Por alguna razón, campaña tras campaña, parte de la oposición se empeña en recurrir a las mismas armas argumentales en la previa de las elecciones. No se trata ya de señalar errores del Gobierno u ofrecer la visión más pesimista posible de la realidad, algo lógico que en definitiva hacen todas las oposiciones del mundo; sino de intentar ataques personales siempre enfocados en la misma dirección. Concretamente, el esfuerzo se concentra en sugerir que existen vínculos entre los candidatos oficialistas de turno y el oscuro terreno del narcotráfico, las drogas, el submundo del comercio de estupefacientes. Es curioso que se insista tanto con ese método, más allá de cualquier valoración ética, por un motivo más evidente: nunca les dio resultado. Las drogas como eje de una estrategia de desprestigio han demostrado tener una incidencia nula en el electorado, pero desde que el desaparecido Frente Cívico y Social perdió el poder prácticamente ninguno de los candidatos del sector se resistió a la tentación de echar mano a ese sombrío mundo con la ilusión de elevar su propia figura o su nivel de aceptación en la consideración pública, a fuerza de dañar la imagen ajena.

Realidades

La circulación, comercialización y consumo de ese conjunto de sustancias ilegales popularmente denominadas como “drogas”, forma parte de la realidad catamarqueña, como forma parte de la realidad del resto del país y del mundo. Aquí estamos muy lejos del trágico panorama que atraviesan lugares como Rosario o el Conurbano bonaerense, pero no se trata de una competencia para determinar quién está peor ni de minimizar la cuestión buscando ejemplos peores. El problema existe. Quien quiera hallar casos resonantes o antecedentes en los últimos diez años, claramente los encontrará... pero también los encontrará en la década anterior y en la anterior. Pretender que este gravísimo flagelo es responsabilidad de un gobierno o de un color político es, además de malicioso, por completo falaz. Gobernaba aquí una alianza liderada por el radicalismo cuando se halló más de una tonelada de cocaína en el operativo “Café Blanco”, en su momento el mayor secuestro de drogas en la historia nacional. Y el mismo ejercicio podría hacerse en cualquier provincia del país: este vil e ilegítimo negocio es tristemente transversal a la vida institucional o partidaria. Sería tan injusto señalar al peronismo por el problema de las drogas como lo sería señalar al radicalismo, al macrismo, al comunismo o a cualquier otra fuerza. La verdad es que detrás de los asquerosos e inescrupulosos criminales que se enriquecen con esa venenosa mercancía, se provoca un daño terrible a personas inocentes, muchos de ellos jóvenes que caen en las garras del consumo, con los irreparables perjuicios que ello ocasiona a su propia salud, a sus familias y a la comunidad toda. Sería muy positivo que las fuerzas políticas en general, y los dirigentes políticos que ejercen liderazgos en particular, entiendan que se deben unir fuerzas para combatir este problema, en lugar de procurar utilizarlo en beneficio propio.

El caso Alanis

En los últimos días el tema resurgió -políticamente- por un nuevo episodio protagonizado por Ariel Alanís, a quien extraoficialmente se vinculó hace algunos años con el intendente Francisco Gordillo (por confusos rumores sobre la propiedad de un vehículo, sin consecuencias judiciales para el jefe comunal hasta la fecha), y por extensión al peronismo. La verdad histórica es bastante diferente, ya que Alanis fue funcionario radical, nombrado en la época de los Castillo, lo cual no es señal para acusar a nadie: por el contrario, abona el concepto de que no deben confundirse cuestiones partidarias con acciones delictivas. Cuánto más interesante y saludable sería que oficialistas y opositores acordaran políticas conjuntas para luchar contra el flagelo de las drogas, en vez de ensuciar un debate que debería ser de propuestas, proyectos e ideas, con sugerencias que parecen florecer desde la pura y exclusiva mala fe.

Punto de encuentro

Entre tantas peleas y discusiones que se motorizan entre representantes catamarqueños del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, hay un punto en el que parece no haber fisuras: el litio. La idea de nacionalizar este mineral no metalífero tan demandado, es rechazada en forma unánime por comprovincianos de ambas fuerzas mayoritarias. Es una postura ya anticipada, y que se sostiene desde los primeros amagues nacionales por cambiar las reglas de juego, algo que se sugirió primero como idea y luego se formalizó con un proyecto ya ingresado al Congreso de la Nación. El asunto se revitalizó con el discurso del pasado jueves de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien cuestionó la “vocación de colonia” de quienes se oponen, entre ellos los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (peronista); de Salta, Gustavo Sáenz (peronista) y de Jujuy, Gerardo Morales (radical). Aquí no hay grieta que valga, porque los jefes de Estado norteños no tienen la menor intención de ceder el manejo de esos recursos naturales, y hace ya tiempo que crearon la Mesa del Litio para defender su posición en forma coordinada. Aunque el tema se reinstale periódicamente, alentado ahora por las decisiones de países vecinos como Chile, México y Bolivia; hay que recordar que en este caso Catamarca y sus aliados tienen una posición más que sólida, porque la pertenencia de esos recursos está determinada en la Constitución Nacional y no se deja margen a las dudas: el litio es de las provincias.

Pionera

En el párrafo de los Recuerdos, puede mencionarse que hace 20 años asumía, como presidenta del Banco de la Nación Argentina, Felisa Miceli. Una noticia que hoy no parece tener mayor relevancia, pero en su momento fue histórica, porque se trató de la primera mujer en ocupar ese cargo. Y no se detendría allí, ya que años más tarde sería también la primera mujer de la historia en asumir al frente del Ministerio de Economía de la Nación. En el Nación, entre 65 presidentes que hubo en la historia, sólo se cuentan cuatro mujeres. Llegaron tres nombramientos después de Miceli, incluyendo a Silvina Batakis, actual titular. En Economía, hubo 129 ministros en la historia del país, y sólo dos fueron mujeres: Miceli y Silvina Batakis, que estuvo apenas 24 días. Su paso por la cartera de Hacienda, nombrada por el presidente Néstor Kirchner, fue muy bueno. Desde su cargo apoyó la decisión del gobierno de pagar totalmente y sin negociación al FMI, cancelando la histórica deuda. Durante su gestión se produciría un crecimiento continuo en las reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc. Las reservas del BCRA finalizaron con un aumento de 4000 millones de dólares, y logró la estabilidad cambiaria (un dólar, tres pesos). Todo terminó cuando le hallaron una bolsa con dinero en el botiquín del baño de su despacho. Se inició una investigación y presentó la renuncia a su cargo. Había afirmado en una entrevista ante la prensa que la mayor parte del dinero hallado se la había prestado su hermano y que lo había guardado temporalmente en el baño para luego depositarlo en el banco, pero luego cambió su versión. Fue condenada en 2014 por “administración fraudulenta” a una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El Esquiú.com