Y terminó la novela de la interna peronista, resuelta lejos de las urnas y los afiliados, con una serie de trámites judiciales que restan toda épica y emoción a lo que en definitiva será el desembarco de Cristina Fernández de Kirchner como máxima autoridad del partido a nivel nacional. La fría crónica dice que se presentaron dos candidatos, la propia Cristina y el riojano Ricardo Quintela, para conducir al peronismo. La Junta Electoral no oficializó la lista de Quintela por falta de avales. El caso llegó a manos de la jueza María Servini de Cubría, quien en pocos días le dio la razón a la Junta Electoral y fin de la historia. Quintela no apelará la decisión, por lo que el caso está cerrado. Con lista única, no hay más que discutir y Cristina será proclamada presidenta. Quintela volverá a enfocarse en la gobernación de La Rioja, y no se habrá avanzado un paso para el reordenamiento partidario.

Muchas dudas

El fallido proceso deja muchos interrogantes. No referidos a la legalidad del proceso, que fue público y al ser acatado por el propio candidato desplazado despeja cualquier objeción. Las dudas llegan de la mano de la legitimidad política, precisamente la debilidad que el peronismo quería saldar con una elección que mostrara supremacía de un dirigente para acomodar al resto. Y eso no sucedió. Cristina no le ganó la interna a nadie, no hubo competencia. Tampoco generó un respaldo masivo ni nada que se le parezca, no hubo diálogo, no integró a nadie. Exhibió el apoyo que tuvo siempre, el de su sector, el de los incondicionales. Valioso seguramente, pero insuficiente a todas luces cuando el objetivo es convocar a todos los sectores que se alejaron por estar en desacuerdo con ese mismo núcleo que impuso su voluntad. En la formalidad, el PJ tendrá al fin un presidente tras la traumática salida de Alberto. Políticamente, todo sigue en foja cero. Cristina conduce a los suyos, si podrá conducir al resto está por verse. Porque muchos le facturan a Cristina que fue ella quien condujo dos procesos que llevaron al peronismo directo a las derrotas ante Mauricio Macri en 2015 y Javier Milei en 2023. ¿Por qué creer ciegamente en que ahora es la garantía de triunfo? ¿Por qué no dudar de la sabiduría de un liderazgo que ha chocado ya un par de veces? Esta es una realidad innegable, y desde ese punto de vista la primera perjudicada por la ausencia de elecciones internas es la propia Cristina. Porque ella podría haber superado, con un triunfo ante Quintela, una serie de objeciones que hoy permanecen de pie. La victoria ofrece posibilidades de mando que en la derrota entran en crisis. Buena parte del peronismo se rebela porque ha observado que nada cambió en los procedimientos, y ante la sospecha de que el mecanismo de siempre se aplicará para definir candidaturas para el año que viene, preferirá jugar por afuera. Por su puesto que también existe la posibilidad de que Cristina reagrupe la fuerza, pero la tarea asoma titánica y de resultado incierto.

Recuerdos

Hace 29 años, en la mañana del 3 de noviembre de 1995, se iniciaron en la Fábrica Militar de Río Tercero (Córdoba) una serie de explosiones que se extendieron a lo largo de todo el día, causando la muerte de siete personas, todas ajenas a la planta, ya que ninguna de las 400 personas empleadas presentes durante el siniestro resultó muerta. Fue una escena de guerra, el horror mismo. El siniestro causó también lesiones a más de trescientas personas, la mayoría de las cuales se encontraban fuera de la planta,? donde hubo un solo herido grave. Las detonaciones causaron pánico y desconcierto. Miles de personas huyeron con lo puesto de la ciudad hacia los pueblos vecinos, donde se instalaron en las plazas y casas de vecinos solidarios, que los apoyaron con alimentos, agua y acceso a los teléfonos para poder comunicarse con sus seres queridos. Fueron destruidos el establecimiento y parte de la ciudad. El presidente Carlos Menem juró que había sido un “accidente”. En 2014 el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 dictó la sentencia sobre el caso, condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares, todos ellos ingenieros y militares retirados, a penas de trece y diez años de prisión, por el delito de estrago doloso (intencional) agravado por la muerte de personas.? El tribunal concluyó también por unanimidad y con plena certeza que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995. Nunca más, en ninguna festividad y desde hace tres décadas, en Río Tercero volvió a utilizarse pirotecnia, tal el trauma que sufrió la comunidad.