Cuando ha pasado más de un año de quedar al descubierto la millonaria estafa de quienes, con criptomonedas, prometían soluciones mágicas para los ciudadanos -ricos que sabían cómo terminaba “la joda” y pobres incautos que escucharon los “cantos de sirena” de un amanecer de bienestar y facilidades-, las esperanzas que los damnificados recuperen el dinero, con cada noticia que llega desde la Justicia, se desvanecen en la resignación de saberse engañados por inescrupulosos que les prometieron “el oro y el moro” sin garantía alguna. Lo peor es que la mayoría de los imputados gozan de beneficios que, en proporción al daño causado, son caricias.

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La última “mala noticia” tuvo que ver con Sofía Piña, la ex del cerebro de la organización delictiva -Edgar Bacchiani-, que hasta ahora gozaba de prisión domiciliaria y, a instancias de la Fiscalía, fue excarcelada por el juez. Participación excluyente en la medida tuvo el fiscal Vehils Ruiz que, por decisión de la Cámara de Tucumán, reemplaza a Santos Reynoso en tan delicado cometido. Tanto malestar produjo la medida que la amplia mayoría de los querellantes mostraron una pasividad que no refleja la desesperación de los representados. Un caso similar había ocurrido con el abogado Lucas Retamozo, conocedor profundo de cómo se cocinaba el delito. Pasó de la cárcel de Miraflores a una situación de “preso a domicilio” que suena a chiste. Una vez más, la Fiscalía puso los piolines para atar de manos al juez.

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Pasa el tiempo, lo repetimos, y la plata no aparece. Es más. Los responsables de la maniobra no viven nada mal. Prácticamente ya no hay presos “cripto-estafadores en Miraflores y, de arriba para abajo, han recibido beneficios vedados para reos comunes.

Esto de la “prisión domiciliaria”, por más que existen recomendaciones médicas que ya sabemos cómo se consiguen, no convence a nadie. Por ello, hay fundadas sospechas que antes que la causa sea elevada a juicio, todos (los clanes Bacchiani y Bulacios a la cabeza) estarán en libertad. ¡Una vergüenza!

El Esquiú.com