Jueces vinculados a un sector político, causas judiciales utilizadas como herramienta mediática-partidaria, circo judicial, ausencia de pruebas, condenas decididas de antemano y medios subordinados al poder político son algunos elementos de un fenómeno denominado “lawfare”, que podría traducirse como “guerra jurídica”. Esta modalidad se expandió en los últimos años en Latinoamérica con sistemática precisión, y para los principales analistas muestra como ejemplos más elocuentes los casos de Ecuador, Brasil y Argentina. Es en definitiva la manipulación de leyes y noticias para torcer un rumbo político mediante la destrucción pública de determinados adversarios. Se nutre de acusaciones con mucho impacto y poco sustento, puestas en manos de magistrados y fiscales amigos de un Gobierno, todo con maniobras reforzadas por un aparato de prensa que tome rápidamente posición en cualquier causa.

El método es tan singular que apunta a la aniquilación del adversario político, sin necesidad de que sea judicialmente condenado, ya que el proceso en sí mismo es suficiente para despedazarlo. El fenómeno se presenta cada vez en más países, con una paradoja notable, ya que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos mandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder. Estos métodos convierten en un recuerdo obsoleto el principio de la división de poderes, y sirven al mismo tiempo para desviar la atención del electorado de los problemas de la gestión vigente, toda vez que se alienta la indignación general y se concentra la atención en hechos pasados que permiten esconder el presente, y digitar el rumbo de la opinión pública.

Legisladores de Unión por la Patria denuncian por estos días que  el lawfare se aplica a toda orquesta contra Cristina Fernández de Kirchner, blanco predilecto de justicia y prensa desde hace varios años. Conociendo el rol al que involuntariamente está expuesta, parte de la dirigencia se cuestiona si fue un acierto empoderarla orgánicamente como la máxima autoridad del Partido Justicialista, a sabiendas de que todo lo que suceda afectará a la fuerza de una manera u otra; además de ofrecer al oficialismo el argumento de que busca protegerse de la andanada de acusaciones judiciales y mediáticas. Son nuevos capítulos de una historia vieja, con los mismos actores y los mismos métodos. Y a pocos parece interesarles saber a quién le asiste la razón. Lo concreto es que el peronismo necesita salir de la lógica de discusión en la que está entrampado, y con su presidenta envuelta en el circo le resultará más difícil. El lawfare goza de buena salud, y en las vísperas de este próximo episodio, todo indica que las ganancias se apuntarán -al menos en el discurso- para quienes diseñaron el laberinto.

El Esquiú.com