Ahora que se celebrarán los 40 años de vida en democracia, conviene recordar cuánto de ese retorno se debe a los héroes de Malvinas.

La dictadura cívico militar creyó, o quiso creer, que la guerra de Malvinas podía ser un certificado de renovación de su permanencia en el poder e incluso un carril para los planes políticos individuales de algunos de sus jerarcas, pero terminó siendo su certificado de defunción que, con un costo altísimo, aceleró el retorno de la democracia.

La “apertura” democrática venía pergeñándose a fuego lento, no solo por voluntad de los dictadores, sino también -y sobre todo- por la presión popular.

Pero a la hora en que los usurpadores del Gobierno le declararon la guerra a Gran Bretaña aún seguía, si bien con una menor intensidad, ejecutándose la tenebrosa represión ilegal y muchos de los políticos que luego retornarían a ocupar sitiales en el espacio democrático todavía estaban en los calabozos o restañando las laceraciones sufridas en las catacumbas de los centros clandestinos de detención.

Envalentonados por el repentino pero previsible renacido fervor patriótico de la sociedad, los militares imaginaron un futuro con apoyo popular, como si la aventura bélica ante una de las potencias planetarias y la armada con quizás mayor experiencia histórica -proveniente desde su época corsaria- fuera suficiente como para borrar el espanto instaurado el 24 de marzo de 1976.

La humillante rendición del represor Alfredo Astiz ante los ingleses, sin siquiera amagar con sacar el arma que sí blandió y gatilló contra víctimas de la dictadura, hundimiento del crucero ARA General Belgrano mediante, podría perfectamente ser la metáfora del letal nudo de la soga que se ciñó alrededor del cuello de la tiranía.

A partir del 15 de junio todo se precipitó y entonces aquellos que luego recibirían, mediante su paso por los tribunales que les negaron a sus víctimas, la condena como horrendos conductores del conflicto bélico y como genocidas, empezaron a abrir puertas buscando desesperadamente salvoconductos para su salida del poder.

La vorágine era incontenible. En tan solo una semana echaron a Leopoldo Galtieri de la Junta Militar, colocaron en su lugar a Alfredo Saint Jean (quien ni en sus más alocados sueños pensó ser por un rato Presidente), Cristino Nicolaides pasó a ser el hombre fuerte del Ejército (se encargaría de ordenar que las torturas a soldados en Malvinas fueran tratadas como “faltas disciplinarias”) y el 23 de junio Reynaldo Bignone fue entronado como jefe de Estado, y a la postre sería el último de facto.

El mes de julio nació con una novedad: se levantó la veda política. Y un mes después, el 4 de agosto, las Madres de Plaza de Mayo le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en el caso de más de 1.500 desaparecidos.

Como una trágica ironía, el mismo poder que se dedicó a guerrear enviando al frente a miles de mártires cuya suerte sabían de antemano firmó con Chile la extensión del tratado de no agresión de 1972 en la disputa por el Canal de Beagle. Una disputa que, como en el caso Malvinas, después también demandó la intervención del Vaticano, a través del cardenal Antonio Samoré, designado por el papa Juan Pablo II, el mismo que en 1982 viajó a Gran Bretaña y a la Argentina para tratar de parar la conflagración.

Los militares que ya se veían fuera del gobierno más temprano que tarde, se encontraron de golpe con una catarata de acciones de la población civil y las organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos que empezaban a tomar la fuerza de un vendaval. Así, el 23 de octubre de 1982 familiares de desaparecidos denunciaron el hallazgo de unos 400 cadáveres en fosas comunes en el cementerio de Grand Bourg, en el actual partido llamado, curiosamente, Malvinas Argentinas, creado en 1994 por la partición del distrito de General Sarmiento. Trascartón, una semana después, las Madres de Plaza de Mayo reclamaron al régimen militar que informe sobre el destino de millares de desaparecidos.

Si la dictadura, y especialmente los responsables de la guerra por las islas del sur, pensaron que el tema Malvinas iba a ser barrido por la erosión del tiempo, evidentemente estaban equivocados.

La euforia popular se había transformado en dolor e indignación tras la cobarde rendición de los jefes, las muertes de los chicos que apenas estaban pisando las últimas baldosas de la adolescencia cuando les pusieron un fusil en la mano, el olvido de esos mismos casi niños-jóvenes-veteranos que terminaron abandonados, y al día de hoy muchos de ellos suicidados.

Como cuando baja el agua de las inundaciones, empezó a verse todo el desastre que quedó debajo: la improvisación, el maltrato, la soberbia, las torturas a la propia tropa y sobre todo la cobardía de aquellos que se decían valientes cuando alzaban las armas en patota para matar compatriotas en lo que ellos bautizaron como “guerra sucia”, pero que ni las amartillaron cuando debían defender tierra propia en una guerra declarada, hecha y derecha.

Pero la que fue la última junta militar -Nicolaides (Ejército), Rubén Franco (Armada) y Augusto Hughes (Fuerza Aérea)- tenía un resto de iniciativa política y dispuso el 26 de noviembre de 1982 la creación de una comisión destinada a investigar la actuación militar en Malvinas. Estuvo presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach, uno de los jefes castrenses que en los ‘60 firmó un decreto ley prohibiendo las actividades peronistas.

Claro que ese trabajo tenía una trampa: sus conclusiones debían ser secretas. Muchos años después, la entonces presidenta Cristina Kirchner ordenó su desclasificación y, por ende, se permitió su publicación.

El 23 de octubre de 1982 familiares de desaparecidos denunciaron el hallazgo de unos 400 cadáveres en fosas comunes en el cementerio de Grand Bourg, en el actual partido llamado, curiosamente, Malvinas Argentinas

El llamado “Informe Rattenbach” fue lapidario con varios de los jerarcas de la guerra, entre ellos Leopoldo Galtieri. En el paper se recomendó, de acuerdo al Código Militar, la pena de muerte para los responsables de numerosos desatinos en el conflicto. Al final, fueron condenados a cárcel algunos de ellos.

Pero además del carácter de secreto, el informe tuvo otras manchas. Uno de los hijos de Rattenbach contó en 2006 que el trabajo había sido adulterado en algunos de sus contenidos para “alivianar” los cargos contra los acusados. Augusto Rattenbach contó que su padre le dijo, casi en su lecho de muerte, que “estuve leyendo el informe” -en referencia al que había sido remitido al Ejército y que luego volvió a tener en sus manos- “y han cambiado las hojas, las que corresponden a la actuación del capitán Astiz en las Islas Georgias”.

Efectivamente, los dictadores estaban pergeñando dos perdones mellizos: por Malvinas y por los crímenes de lesa humanidad, en este caso vía una autoamnistía.

El 1° de diciembre se abrió finalmente la puerta que todos estaban esperando: Bignone anunció que antes del fin de 1983 se iban a realizar las elecciones, después de casi 8 años de gobierno ilegal e ilegítimo.

El Esquiú.com