar lo que los aseguraba por muchos años en el poder. Resulta que ahora, después de más de 30 años, sale un diputado pretendiendo un negocio político de vuelo demasiado corto. Hasta Lucía Corpacci, quizá la más respetuosa de las normas democráticas, de alguna forma, especuló dando las fechas de elecciones para octubre sobre el filo de los plazos para desechar marzo.
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Encuestas y la venia de la Rosada
Más allá del pedido de la Coalición Cívica, que jamás se cumplirá, a nadie escapa que la las elecciones provinciales puedan llevarse a cabo en marzo de 2023, pero si ello ocurre el anuncio surgirá en medio de los brindis de fin de año y dependerá de al menos dos cosas: de las encuestas, esas que no se muestran al público pero tienen escaso margen de error, y del entendimiento que pueda existir con la Casa Rosada.
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Vándalos piden sobreseimiento
En fechas recientes se ha pedido a la Justicia –mejor dicho se ha exigido- el sobreseimiento para los ambientalistas que hace un año destruyeron la sede de Yamana –propietaria principal del proyecto Mara sobre la mina Agua Rica- y del local donde funcionaba la coalición Frente de Todos. Aquellas circunstancias fueron violentas y, por supuesto, ilegales, por lo que otorgar un sobreseimiento será abrir las compuertas para permitir que todos los desmanes sean considerados hechos normales o habituales. Lamentablemente para este tipo de maniobras hay quienes militan la antiminería –los menos- y hasta afirman que “el pueblo fue violentado como otras tantas veces”. Una falacia más grande que los Nevados del Aconquija. Allí los desmanes fueron perfectamente orquestados para llamar la atención, mientras las autoridades departamentales, con el intendente Córdoba a la cabeza, miraban para otro lado. Si hasta funcionarios suyos participaron de la sorpresiva asonada. Por todo ello, el pedido de sobreseimiento se torna casi irrisorio. Es como otorgárselo a un homicida o un violador de casos comprobados.
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El nuevo juez electoral: dilema
El puesto de juez Electoral y de Minas sigue siendo un tema político que maneja con sus propios tiempos el gobierno provincial. El concurso llevado adelante por la Comisión Evaluadora que orienta Gonzalo Salerno lo declaró desierto a pesar de que, en el arranque, había varios postulantes. Estaban, por ejemplo, Silvina Andrea Fullana, Rubén Herrera Castillo, Leandro Marcelo Robledo, Verónica Samanta del Valle Díaz, Augusto Barros, Ana Carolina Miranda, Fernando Adet Calderali, Miguel Angel Gilyam Lozano, José Luis Alvero, Luciana Mery Vizzoni Gómez y Juan Manuel de La Serna. De ellos solo se presentaron 5, esto es, los doctores Adet Calderali, Lozano, Herrera Castillo, Barros  y Miranda. Tres consiguieron pasar la prueba escrita - Lozano, Adet y Miranda-, pero no superaron el oral. De allí la declaración de concurso desierto, lo que le permite al PEP designar el reemplazante de Raúl Cerda por cuenta propia. Tal vez tengan las mayores chances los que llegaron con más posibilidades, o sea los doctores Lozano, Adet Calderali y Miranda. El dato político: quizá el más avezado representante de las entrañas justicialistas –fue por décadas apoderado del sector- era Augusto Barros. Quedó afuera y, directamente, fue descartado por el poder de turno.
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Gordillo vs. Monti
La posible denuncia del intendente Francisco Gordillo contra el diputado nacional Francisco Monti se anota dentro de la escalada política que llevan adelante oficialismo y oposición, pero tiene un lado positivo. No es posible que los representantes del, que ya tienen un desprestigio por sí mismo, digan cualquier cosa de otra persona sin conocer hechos, circunstancias y, lo más importante, sin tener pruebas. Monti reflotó una vieja acusación del exsenador Castillo que, oportunamente, acusó que en una camioneta a nombre del intendente Gordillo se transportaban hace varios años 90 kilos de marihuana que provendría de la caliente triple frontera argentina. La conducían los jóvenes Dante Tello y Ariel Alaniz quien, como lo publicó en su momento El Esquiú, era un puntero político del propio Castillo, para lo cual mostró las fotos –en su portada- en la que aparecen juntos en reuniones o festejos políticos. Lo peor del caso fue que cuando la Justicia citó a Castillo para que ratificara sus dichos y mostrara las pruebas, dijo que había expresado solo una sospecha a los efectos que la Justicia investigue. ¡Caradura, si los hay! Ahora, increíblemente, después de aquel papelón, sale Monti apuntando a Gordillo por el mismo hecho, por lo que resulta lógico que el intendente se defienda. En ese sentido, dijo “se toman de las falacias de poder decir cualquier cosa porque tienen un cargo público”. Agregó que no conoce la triple frontera y que jamás tuvo un vehículo que haya traído algo o mandado a traer algo o que el mismo haya ido. Completó su descargo, como lo había hecho tiempo atrás, indicando que se había desprendido del vehículo de la discordia mucho tiempo atrás de las andanzas de Tello y Alaniz. El caso es que el culebrón de hace unos años volverá a la Justicia –si es que Gordillo hace cierta su amenaza- y Monti deberá dar explicaciones. Ojalá sean mejores que las que dio su correligionario Castillo.
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El video de las coimas y algo más
Luego de haber aparecido en el “video de las coimas”, junto a su colega Raúl Da Prá, el excamarista Juan Pablo Morales mantiene su obstinación –comprensible, desde lo humano- en demostrar que nada tiene que ver con hechos graves que se le imputan. Por lo pronto, ya en ámbitos judiciales, busca que se declare la nulidad de la imputación dispuesta por el fiscal Barros –cohecho pasivo agravado- por considerar que, según la pericia de Gendarmería, el video del gran escándalo fue editado y manipulado. Es un argumento de peso en materia judicial, pero no se puede negar la existencia del video en el que ambos camaristas aparecen recibiendo “plata sucia”. Por si no le faltaren pesares a Morales, el fiscal de la Cámara de Apelaciones de Tucumán hizo graves acusaciones por la falta de méritos que le dictó el juez Miguel Contreras en la causa que se lo coloca como integrante de una organización narco-criminal interprovincial y ratificó los pedidos de los fiscales locales (Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz) y el titular de la PROCELAC, Diego Iglesias, de apartar a Contreras y solicitar el procesamiento con prisión preventiva del abogado Juan Pablo Morales. En síntesis, no la tiene fácil el exSecretario de Seguridad de la provincia.
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Recuerdos del barrio "Crisólogo Larralde"
Sesenta familias, un 19 de marzo de 1990, tomaron las viviendas que se construían en el sector noroeste de la Capital catamarqueña. Lo hacían en calidad de pre adjudicatarios del barrio “Crisólogo Larralde”, construido por la empresa “Harsec” a través de la Cooperativa "Juan Facundo Quiroga" y el Banco Hipotecario. Los futuros propietarios no aceptaban que la institución bancaria haya certificado, en ese momento, un 99,2% de la obra y ésta no estuviera concluida. Se trataba de un razonamiento lógico y que sirvió como medida de presión para que la entrega oficial del barrio se cumplimentara en plazos más acotados. Hoy el "Crisólogo Larralde", que se levanta sobre la avenida Illia, frente mismo al Supermercado Beraca, es uno de los más importantes de la ciudad y se destaca por construcciones que, sin dudas, fueron mejoradas por los vecinos a lo largo de los años.


El Esquiú
 

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