Pobres por decisión propia            

Catamarca es una provincia pobre, pobrísima, desde hace más de dos siglos. Sin embargo, contiene en sus entrañas extraordinarias riquezas mineras que, de ser bien explotadas, la colocarían en una situación de privilegio entre sus hermanas argentinas. Chile, un país potencialmente menos pudiente que la Argentina, tiene proporcionalmente mejores números económicos porque hizo de la minería su principal fuente de recursos, sino la única. Semejante distancia de criterios políticos, a esta altura de los tiempos, cuando los catamarqueños miramos con ojos de envidia a las riquezas de la pampa húmeda, resulta incomprensible. Y el tema no surge de los últimos acontecimientos de beligerancia en las serranías andalgalenses, sino que proviene desde hace más de 50 años cuando se planteó la dicotomía “minería si, minería no”. La responsabilidad absoluta de una situación lindante con el absurdo tiene como responsables absolutos a los políticos que, por mezquindades que atentan contra los intereses de todos los catamarqueños, nunca pueden ponerse de acuerdo para establecer una ley que convierta a la actividad minera en “cuestión de Estado irrevocable”. Cuando los radicales estuvieron en el poder –al menos tres décadas de las últimas cinco-, quienes ponían palos en la rueda eran los peronistas. Cuando éstos recuperaron el gobierno, recibieron “la devolución de gentilezas” y se llegó a la locura de no poder hablar de minería en una provincia que es netamente minera. Un diagnóstico digno de ser estudiado por siquiatras, sicólogos y todos los expertos del comportamiento humano.

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De promineros a antimineros

Para que los lectores entiendan mejor lo que referimos en el primer bloque. Los gobiernos radicales que encabezaron Arnoldo Castillo, Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral dieron luz verde al proyecto más preciado de los catamarqueños: Bajo de la Alumbrera. Los dueños de la mina, las empresas Glencore y Yamana –suiza la primera, canadiense la segunda- pagaban por regalías el 1.5% y otro porcentaje que recibía YMAD por ganancias que nunca fueron debidamente controladas a la salida del mineral por los puertos argentinos. Ahora que gobiernan los peronistas, sólo aparecen problemas para que las mismas empresas que explotaron Alumbrera lo hagan en Agua Rica. Con un agravante: los acuerdos para firmar el contrato definitivo incluyen mejores porcentajes de ganancia para la provincia y sus municipios. Aquellos radicales que eran promineros en los años 90 ahora son antimineros y apoyan a un centenar de ambientalistas que hacen un culto de la intransigencia. Frente a esta situación, vale mucho la invitación que el gobernador Jalil le hizo a la oposición y que fue rechazada con chistes de mal gusto. Y si las cosas siguen ese rumbo será el propio gobierno quien deba tomar decisiones más certeras y creíbles para que, definitivamente, terminemos con esta increíble controversia que castiga a todos los catamarqueños, no solo a los andalgalenses, porque se sabe y lo establece la Constitución que los recursos naturales pertenecen a la provincia. No hay interpretación forzada o justificativo que vaya contra el aserto de la ley.

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Un “lobo” cebado de privilegios

El diputado Luis Lobo Vergara cuando termine su mandato como diputado provincial, seguramente no quedará en la historia como alguien que haya hecho algo positivo por su provincia. Por el contrario, su carrera política fue de puro acaparamiento personal. Vocal del ENRE –trabajo tranquilo, como hay pocos- durante larguísimo tiempo, pasó luego a la Legislatura y ya lleva más de seis años sin que se le conozca un proyecto de envergadura institucional. En forma paralela es un hombre que vivió haciendo negocios con el Estado y ahora parece completar su recorrido nepótico colocando a un hijo en la Cámara de Senadores. Esto sin olvidar que, en 2015, pidió licencia en el ENRE por los años que fuera para ser diputado. Un caso bastante parecido a Inés Blas que, tras diez años en el Congreso donde ejerció como senadora, ahora tiene un índice en el mismo Congreso que le reporta pingües ganancias. En pocas palabras: los radicales fueron y son aprovechadores nepóticos, pero los “perucas” no se quedan atrás a la hora de mamar de las ubres del Estado.

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Sangre, tensión y balas

Lo dijimos en el momento oportuno y lo volvemos a repetir. La estafa supermillonaria de las falsas financieras que pagaban intereses nunca vistos en el país y en el mundo entero va a terminar mal. Hace menos de un mes señalamos que había “olor a sangre” en Catamarca y que ningún damnificado de la estafa, por pequeña que haya sido, se iba a quedar cruzado de brazos. La primera respuesta concreta la tuvimos el último jueves cuando ya hubo cruce de balas que terminaron con dos heridos trasladados al hospital público. La situación amerita que la Justicia ponga las cosas en su lugar, sopena que la ebullición social suba a extremos nunca vistos. Lo de la detención domiciliaria de Edgar Bacchiani para que muestre sus cuentas pareció un chiste, lo que obligó al juez a alojarlo en la cárcel de Miraflores como un preso común. Casi al unísono se conoció que su haber es de 11 dólares, cuando la deuda que tiene con los ahorristas, que nadie conoce con exactitud, superaría los 100 millones de la moneda norteamericana.

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Desmedida pretensión de Figueroa

A propósito del escándalo que está en boca de todos. El exdiputado Diego Figueroa (PRO) se presentará en la Legislatura a explicar por qué firmó un proyecto de Resolución que ponderaba el negocio de las criptomonedas y, especialmente, el rol altruista que cumplía Edgar Bacchiani, alguien que termina como un estafador profesional en la materia. Caprichosamente, y con claras intenciones políticas, pretende que se cite a hablar del mismo tema al gobernador Raúl Jalil, que fue quien denunció al Banco Central y a los organismos que controlan el lavado de dinero sobre las andanzas del personaje central de esta desgraciada historia que, lo repetimos, no tendrá un final feliz. Si Figueroa busca un “mano a mano” con Jalil tendrá que esperar y primero explicar sus propias conductas sobre la estafa que se ha consumado contra desprevenidos ciudadanos.

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Queda claro: eran candidaturas testimoniales

Aunque trabajen poco, los diputados provinciales ya iniciaron las sesiones ordinarias y no se pronunciaron sobre las licencias que, para ser ministros, pidieron en diciembre pasado Gustavo Aguirre y Marcelo Murúa. Este gambito de ambos, tarde o temprano, tendrá consecuencias negativas para quienes dejaron a la Cámara con un número menor al reglamentario. Pero más allá de eso, se consolida la idea que sus candidaturas fueron testimoniales, es decir que pusieron sus caritas para el voto, pero no cumplieron con la confianza que los ciudadanos depositaron en ellos. Esto, en el mundo entero, se llama estafa electoral y se iguala a lo que pretendía Lobo Vergara cuando quería ser diputado y estar de licencia en el ENRE. La situación real de la hora actual es que Aguirre y Murúa es que son ministros del Poder Ejecutivo y, por las dudas, gozan de una licencia como diputados provinciales. ¿Lindo, no?

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Los primeros nombres para 2023

Falta bastante para las elecciones, pero a nadie se le ocurra pensar que en todos los bandos no se hacen planes para el año 2023. En el peronismo, por caso, algunas organizaciones comienzan a pensar en las segundas líneas porque las primeras ya están cantadas con postulaciones casi seguras de Raúl Jalil, Gustavo Saadi, Fidel Sáenz, Fernando Jalil, Cecilia Guerrero y Rubén Dusso, entre otros. En ese marco se habla de Enrique Ocampos como “una fija” para algún cargo legislativo de importancia. Se trata del hijo del exsenador justicialista “Tito” Ocampos, quien viene amagando desde hace tiempo entrar en las arenas de la política. ¿Serà esta vez?

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Se acuerdan de los  títulos OROCAT

El 21 de marzo de 1990, el exministro de Finanzas de la provincia, contador Mario Fadel, anunciaba la puesta en circulación del título público OROCAT. También añadía, en aquel momento, que ya estaba listo el diseño del título en la Casa de la Moneda. El valor de emisión, conforme los valores de la época, sería de quinientos mil y un millón de australes, en tanto que la primera emisión se realizaría en el mes de mayo y rondaría unos seis mil millones de australes, cifra que significaba duplicar la capacidad crediticia del desaparecido Banco de Catamarca. La provincia respaldaba estos títulos con noventa y cuatro kilogramos de oro y trescientos dieciséis kilogramos de plata. En verdad que la iniciativa de Fadel fue muy buena y mereció una excelente acogida en los principales centros financieros del país, especialmente al momento de su puesta en marcha en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todo quedó en la nada y nadie sabe contestar que fue de aquella fortuna en metales.

El Esquiú