Hace poco más de una semana, el Gobierno nacional dispuso la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante el Decreto 953/2024 y anunció la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Para unos, un cambio cosmético de impacto mediático que no altera el sistema recaudatorio, más allá de algunos efectos laterales como el que generó en Catamarca, donde el ARCA local tuvo que cambiar su nombre a Arcat para evitar confusiones. Como la antigua AFIP, el ARCA nacional tiene idéntica función: la gestión de los recursos tributarios y aduaneros. Nación lo fundamentó con el argumento de “optimizar los recursos, simplificar funciones y reducir la sobredimensión que había adquirido la estructura de la AFIP”, para ofrecer a cambio “una solución para mejorar el control tributario y aduanero mediante una operatividad más ágil, en línea con las políticas de reorganización y transparencia administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo”. Muchas dudas surgieron en torno a este cambio y las respuestas no se manifiestan con claridad, tanto que al darse a conocer la medida no se aceptaron preguntas de los periodistas acreditados, como sí se suele hacer habitualmente.
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El discurso oficial pintó de épico el cambio de nombre, al sostener que “a lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones completamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más, ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirles qué hacer con su propiedad. La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero”. Simultáneamente, se informó que con el cambio se reducen en un 45% los cargos superiores y en un 31% los inferiores. En total, se eliminarán el 34% de los cargos públicos de la estructura, además de traslados y despidos de trabajadores.
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Lo que hasta aquí omitió mencionar el Gobierno es que toda la estructura y el funcionamiento de AFIP lo pagaron siempre las provincias, mediante la cesión obligatoria del 1,9 por ciento del monto coparticipable, que supuestamente Nación destinaba a sostener el organismo. Ahora el organismo desapareció, pero nada dijo Casa Rosada de reintegrar ese dinero. Y es mucho dinero: miles de millones. Por mencionar un ejemplo, es más de cuatro veces lo que se destina al Conicet. Ya comenzaron los reclamos. Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno nacional les regrese a las provincias ese 1,9% de impuestos coparticipables que utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para financiarse. ¿Lo devolverá Nación? ¿O usará la cifra para engordar su dibujo de superávit, como con la retención de tantos otros fondos que no le pertenecen?
El Esquiú.com