La importancia de la ”Ficha Limpia”

La iniciativa no es nueva. Ya se puso en marcha en varias provincias y hasta en la Nación, vía Elisa Carrió o Sergio Massa, hubo intentos similares. Nos referimos a establecer un proyecto de “Ficha Limpia” que sea una valla impasable para quienes pretendan ser candidatos a una representación política o ejercer cargos de toda naturaleza. Demás está decir que se trata una idea genial para dejar de lado a quienes hayan cometido un delito, lo que fue propuesto en los últimos tiempos por el diputado provincial Tiago Puentes (JxC) y, aun no explícito, recibió amplio respaldo de sus pares de la Cámara baja. Tanto como para que el Poder Ejecutivo presentara un proyecto alternativo que fue muy bien explicado por el legislador Gustavo Aguirre, para quien debía completarse lo expuesto por Tiago Puentes, especialmente en lo referido a la presunción de inocencia que puntualiza la Constitución y pactos internacionales que firmó el país y tienen que ver con derechos humanos. La réplica, por fortuna, fue bien recibida por la oposición. Se supone entonces que habrá consenso y saldrá una ley que se convertirá en aire fresco para la política. Desde nuestra posición, abogamos por un debate serio y que permita que la ley alcance no solo a los candidatos a cargos electivos (legisladores, concejales, etc), sino a todas las funciones públicas. Esto es representantes partidarios y funcionarios de cualquier nivel pertenecientes a los tres poderes del Estado.

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Preanuncios de ruptura

La presencia del diputado Enrique Cesarini (PRO) integrando la comitiva oficial que encabezó el gobernador Jalil y participó del foro internacional minero de Canadá provocó malestar entre los radicales catamarqueños, ofendidos porque el integrante de la Coalición Juntos por el Cambio no comunicó que hubiera sido invitado ni recibió directivas sobre cómo actuar. A pesar que Cesarini integra la comisión de minería de la Cámara de Diputados y no resulta extraño que participe de un encuentro internacional sobre la materia, sus correligionarios mascullan en la intimidad que se cometió una monumental incoherencia. ¿Cómo aceptar un convite como éste si la Coalición le va rechazando, al menos por dos veces, la invitación al diálogo que les propuso Raúl Jalil? Recordemos sobre este tópico que el exdiputado castillista Víctor “El Gato” Luna criticó a sus compañeros de ruta por no acceder al diálogo con el gobernador y el diputado Puente, al toque, llegó a acusarlo de estar pagado por el gobierno. Como puede apreciarse, no se trata de un tema menor, y no sería extraño que los radicales utilicen “el viaje no autorizado” de Cesarini para soltar amarras con el PRO. Es que a nivel local no los une precisamente el amor. Y hasta podemos ser contundentes: si no existe una orden superior que provenga de Buenos Aires, la ruptura podría ser un hecho de cara a las elecciones de 2023.

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“Háganse cargo de algo”

A raíz de lo que considera el “negocio de la minería” y por pagos diferenciados que habría recibido la provincia con respecto a Jujuy por uno de los últimos cargamentos de litio que exporta la empresa Livent, la diputada Silvana Carriz escribió en su cuenta de Facebook un escrito que tituló “Háganse cargo de algo”. Allí refiere, aparte de los “cobros subfacturados”, eventuales negociados y un nulo control de las autoridades provinciales sobre la salida de nuestros recursos naturales. Nadie le va a negar a Carrizo el derecho a criticar y controlar los movimientos del Estado. Para eso está, pero debería hacerlo con conocimiento de la causa. En el caso de las exportaciones de litio, tendría que saber que el precio es variable y que se efectiviza por un contrato que tiene más de 30 años de vigencia y del que tiene mucho que ver el exFrente Cívico, la alianza que siempre encabezó la UCR y que gobernó la provincia durante cinco mandatos, o sean 20 años. Durante todo ese tiempo, las reglas de juego de la minería –incluidas la concesión del Bajo la Alumbrera a precio vil y el funcionamiento de la corrupta SOMICA- las puso el partido de la señora Carrizo y, que sepamos, jamás la UCR hizo la más somera autocrítica en este tema de la minería y de otros similares, como las privatizaciones y los arreglos espurios con el menemismo, con el que firmó pactos fiscales que le costaron a la provincia elevadas deducciones de la coparticipación federal, el desguace de la energía y una obra pública prácticamente nula.

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La ex Minera del Altiplano

Un agregado sobre el comentario de la diputada Carrizo. La empresa Livent antes se llamaba Minera del Altiplano y durante años y años no acercó un peso a la provincia. Mucho menos a Antofagasta de la Sierra. Todo iba para Salta, a pesar de que el Salar del Hombre Muerto -la fuente de riqueza- está en suelo catamarqueño. Esto fue denunciado por El Esquiú a comienzos del mandato de Corpacci y por suerte cambiaron las condiciones del negocio. Hoy la minera no solo paga regalías, sino que tiene una sede en Catamarca, emplea gente y hasta realizó importantes obras en el lado catamarqueño. Tal vez estas cosas, y muchas más que podríamos enumerar, no fueron tenidas en cuenta por Silvana al pedir que se “hagan cargo de algo”. Está bien que lo haga, pero mejor sería si utilizara el espejo retrovisor de la historia local para hacer más justo e imparcial su reclamo.

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Páez rompió un largo silencio

El diputado provincial Alejandro Páez (JxC), uno de los grandes responsables de los problemas que existen en Andalgalá alrededor de la minería –junto con su antecesor, José Perea, hicieron de las ganancias del negocio un festival de gastos y proselitismo disfrazado de cuestiones oficiales-, acusó durante la última sesión que existe una “zona liberada” por la Policía en el camino que lleva a Agua Rica, por lo que no sería de extrañar que se produzcan enfrentamientos entre militantes antimineros (en realidad son ambientalistas o, según los empleados de la minera, contratados para provocar disturbios) y promineros. En base a ello pidió que la flamante ministra de Seguridad, Fabiola Segura, informe o de explicaciones a la Cámara sobre lo que puede estar ocurriendo.

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Bacchiani une a querellantes y defensores

La gran estafa de las financieras truchas aflojó tensiones durante el fin de semana largo de cuatro días, pero nadie asegura que el escándalo final va a tener un punto final en corto tiempo. Quienes resultaron perjudicados –especialmente los más inocentes, a los que le hicieron creer que no había riesgo de perder la inversión- no piensan resignarse y esperan que la Justicia obligue a producir las devoluciones. El problema radica en saber si está la plata para dicha devolución y eso, en su momento, habrá de comunicarlo la propia Justicia que tiene entre sus manos, sin dudas, un fierro demasiado caliente. Por el pronto, los presuntos responsables que permanecen detenidos en la Cárcel de Miraflores siguen pidiendo la prisión domiciliaria con lo cual prometen que pagarán sus deudas. Estos pedidos han llevado a una situación judicial pocas veces vista en la historia, como es que querellantes y defensores de Edgar Bacchiani, el principal apuntado por la estafa, pidan al mismo tiempo que lo dejen salir de la Unidad Penitenciaria para que pueda trabajar tranquilo desde su casa. Más allá que la concesión ya le fue otorgada una vez y los resultados fueron negativos, preguntamos una vez más: ¿no se pueden instalar computadoras en una dependencia en Miraflores y que trabajen desde allí? ¿para la Justicia no existe ninguna forma de saber si los imputados y detenidos cuentan con fondos para reparar a los damnificados? Mientras estos interrogantes flamean en el aire, si es que al dinero que recibieron lo convirtieron en bitcoin, continúan las malas noticias. La moneda virtual más importante del mercado digital continúa en plena bajada. De 70.000 dólares ha pasado a valer menos de 20.000 en la última semana.

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Un caso como tantos otros

Ya hubo marchas, escraches, detención de un ahorrista, amenazas, cruce de balas, etc. Para muchos es sólo el comienzo de cruentos enfrentamientos. Al respeto vamos a poner por ejemplo, como habrá tantos similares, un caso que ocurrió en el barrio Achachay. Una señora, de apellido Soria, le vendió a la financiera Nova –supuesta competidora de Bacchiani, RT, Rojo, etc- su casa por un valor aproximado a los 15.000 dólares (ella dice que vale 80.000), a los cuales no recibió en efectivo sino como un depósito en la falsa financiera. Cobró apenas una cuota, se quedó sin la plata y sin la casa, mientras tanto los beneficiarios del negocio habrían vendido la casa a un ciudadano de Tucumán. O sea que negociaron una casa que no habían pagado. Lo que vino después era de esperar. La principal perjudicada, con hijos chicos, volvió a la casa que dice pertenecerle, pero fue amenazada por los tucumanos que le habrían pagado a Nova. Frente a semejante aquelarre –no habría papeles con valor que justifiquen ninguna operación-, la fiscal Jessica Miranda habría ordenado en principio un desalojo con muy pocas aristas de claridad. La dueña del inmueble se siente estafada –de hecho es así- y aseguró que no piensa moverse de su domicilio de la calle Francisco Figueroa. Casos como éste, cabe destacarlo, hay a montones. La gente vendió inmuebles, vehículos, lo que sea para aferrarse a la cadena de la felicidad que le prometían desde las financieras truchas.

El Esquiú