La reforma judicial inevitable         

La disertación de la doctora Marisa Herrera, ante un salón colmado de público superó todas las expectativas que se propuso la senadora Lucía Corpacci al invitarla a exponer en la provincia. Quienes estuvieron presentes el lunes en el “Urbano Girardi· -jueces, funcionarios, legisladores y una gran cantidad de público-, tras la magnífica exposición comprendieron cabalmente cuál es el estado actual de la Justicia Argentina y de los cambios que se requieren para involucrarla dentro del sistema democrático a partir de la paridad de género. Herrera, una feminista a ultranza en cuestiones de fondo, no banalidades, explicó con una clarividencia que arrancó aplausos en reiterados pasajes de su alocución los problemas que genera contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por cuatro personas, todos hombres nacidos en las ubérrimas tierras de la pampa húmeda (dos son santafesinos, uno cordobés y el restante porteño). En el arranque aludió a la paridad de género, problema que se repite en los tribunales inferiores y luego a la cantidad de causas que deben resolver –unas 5.000 ó 6.000 por año- estas 4 personas, lo cual es materialmente imposible que ocurra. A partir de allí, con argumentos concretos e históricos, totalmente alejados de la política, justificó la reforma de la Justicia y el aumento del número de miembros de la Suprema Corte. Recordó que la propia Constitución, hace 200 años y cuando el número de habitantes no llegaba a los dos millones, recomendaba un tribunal superior con 9 miembros y hoy, con más de 45 millones de argentinos, solamente cuatro personas deciden sobre la vida de los argentinos orientando los castigos mayores a los más vulnerables. La doctora Herrera, que es miembro del Conicet y aborda temáticas jurídicas en las universidades más prestigiosas del país. concluyó que así planteada la organización de la Justicia está mal y la reforma a partir de su cabeza, es un grito desesperado de la ciudadanía. La división en salas de la Suprema Corte, con estricta paridad de género, se desprende nítida de un cambio que tarde o temprano habrá de materializarse.

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Cecilia Guerrero y Marcelo Monayar

Antes que la doctora Marisa Herrera cerrara su impecable disertación sobre ”Reforma Judicial, Poder Judicial y Democracia”, hicieron uso de la palabra la doctora Cecilia Guerrero, titular de la Cámara de Diputados, y el vicedecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Catamarca, Marcelo Monayar. La primera, con la solvencia que la caracteriza, hizo un racconto histórico sobre la Suprema Corte a partir del golpe de Estado de septiembre de 1930 contra el expresidente Hipólito Yrigoyen y desgranó una retahíla de irregularidades hasta llegar hasta esta Suprema de cuatro miembros que no le asegura garantías constitucionales a nadie. Destacó la decisión de Néstor Kirchner de autolimitarse en 2003 en sus facultades de nombrar jueces y delegó la misión de nombrar personas irreprochables, entre ellas dos mujeres: Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Monayar, por su lado, destacó el trabajo de la Universidad en todas las cuestiones relacionadas al servicio de Justicia e hizo hincapié en el avance que existe en los juicios por un jurado popular que integren ciudadanos comunes, varones y mujeres. Al respecto, señaló que ya existen más de 2.000 aspirantes a integrar esos jurados en las seis circunscripciones judiciales de Catamarca, los que señalan responsabilidades o culpabilidades que, ulteriormente, son consideradas por el tribunal actuante. 

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La prisión de Bacchiani

El domingo pasado referimos las sospechas certeras de “acuerdos” y “connivencias” de la Justicia de Catamarca con relación a las millonarias estafas que, sin autorización alguna, llevaron a cabo financieras que ya es hora de calificarlas como “truchas”. No solo lo dijo este secretario. También los medios nacionales dieron cuenta de algunas situaciones extrañas. En ese sentido, La Voz el Interior de Córdoba, le dedicó a la “bacchianización” nada menos que una página en ubicación preferencial.  Bajo el título “La insólita prisión de Bacchiani en su casa”, destacamos entre sus párrafos algunos dignos de ser tenidos en cuenta. Por ejemplo: “La medida de mejor proveer dispuesta por Contreras no termina de definirse si se trata de una prisión domiciliaria o de ‘otra cosa’, porque no se explicita si va a la casa por las habituales razones de salud, edad, por tener hijos pequeños a cargo o por otra razón atendible. Solo se conoce, a través de los medios, que el juez le otorgó a comienzos de la semana 72 horas para demostrar solvencia en sus cuentas. Lo hace acompañado por peritos informáticos y expertos que vigilan y comprueban si su voluntad de pago tiene correlación en los números. Mientras tanto, a unos le extraña que a un acusado de estafa le crean sus promesas, y otros comienzan a temer lo que puede hacer un imputado de habilidades reconocidas con la ‘libertad’ de moverse con su computadora en su casa. Por un parte está el temor de que mueva dinero y se pierda definitivamente o que intervenga sobre lo que puede ser prueba para la causa”.

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La fiscal cordobesa quiere filmaciones

En otro párrafo, el diario cordobés señala: “para saber oficialmente qué se está actuando, no por la prensa, la fiscal Valeria Rissi (Villa María-Córdoba) envió un oficio al Juzgado Federal de Catamarca para que le explicaran qué tipo de medidas habían tomado, teniendo en cuenta que ella tiene dictada la detención de Bacchiani. Además, solicitó ante lo que se conoce por la prensa, que si se ingresa a las cuentas de Bacchiani se arbitren los medios para que se registren fílmicamente esas operaciones. Ya que no se le dio participación, se presume que la fiscal pretende que se grabe lo que hicieron”. Por cierto, se trata de un pedido lógico y elemental a favor de los miles de damnificados que existen en esta provincia y en otras vecinas.

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Piden intervención de “Delitos Económicos”

Una buena de la Justicia de Catamarca tiene que ver con el pedido de intervención de la Dirección de Delitos Económicos de la Nación, en orden a que existen denuncias muy pesadas de varios abogados, entre ellos de Alfredo Aydar, que defiende a “inversionistas” tucumanos que confiaron fuertes sumas de dinero a Adhemar Bacchiani, a quien denunció por lavado de dinero, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y estafa. Está bien que se aseguren todas las garantías posibles con la prisión domiciliaria y, según la explican, es al sólo efecto de asegurar los pagos. Sin embargo, no se debe descartar las dudas de la fiscal cordobesa. En ese sentido no hay que olvidar que se busca el dinero que puede tener Bacchiani, pero resulta que su abogado defensor asegura que pagará en un plazo de 120 a 150 días. Para peor, a cada nada se cambia el orden de prioridades para las devoluciones de dinero.

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Myrian Juárez y el “Proyecto Catamarca”

Confirmamos que un grupo político, aparentemente heterogéneo, fue formado recientemente y tuvo su bautismo en instalaciones de un hotel céntrico que gestionó un exsenador radical. Se trata del “Proyecto Catamarca-Un espacio para dialogar” que, en su primer encuentro, abordó temas como la situación económica de la provincia, el gasto público y la matriz productiva, los cuales fueron desarrollados por los contadores Horacio Almada y Raúl Macaroff. Quien confirmó el lanzamiento y los propósitos que persigue fue la exdiputada nacional Myrian Juárez, una militante plenamente identificada con Juntos por el Cambio. Por supuesto que las respuestas no se demoraron, especialmente del lado del radicalismo, donde no dudan que se tratan de una movida pensando en la interna y el electoral 2023. Myrian explicó, cabe destacarlo, que es un espacio abierto y de debate que sumará adherentes de cualquier origen partidario y que su conducción está conformada por 12 personas. A raíz de este número, desde las entrañas del radicalismo ya le han comenzado a llamar los “12 apóstoles”.

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La experiencia Alumbrera

Un nuevo aporte a favor de la minería lo brindó el Colegio de Ingenieros en Minas. Su titular, el ingeniero Daniel Moreno, indicó que Catamarca está preparada para despegar un nuevo emprendimiento a cielo abierto y justificó sus apreciaciones en la experiencia que se vivió con el Bajo la Alumbrera, una explotación que duró más de 20 años y no produjo problemas de contaminación que hayan sido debidamente probados. De esta forma, el profesional refutó las declaraciones del intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, que se opone férreamente a la continuidad del proyecto Agua Rica y alienta las protestas de ambientalistas y sectores antimineros, con los cuales falta un diálogo sincero y desprovisto de violencia, como ha ocurrido en los últimos tiempos cuando se produjeron cortes en el acceso a la mina, lo que motivó la presencia de efectivos policiales. Antes, como se recordará, se destrozaron instalaciones y se deslizaron amenazan que no contribuyen a la paz social.

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Un recuerdo educativo de 1990

Un viernes 16 de marzo, luego de largas negociaciones por la cuestión salarial, podían iniciarse las clases del ciclo lectivo 1990. Esto fue posible, únicamente, por la implementación de la conciliación obligatoria dispuesta por el ministerio de Trabajo de la Nación. Asistieron a la firma de las actas entre el Gobierno y ATECa., el doctor Raúl Soria en representación del ministerio de Cultura y Formación del Hombre y las dirigentes Eloisa Chandía de Tissera y Rita Paredes, acompañadas en la oportunidad por los exsindicalistas de la CGT, Pedro Armando Carrizo y Erasmo Palacios.

Esta historia de hace 32 años atrás no hace más que confirmar que, invariablemente, hubo duras negociaciones entre los gobiernos y el sector docente, posiblemente uno de los más combativos a la hora de discutir salarios.

De cualquier manera, las chances de lograr un entendimiento todavía estaban entonces presentes, tal como lo dijera Mario Sánchez, exsecretario general de la ATECa., quien aseguraba que hay un acercamiento "importante".  En resumen, una historia que se repite con frecuencia.

El Esquiú