A pesar de la titularización de miles de docentes por parte del Gobierno, las aguas bajan turbias en los territorios educativos. Uno de los problemas que se convirtió en noticia en las últimas semanas fue la denuncia de discriminación que llevó adelante el Sindicato Docente de Catamarca (Sidca) contra Reconocimiento Médico y apunta directamente a su titular, Analía Leiva de Ominetti. La historia de esta funcionaria encierra polémica y el meollo de la cuestión pasa por la labor de los médicos auditores, la mayoría de los cuales expresan disconformidad. Las posiciones críticas, sin embargo, chocan contra una realidad que no puede ser disimulada. Solamente en marzo, cuando se produjo la apertura de clases, hubo 3.195 pedidos de licencia, lo que representa un movimiento de docentes que se traduce en ingentes gastos para el Estado.

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Por supuesto que no avalamos la conducta que puede observar Leiva de Ominetti, pero los números parecen darle la razón en términos de un control exhaustivo de las licencias en un sector que es vital para plasmar la mejor educación y el aprendizaje. Aparte, por la cantidad de agentes y los suplentes de suplentes (unos 15.700), representa junto a Salud y Seguridad (entre ambos rondan los 12.000 empleados), uno de los presupuestos más onerosos del Estado. De más está decir que la situación determina que gran parte de la coparticipación se dilapide en salarios, muchos de los cuales no se justifican y aquí no hablamos precisamente de Educación. Hay otros sectores menos importantes donde la sangría es grande.

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Toda vez que surgen estos dilemas, que son permanentes, se piensa en las riquezas mineras que tiene la provincia y que podrían producir un cambio de paradigmas. Por empezar, que no nos sigan tildando de “inviable”, mote no exagerado porque tenemos dependencia absoluta con la Nación. Por ello, que a nadie le extrañe que Jalil gobierne entre Buenos Aires y Catamarca. Es que si no se golpean las puertas de los despachos oficiales, es una quimera que vengan a ofrecernos ayuda en casa.

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