Aunque se trata de una medida excepcional, ya no transcurre un día en el país sin que se hable de un juicio político en las noticias. Las fuerzas con mayor representación institucional, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, parecen competir para ver quién promueve más juicios políticos, aunque unos y otros saben perfectamente que casi ninguno, o ninguno, podrá prosperar.

De algún modo la estrategia sirve, o creen que sirve, para alimentar una batalla en la que –de un largo tiempo a esta parte- los mayores esfuerzos se concentran en atacar la imagen del adversario antes de solidificar la propia.

No es algo estrictamente novedoso. En los últimos 20 años, la Comisión de Juicio Político del Congreso recibió más de 200 denuncias, casi siempre con el fundamento de mal desempeño en la función pública. Naturalmente, como hay que ejercer el poder para desempeñarse mal, siempre el oficialismo está más expuesto a estos señalamientos. Pero la evidente sintonía entre el Poder Judicial y los intereses opositores, subió la vara de las acusaciones, y ahora todos caminan en medio de un fuego cruzado de pedidos de juicio político, en muchos casos más enfocados en la pirotecnia mediática que en la posibilidad de un avance real del procedimiento.

Los números reflejan hasta qué extremo se potenció la práctica: durante sus ocho años de Presidencia, Cristina Fernández de Kirchner recibió 7 pedidos de juicio político, pero ninguno prosperó. En apenas tres años, Alberto Fernández ya tiene más de una docena.

Mauricio Macri recibió 2 pedidos, y la nómina quizás la encabece el ex vicepresidente Amado Boudou, a quien le hicieron 25. La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por ejemplo, recibió 8 presentaciones.

Hoy el Poder Ejecutivo inició el proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a su vez la oposición promovió juicios contra Cristina Kirchner (3) y los ministros Aníbal Fernández (6), Santiago Cafiero (3); Sabrina Frederic (3); y Wado De Pedro, Martín Soria, Ginés González y Nicolás Trotta (1).

La oposición plantea diferencias y denuncia un ataque institucional porque es diferente la embestida contra un funcionario que contra una autoridad judicial, pero el oficialismo sonríe ante este argumento: la propia oposición también promovió juicio político contra uno de los cortesanos, Ricardo Lorenzetti. Lo hizo el sector de Elisa Carrió y alcanza para acallar los gritos de la supuesta avanzada sobre un poder independiente.

Lo cierto es que decenas y decenas de estos pedidos de juicio nacen para morir en un archivo y nada más. El ruido que puedan hacer en el camino es casi el único beneficio que puede obtenerse con estas jugadas.

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano.

Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución. Moliné O’Connor fue destituido en diciembre de 2003.

La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Boggiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.

Ahora las chances reales de avanzar son casi inexistentes. Para oficialistas y para opositores, porque ninguno cuenta en las cámaras del parlamento nacional con los dos tercios que exige la normativa para seguir adelante.

Se necesitaría que una fuerza cuente con el 66,6 por ciento de los legisladores del cuerpo. No llegan: en Diputados el Frente de Todos tiene el 45.9 y Juntos por el Cambio el 45. En el Senado, el oficialismo cuenta con el 48,6 y JxC tiene el 45,8.

Pero algo pueden hacer. Habilitar el dictamen acusatorio en el seno de la Comisión de Juicio Político ya permite oficializar una investigación, hacer interrogatorios, interceptar correspondencia o comunicaciones telefónicas; trámites que pueden durar meses aunque a la hora de las definiciones no conduzcan a nada. Un show.

La oposición analiza por estas horas qué actitud tomar cuando llegue la convocatoria a comenzar las reuniones. Algunos especularon con la posibilidad de no asistir, para “no prestarnos al show”, tales las palabras de un miembro de JxC, aunque otros creen que lo peor es ausentarse porque sería “dejarles todos los micrófonos a ellos”.

No falta mucho para que arranque el juego. El último jueves se formalizó la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, con un temario de 27 proyectos que incluye juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El juicio político es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación, a diferencia del juicio político de los jueces inferiores a la Corte, cuya remoción está a cargo del Consejo de la Magistratura luego de que se creara ese organismo en la reforma constitucional de 1994.

La Constitución establece que la Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de dos tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados.

Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado.

Concluida la investigación, la Comisión debe emitir dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Si los dos tercios de la Cámara baja aprueba el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante este proceso.

¿Cuál es el problema de fondo? Que la marcha del juicio comienza a convertirse en moneda de cambio para que el Congreso trate otras leyes mucho más urgentes y necesarias; como las que tienden a hacer frente a la crisis económica.

Y ahí las consecuencias pueden ser muy negativas: el show dejará de entretener y comenzará a ser padecido por millones de argentinos.

El Esquiú.com