Hablar de la Justicia de Catamarca no es tarea sencilla. Relacionarla con la política mucho menos. Después del asesinato del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, resurgió el debate y, una vez más, las expresiones de conveniencia surgieron no de razonamientos serios, sino de posiciones extremas. Cuando ocurre tal cosa, las incoherencias brotan como agua del manantial y, desde la prensa, conviene aclararlas. Si esta no lo hace comete un pecado capital: omitir la verdad. 

Misterios y conjeturas 

Vamos por parte. La desgraciada muerte de Rojas está rodeada de misterios y las conjeturas van de una punta a la otra. Las mismas dudas de la clase política -no de la gente, más preocupada por penurias propias- parecen ser las que tienen los investigadores que, a cuatro meses del hecho, no encuentran la punta del ovillo. Trabajan a destajo, lo sabemos, pero no tienen resultados y lo hacen con una acechanza con la que no maridan bien. Es que el caso se ha politizado totalmente y la cancha luce embarrada. 

En ese marco, aprovechando impericias y errores formales evidentes, la oposición cargó contra el gobierno. Fue de menor a mayor. Primero planteó las dudas lógicas que generó el hecho. Que al descubrirse el cadáver, por ejemplo, la Justicia haya dicho oficialmente que se trató de una muerte natural y, en menos de 12 horas, se haya pasado a informar, autopsia de por medio, que se trató de un asesinato. 

Con el transcurrir de los días el ataque cobró virulencia. Dirigentes como Alfredo Marchioli -flamante titular de la UCR- o legisladores nacionales y provinciales (Fama, Monti, Manzi, Silvana Carrizo, etc) buscaron sacar arteras ventajas de un hecho de sangre. De esta forma apuntaron directamente contra el gobernador, al que responsabilizaron de pretender colonizar la Justicia nombrando a amigos y allegados a la fracción política que representa. Adujeron que para ello disolvió el Consejo de la Magistratura, aumentó el número de miembros de la Corte y creó una Comisión Evaluadora para que cocinara los concursos conforme al paladar del oficialismo. Avanzó aún más. Terminó hablando de encubrimiento y haciendo gestiones para que la prensa nacional sentara campamento en Catamarca a fin de construir un “Caso María Soledad II”. Hubo alguna movida, pero no pasó de escarceos que fueron desdibujándose porque el gobierno, desde un primer momento, fue quien ofreció la colaboración de la Policía, la Gendarmería y la ayuda del gobierno nacional para que la Justicia resolviera, sin que importaran nombres de jueces y fiscales que pudieron nombrarse en los últimos años. Hasta alentó la formación del Jury -situación consumada- contra uno de ellos (el fiscal Palacios) y acompañó a la familia en las caminatas del dolor. Concreta, certeramente, no hubo un solo acto de encubrimiento que pueda achacársele. Así las cosas, se trata de un tema que, más allá de la politización, corresponde a la Justicia. 

De ayer a hoy 

Ahora pasemos a los cargos y dardos que ensombrecieron el cielo judicial en los últimos días. Las acusaciones de copar el Poder Judicial por parte del gobierno no resisten un análisis serio, lo que no quita que el gobierno juegue sus fichas como más le convenga. 

Lo que arguyen radicales y asociados carece de objetividad y desborda incoherencias. 

Raúl Jalil no disolvió el Consejo de la Magistratura, ni aumentó el número de miembros de la Corte o modificó la ley electoral para la elección de las minorías en los concejos deliberantes. Todo eso lo hizo la Legislatura provincial con la colaboración de Juntos por el Cambio y, en forma especial, de la UCR. El oficialismo no contaba -ni cuenta- con los dos tercios para refrendar tamañas decisiones y el control de los números, por mandato popular, lo tenía la oposición. 

Por acuerdos secretos y non sanctos, un día cualquiera, el bloque de JxC que estaba presente en el edificio de la Legislatura recibió órdenes desde el exterior -no hace falta saber el nombre del poderoso emisor- de no participar de la sesión. El peronismo, con 23 presencias, quórum legal y la mayoría calificada, ni lerdo ni perezoso, aprobó en menos de una hora la derogación del Consejo de la Magistratura, la nueva composición de la Corte y las cuestiones electorales. En síntesis, sin reconocer la insólita capitulación, Juntos por el Cambio entregó la Justicia y hoy reniega de los movimientos oficialistas, mientras el mentor de la maniobra no aparece por ningún lado. Primera gran conclusión: no hay que llorar sobre la leche derramada. 

Pero hay algo mucho más reprochable. La falta de autoridad moral para ejecutar poco menos que sentencias políticas. 

El Frente Cívico, la cuna de Juntos por el Cambio en la provincia, fue quien verdaderamente colonizó la Justicia por más de 25 años y cometió atrocidades que la armada de estos tiempos quiere soterrar sin que nadie se lo recuerde. 

¿Olvidan que la Corte formada en 1991 y reforzada más tarde por Amelia Sesto de Leiva hizo y deshizo como quiso en los casos, crímenes incluidos, que podían perjudicar al Frente Cívico? ¿Alguien se imagina que la estafa “compras directas” pudo llegar a juicio y generar sentencias sino se cambiaba aquella Corte de tres miembros? 

Escandalizan por la disolución del Consejo de la Magistratura, pero no dicen que este se creó por la ley 5012 del 25 de octubre de 2000 que recién se publicó en el Boletín Oficial el 1 de diciembre de aquel año. Antes, sin concurso alguno, fue nombrada el 95% de la actual Justicia. Por las dudas, añadimos que la Intervención Federal puso a todos los jueces en comisión y el Frente Cívico que asumió en 1991 los mantuvo hasta que fue confirmando a algunos, desplazando a otros sin Jury y designando, sin Consejo de la Magistratura o algo parecido, a los nuevos de acuerdo a la Constitución. Es decir, por elección de los exgobernadores Arnoldo y Oscar Castillo con confirmación de la Cámara de Senadores, que presta el acuerdo. 

Incluso después de formarse el famoso Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial mantuvo sin convocatoria a concurso a varios magistrados. Era la época en que José Cáceres, como eterno mandamás de la Corte, aplicando el artículo 218 de la CP, cubría las vacantes argumentando que el gobierno de sus simpatías no llamaba a concurso. 

En fin. Lo que está mal, está mal para todos los tiempos. No se borra. Eso debería aprender el actual gobierno para que en el futuro sus decisiones -errores o jugarretas- no se le vuelvan en contra. Es el boomerang que le toca soportar a la actual oposición. 

Más allá de todo queda claro que el crimen de Rojas no es un hecho aislado, pero es la Justicia la encargada de dar respuesta a la familia y a la sociedad. Está siendo hora que lo haga. 

El Esquiú.com