“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”

domingo, 5 de febrero de 2023 03:01
domingo, 5 de febrero de 2023 03:01

Cuando se van a cumplir 20 años del momento en que sucedieron los hechos, la Justicia de Catamarca ha decidido abordar la estafa monumental que parecía condenada a marchar al “Cajón de los recuerdos” e interpela al poder político de los 90. Nos referimos a la causa denominada “compras directas”, una maniobra urdida desde los despachos oficiales que, como objetivo de fondo, estaba destinada a mantener el gobierno que ejercía el radicalismo. Todo ocurrió durante el 2003, cuando ejercían Víctor Brandán como subsecretario de Acción Social y Pablo Doro como ministro del área de Bienestar Social. Precisamente se trata de los imputados

-los otros son Omar Guillermo Martínez, exencargado de Depósito y Carlina Zurita, exencargada de Contaduría-

 que dejó la tenebrosa instrucción de la causa antes de ser elevada a juicio hace cinco años atrás. Todos ellos, hoy están sentados en el banquillo de los acusados y, después de las primeras audiencias, se sospecha que podrían terminar condenados por el tribunal que preside el doctor Marcelo Soria, secundado por los camaristas Carlos Moreno y Mauricio Navarro Foressi. Es que, como El Esquiú lo afirmó durante muchos años, las irregularidades fueron tan evidentes que saltarán nítidas a medida que desfilen los testigos. Es más. En la semana que pasó ya hubo declaraciones muy pesadas contra los responsables directos o indirectos de la estafa.

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“La amenaza Barrionuevo”

El origen lejano de las “compras directas” tiene un protagonista excluyente, directamente asociado a la política. No es otro que el dirigente gastronómico José Luis Barrionuevo que, tras adueñarse de la candidatura a gobernador en la interna peronista que libró con Ramón Saadi el 5 de enero de 2003 (¡vaya fecha para hacer una interna!), hizo temblar el reinado radical que había arrancado en 1991. Todas las encuestas lo daban como claro vencedor de la contienda provincial que el exgobernador Oscar Castillo había convocado para el 2 de marzo de aquel 2003. Precisamente por ello, el hijo de don Arnoldo, más tarde senador nacional, renunció ipso facto a una eventual reelección. Caso único en Catamarca desde la restauración de la democracia. Le “cedió” el cargo a Eduardo Brizuela del Moral, para que éste fuera el derrotado y no él. En forma paralela, con la ayuda de la Justicia, comenzó el plan de proscripción de Luis Barrionuevo. Se apeló a un artículo de la Constitución que establecía que para ser gobernador se necesitaban dos años de residencia en la provincia. El gastronómico, que nació y vivió en Villa Cubas y, por si fuera poco, ejercía como senador nacional por Catamarca en el Congreso, fue objetado por la Justicia provincial y, con resultado negativo, su caso llegó a la Suprema Corte de la Nación. El final de la controversia fue la “quema de urnas” que postergó las elecciones para agosto de 2003 y el cambio obligado del candidato: en lugar de Luis encabezó la boleta peronista su hermana Liliana.

Dádivas al por mayor

Mientras transcurría la batalla jurídica por la finalmente fallida candidatura de Barrionuevo, el radicalismo iniciaba un “festival de dádivas” para cambiar la tendencia electoral que seguía siendo desfavorable. Fue el arranque de las “compras directas” que hoy se debaten en la Justicia. El exgobernador Castillo prácticamente quintuplicó el monto para adquirir sin licitación y, paralelamente, surgieron no menos de diez proveedores del Estado que prácticamente debutaban en tal gestión y terminarían convirtiéndose en millonarios por compras que el Estado pagó -se calcula que el monto gastado en el transcurso de cinco meses ascendió a 27 millones de pesos de la época- a cambio de no recibir una completa contraprestación. El faltante fue justificado con facturas apócrifas. No lo decimos nosotros. Están en el expediente. Por si no le faltaran condimentos a aquel convulsionado 2003, entre la “quema de urnas” (2 de marzo) y la elección que Brizuela del Moral le ganó por escaso margen a Liliana Barrionuevo (24 de agosto), asumió como presidente electo Néstor Kirchner (25 de mayo). Una de sus primeras directivas fue descargar el aparato del Estado nacional en Catamarca y apoyar a Brizuela del Moral, quien sería uno de los radicales aliados a su proyecto en los cinco años que siguieron.

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La denuncia de Fidel Saenz

Mascullando la hiel del fracaso, pero con pruebas concretas y testigos por doquier, el exdiputado provincial Fidel Saenz -hoy ministro de la Vivienda y figura de primera línea del Frente de Todos- presentó una denuncia penal contra las autoridades provinciales, algunas de las cuales llegaron al presente juicio en calidad de imputadas. Saenz conocía profundamente el tema porque fue uno de los puntales de la campaña “Barrionuevo gobernador” y discutió a fondo la cuestión jurídica y varios atropellos institucionales que derivaron en la acción penal llevada adelante. Por ello, precisamente, no extrañó que fuera el primer testigo del juicio propiamente dicho que comenzó el miércoles pasado. Como se sabe, ratificó en todos sus términos la denuncia y apuntó como el principal proveedor del Estado envuelto en el enjambre de irregularidades a Edgardo Bulacios, involucrado en las estafas piramidales desde la empresa RT Inversiones por la que se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Miraflores. Desde ya adelantamos que el dato no es nuevo. La dirigencia política de uno y otro bando sabía de las maniobras, pero aclaramos que aparte de Bulacios existen por lo menos diez proveedores elegidos por el propio gobierno para producir las estafas al erario.

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La hora de la verdad

Gran parte de las afirmaciones que se deslizan en esta nota, en apenas tres días de juicio, comenzaron a ser corroboradas por los testigos citados por el tribunal. Al menos tres de ellos, desafiando ser acusados de falso testimonio, dijeron que utilizaron sus nombres y documentos para justificar entrega de materiales de construcción o bolsones de comidas que nunca recibieron. Durante las próximas audiencias de juicio, lo descontamos, habrá expresiones parecidas a estas miserias ciudadanas que llevaba a cabo la política. Y, probablemente, surgirán los nombres de otros proveedores famosos que embolsaron sumas de dinero muy importantes. Si hasta las nuevas autoridades, radicales y “brizuelistas” ellas, que sucedieron a los acusados ya declararon que al hacerse cargo no encontraron nada. Nada de documentación. Ni siquiera los teléfonos. Todo se habían llevado para tapar la millonaria maniobra dolosa que se había cometido.

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La causa de la impunidad

Después de casi 20 años de trampas y triquiñuelas jurídicas, muchos se preguntarán cómo fue posible demorar el final de un hecho tan flagrante como el que relatamos.

Hay respuestas. La primera es que, a finales de 2011, cambió el gobierno. Y la segunda, quizá la más importante, es que en 2017 se modificó una Corte de Justicia totalmente partidaria, cuya mayoría (José Cáceres-Amelia Sesto de Leiva) fue nombrada por el castillismo. Durante más de 25 años el máximo tribunal manejó a piacere todos los actos de justicia y en las causas con tinte partidario jugó, invariablemente, a favor de sus mandantes. Durante un cuarto de simple, las acusaciones políticas terminaron en la nada manejadas por la cúpula del poder. Hace cinco años, en alguna medida, se terminó este poder omnímodo que ejercieron los ministros de la Corte que fueron llevados a juicio político y no perdieron el cargo por apenas tres votos de los legisladores (24 se inclinaron por la destitución y 17 para que permanecieran en sus cargos). Por decisión de la Legislatura, precisamente, se aumentó el número de cortesanos y al trío Cáceres-Sesto-Cippitelli (el único que fue nombrado por el extinto Brizuela del Moral) se sumaron Vilma Molina y Miguel Figueroa Vicario.

Sin esa variante, este juicio de las compras directas no habría llegado a sustanciarse.

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Más allá de Doro y Brandán

A principios de los 90, es bueno recordarlo, el pueblo y la Justicia castigó impiadosa y merecidamente al peronismo. Ignoramos cómo puede terminar este juicio, pero en verdad puede pasar a la historia como otra gran reprimenda a la casta política de la que nos habla todos los días Javier Milei. Todo dependerá del criterio de los jueces que trabajaron duramente para armar el juicio y, de plano, rechazaron el “plazo razonable” que esgrimieron los acusados para solicitar la extinción de la causa. 

Final. Una vez más dejamos en claro que no se trata de una causa contra Pablo Doro y Víctor Brandán, sino contra el gobierno que encabezaba Oscar Castillo a principios del siglo. Con la Justicia de su lado, comandada por la dupla cortesana, hasta aquí se pudo frenar el escándalo e ir pateándolo año a año. La situación nos lleva a plantear un gran interrogante: ¿Brandán y Doro se quedarán callados y aceptarán todos los cargos en su contra? ¿O se defenderán diciendo que fueron simples eslabones de la cadena de corrupción?

El Esquiú

Comentarios

5/2/2023 | 12:07
#149006
ya pasó con la DEFRAUDACIÓN AL ESTADO PROVINCIAL en el Ministerio de Educación de Catamarca. Pagó un chivo expiatorio (en realidad una oveja sacrificada para expiar el pecado) tal como dicen en inglés: Scapegoat. El hombre, hizo la gran De Vido no abrió la boca y cumplió su pena en prisión. Por lo cual, creo que ambos, o algunos más, no dirán nada y rogarán que en Octubre el gobierno cambie de manos también en Catamarca.

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