El remedio federal

Los más caracterizados dirigentes de las fuerzas opositoras, nucleadas en la alianza Juntos por el Cambio, salieron el último lunes en una conferencia de prensa conjunta, a reclamar la intervención federal de la Provincia, al sostener que está en riesgo la institucionalidad. La reacción surgió a partir de la absolución del fiscal Laureano Palacios, quien enfrentó un jury de enjuiciamiento por su desempeño en la investigación del crimen de quien fuera ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. La Unión Cívica Radical (UCR) con sus diferentes vertientes internas, Propuesta Republicana (PRO) y la Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) se sumaron a la iniciativa, que en su presentación pública (se dijo que habrá continuidad con la presentación de proyectos formales), reunió a cinco declarados precandidatos a gobernador: Francisco Monti, Flavio Fama, Roberto Gómez, Rubén Manzi y Víctor Quinteros. En resumen, una movida sin dudas fuerte, que el oficialismo minimizó como una simple “chicana” de campaña, pero que merece un análisis más detenido.

Motivaciones

En un proceso preelectoral como el que vive Catamarca, es imposible desprenderse del contexto para evaluar lo que sucede.

¿Hubiera la oposición formalizado el mismo planteo sin una elección a dos meses de distancia? ¿Es el pedido de intervención la expresión de una preocupación legítima o una maniobra para explotar al máximo las secuelas del incidente Palacios en beneficio propio? ¿Se encuentra verdaderamente en riesgo la institucionalidad de la provincia? No hay por qué dudar de la honestidad intelectual de quienes decidieron hacer público su planteo. Descartemos entonces una jugada mediática como único fin del pedido de intervención. Ahora bien, ¿es tan grave la situación como ellos la plantearon? Como suele ocurrir, quizás la realidad marche por un camino intermedio, y no se trate ni una crisis terminal en la que se derrumba la Provincia, ni de una chicana irrelevante como retruca el oficialismo. El punto de partida es un hecho objetivamente gravísimo, como el crimen de un ministro, algo que no admite discusión alguna. Pero los escalones siguientes, en muchos aspectos, no son más que especulaciones de la oposición, cuando no hechos tergiversados. Por caso, que Palacios fue designado a dedo, cuando su pliego ha sido aprobado por los propios legisladores opositores y siguió todos los mecanismos y procedimientos previstos por ley. Por otra parte, el jury se realizó, y señalar por la absolución que el dictamen es el pago pactado a cambio de silencio, ya ingresa en un temerario terreno de suposiciones sin más respaldo que cualquier otra opinión. Si concedimos a la oposición considerar que su planteo fue legítimo, del mismo modo se puede considerar que quienes votaron a favor de restituir a Palacios en su cargo lo hicieron por honestidad intelectual, porque tras estudiar todos los elementos obrantes concluyeron en que no le cabe responsabilidad por mal desempeño.

Reminiscencias

Mucho habló la oposición en los últimos meses de reeditar la experiencia del Frente Cívico y Social que, con el radicalismo como columna de aquella alianza, gobernó veinte años Catamarca. Si aquella experiencia fue impulsada por un crimen y una intervención federal como génesis, se requiere un esfuerzo sobrehumano no asociar aquellos acontecimientos con estos que se quieren forzar. No se trata de una relación antojadiza: en la propia conferencia de prensa se pidió revisar aquel episodio y se trazó un paralelo. Pero la historia de las intervenciones federales revela en Argentina que apenas una ínfima parte respondió a la real necesidad de devolver la institucionalidad y las garantías republicanas a un distrito: la mayoría de las veces se aplicaron por intereses específicos y por venganza política lisa y llana. Es por eso que hace décadas que nadie reclamaba los remedios federales, y es por eso que la extrema medida se redujo drásticamente desde la recuperación definitiva de la democracia, hace ya cuarenta años.

Un poco de historia

La intervención federal es una instancia prevista en el artículo 6° la Constitución Argentina ante una situación de conflicto en una o varias provincias en caso de una invasión exterior, invasión de otra provincia o destitución de sus autoridades. Funciona como garantía federal, esto significa que el Estado federal asegura y protege las autonomías provinciales en el marco de la forma federal propia del sistema. En Argentina se desnaturalizó esa facultad, hasta convertirla en una herramienta política desleal, útil para desplazar a alguien electo simplemente porque no era del agrado del poder central. En otras palabras, para recuperar el dominio de distritos ganados por opositores. Entre 1880 y 1916 hubo 40 intervenciones federales, 25 resueltas por el Congreso y 15 por simple decreto presidencial. Hipólito Yrigoyen intervino seis provincias, y lo hizo siempre por decreto, sin autorización del Senado.

Marcelo T. de Alvear siguió el mismo camino, e intervino 10 provincias. Tras el golpe, Félix Uriburu no anduvo con vueltas y las intervino a todas menos Entre Ríos y San Luis. Luego del Golpe de Estado de 1955, se instaura la dictadura auto titulada Revolución Libertadora, que interviene todas las provincias del país. Y ni hablar de Arturo Frondizi tras las elecciones de 1962, que intervino las 10 provincias en que había ganado el peronismo. La sumatoria de intervenciones federales en el país supera las 170.

Catamarca fue intervenida ¡35 veces!

Última etapa

Desde la recuperación de la democracia en 1983, hubo poquísimas intervenciones. Raúl Alfonsín, por ejemplo, no intervino ninguna provincia. Carlos Menem intervino Tucumán y Catamarca con tres meses de diferencia en 1991 (la última intervención que vivió esta provincia), y más tarde repitió en Corrientes y Santiago del Estero. Fernando de la Rúa volvió a intervenir Corrientes y Néstor Kirchner lo hizo en Santiago del Estero en 2004, en la última intervención federal resuelta en el país, hace casi 20 años.

La práctica se dejó de lado casi por completo, entre otras razones, porque rara vez fue una solución. Pero puede avanzarse en la hipótesis un paso más. Si el fiscal Laureano Palacios hubiera sido destituido, ¿también se hubiera pedido la intervención? Ciertamente no se habría celebrado desde la oposición el funcionamiento de la justicia, pero quizás queda en evidencia que se le otorga a la evaluación de un fiscal en particular una dimensión más grande la que en verdad tiene. Y ni siquiera alcanza como detonante. Porque podrán ahora buscarse más razones que justifiquen la embestida, pero es al menos raro que descubran que con Raúl Jalil se desmorona el republicanismo, justo a dos meses de los comicios y a unos 180 días de que concluya su mandato.

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Todo ello se marca desde la simple observación periodística, por no mencionar otras incongruencias evidentes, como la diferencia de las varas con las que se miden la actuación de la Justicia local y las descomunales irregularidades de la Corte Suprema de Justicia, cuyo comportamiento también condujo a un juicio político, que sin embargo no halló respaldo alguno en el sector político que aquí pone el grito en el cielo. Se hace entonces muy complejo rechazar la posibilidad de que algún interés político influya en las miradas que se ofrecen.

Sigue la espera

Las campañas se intensificarán semana a semana, hasta llegar a octubre. Proliferarán más gestos indignados, más quejas, más acusaciones y más denuncias. El juego de la política incluye esos condimentos, potenciados hasta el infinito en los últimos tiempos. Cada quien busca votos con el método que quiera. Pero tal vez, en algún momento, también sería interesante que se ponga alguna propuesta sobre la mesa, algún proyecto, alguna idea para conquistar al electorado. Aunque sea para variar.

El Esquiú.com