Otra vez Francisco

Como antes se equivocó al preguntar dónde estaba Raúl Jalil cuando a la provincia le dedujeron el 15% de la coparticipación federal, el diputado nacional Francisco Monti volvió a pifiar al criticar la avanzada kirchnerista por establecer una Suprema Corte con 25 miembros y que todas las provincias estén representadas en ella. En aquella oportunidad, aclaramos que ese descuento fue arreglado por el binomio Arnoldo Castillo-Domingo Felipe Cavallo, y echó las bases para la cesión de la Caja de Jubilaciones de Catamarca (el nostálgico IPPS, que funcionaba en el viejo edificio de Ayacucho y Esquiú) a la órbita nacional. Jalil, lo reafirmamos, se encontraba en Japón, al margen del embrollo que pagaron muy caro los jubilados de Catamarca y Monti contaba en aquel tiempo con 8 años de edad. También era un imberbe cuando el Frente Cívico, transformado hoy en Juntos por el Cambio, armó a “dedazo limpio” la Justicia provincial sin tener en cuenta trayectorias, idoneidades y condiciones para ser juez. Muy por el contrario, “seleccionó” a quienes podían ser funcionales a sus intereses políticos, con las excepciones de rigor que servían para blanquear la puesta en escena de una justicia independiente, distinta a la partidista y corrupta que, efectivamente, había conformado el saadismo a partir de 1983.

En defensa de los catamarqueños

El nuevo relato de Monti, que colisiona con un pasado que no le tocó vivir, tiene que ver con la Justicia. Sin ningún análisis de fondo, sin pensar en los intereses federales y de la provincia que representa, salió a decir que se trata de una maniobra orientada a crear en el máximo tribunal de Justicia del país una unidad básica. Es decir, apoya a que se mantenga una Corte de apenas cuatro miembros, todos varones y todos parciales a la hora de dictar fallos de neto corte político. No tiene en cuenta ni siquiera la paridad de género que vale para los distintos estamentos del Estado y mucho menos ofrece una alternativa al proyecto de los gobernadores peronistas. En resumen, Monti sigue al “pie de la letra” la intransigencia que lleva adelante la oposición porteña y no piensa que los ciudadanos catamarqueños, independientes o de bandos diferentes, no reciben ninguna explicación a la hora que le rechacen los recursos extraordinarios o de queja que se resuelven con un sello de rechazo que se llama artículo 280 y que no indica el motivo del rechazo. Tal vez con un catamarqueño en la cúspide de la Justicia se podría solucionar este desprecio republicano que se aplica en la Nación y que lo resuelven hombres que ni siquiera tienen tiempo de leer miles y miles de causa que le llegan a su seno y determinan injusticias enormes por decenas de años, como mantener en vilo un reclamo de estafa, de un jubilado o de una familia.

“El pasado que añoro”

Los temores del joven Monti, toda una promesa para la dirigencia de Catamarca, posiblemente tenga que ver cómo se seleccionaron los jueces en los últimos años. Lo comprendemos, pero para tener una opinión seria debería repasar los pecados que cometió su propio partido, la UCR. Recordemos que en los albores de los 90, después del derrocamiento de Saadi, se nombró en la Corte de Catamarca a un candidato a senador provincial por Valle Viejo (José Cáceres), a una jefa de las célebres Marchas del Silencio que nunca ocultó su fe antiperonista (Amelia Sesto de Leiva), a un ministro de Gobierno del exFrente Cívico (Raúl Cipitelli) que gobernó por 20 años la provincia y hasta un Procurador (Enrique Lilljedhal) que trabajó toda su vida al lado del gobernador que debía nombrarlo. No creemos que estas lindezas sean desconocidas por Monti, pero estamos seguros que ignora en profundidad los desmanes que cometieron, al punto de despedir a un juez (Mario Acuña) por decreto cuando sólo es posible hacerlo por juicio político.

Consenso o fracaso

Sobre la conformación de una Suprema Corte con 25 miembros, por las dudas, aclaramos que no nos parece la mejor opción para lograr justicia federal e independiente. Si creemos que mantener las cosas como están puede conducir a controversias tan grandes como crear el campo orégano para una rebelión social. Si el gobierno nacional o los gobernadores, en cambia, explican cómo se harán los nombramientos las miradas pueden variar. Por ejemplo, llamando a audiencias públicas y que los representantes de cada provincia surjan por consenso sin dejar margen alguno de dudas o sospechas de pretender formar un cuerpo por intereses que los alejen de la aplicación del Derecho. En síntesis, se trata de un proyecto cuya aprobación parece lejana, pero podría cobrar fuerza si existe la voluntad de debatir todos y cada uno de los nombramientos.

La renuncia de Vilma Molina

En la semana se dio a conocer la renuncia de la doctora Vilma Molina a la Corte de Catamarca. Adujo la ministra que, por acogerse a los beneficios de la jubilación, no corresponde que siga en el cargo porque la Constitución de la provincia dictamina en su artículo 168 “…no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y jubilados de cualquier caja con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes”. Precisamente por este artículo y el 195 (“los Magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una actuación regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del Derecho y hasta cumplir la edad de 65 años”), entre los años 2018 y 2019 se le sustanció un juicio político a José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva que logró mayoría de votos (24 en total), pero no los dos tercios de votos que exige el reglamento para desplazar a un ministro de la Corte. Uno de los 17 diputados provinciales que se opusieron al juicio político que debía llevar a cabo el Senado por violación de la Constitución, fue precisamente Francisco Monti. Sin embargo, con aquella presentación se puso “blanco sobre negro” y los jueces fueron salvados por sus aliados políticos, no porque la denuncia no haya tenido sólidas razones para su apartamiento Uno de ellos, José Cáceres, a los 80 años, sigue en funciones. La otra, Sesto de Leiva, dejó la justicia sin pena ni gloria a través de la renuncia. Por lo tanto, la retirada de Molina debe valorarse como un acto de respeto a la ley. Siendo jubilada, por la Constitución provincial, no podía seguir como ministra de la Corte, aun cuando hay jueces que se mantienen y nadie les dice nada.

“Unidos, pero no tanto”

La convención nacional de la UCR, reunida hace tres semanas en La Plata, ratificó su participación en la alianza Juntos por el Cambio. La decisión llevó tranquilidad a los territorios del macrismo y de la Coalición Cívica, pero convengamos que “las aguas no están tranquilas”. Los máximos referentes del centenario partido no quieren ser más “convidados de piedra”, como lo fueron durante el gobierno de Mauricio (2015-2019). Esta vez van a presentar batalla por el gobierno y, es un hecho, dirimirán la candidatura presidencial a través de las PASO. En esa dirección, Facundo Manes y el experimentado gobernador jujeño Gerardo Morales se anotan para suceder a Alberto Fernández y mantienen fuertes cruces contra el macrismo, lo cual hace temblar a una alianza donde las diferencias ideológicas son significativas. Macri va a la derecha recalcitrante, Manes al centro y Morales valora la fuerza del Estado en la regulación de la vida de los argentinos. Por cierto, tarde o temprano, el tironeo llegará a Catamarca y veremos qué conducta toman los socios locales. Por lo pronto, sólo a manera de adelanto, afirmamos que entre el PRO y la UCR lugareños no hay roces violentos, pero las diferencias son grandes y existen.

La desertificación y el cambio climático

A comienzos de la década del 90, a propósito de los recuerdos que cierran esta columna, se hablaba mucho de los problemas que provocaba la desertificación en relación a los cambios climáticos que ya se apreciaban. Por ejemplo, se decía lo siguiente: “En nuestro país, el Instituto de Forestación Nacional (IFONA) es el organismo estatal con responsabilidad de promover en todo el territorio argentino, la reforestación de especies vegetales en regiones que han sufrido la tala indiscriminada, que arrasaron con los montes y que ha producido la desertificación de extensas zonas que en el pasado reciente presentaban grandes montes naturales”.  Cuando han pasado más de 30 años, no podemos decir menos que el Estado argentino, a través de los diferentes gobiernos, no ha cumplido en nada. No solamente que a la supuesta reforestación no se la puede apreciar, sino que miles y miles de hectáreas han sufrido los embates del hombre para liberar lo que eran bosques y hoy son extraordinarias plantaciones de soja, maíz, trigo, girasol, etc. Esto ocurre en la mayoría de las provincias y Catamarca no es una excepción. Muchos de los desastres naturales, como los ocurridos en El Rodeo (Ambato) o Siján (Pomán), o más cerca en el tiempo en Bañado de Ovanta (Santa Rosa), Paclín o Aconquija (Andalgalá), además de otras irresponsabilidades, son producto de la desertificación que, sin dudas, ha modificado la situación climática, peligro latente que podemos apreciar día a día.

El Esquiú.com