El Gobierno nacional descartó finalmente la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso para lo que resta del mes y tampoco se llamará a sesionar en enero. Queda como última posibilidad que se convoque para febrero, o las sesiones ya pasarán directamente para marzo, cuando comience otro año legislativo. Para entonces ya habrá transcurrido buena parte del 2025 y el país seguirá sin Presupuesto, aunque de todas maneras no estaba en el temario que se barajaba preliminarmente para que trataran los legisladores. “No tenemos acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias”, dijo escuetamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien recordó que el oficialismo es “minoría” y depende de “preestablecer acuerdos” que hoy no tiene. Una decisión singular, que entre otras cosas marcha contra lo anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien hace pocos días “confirmó” la decisión del Poder Ejecutivo de convocar al Congreso a sesiones desde el 5 al 27 de diciembre. En resumen, eso no sucederá, y Argentina no tendrá Presupuesto. Para casos extremos como el actual, se contempla la posibilidad de aplicar el Presupuesto anterior, pero en 2024 Argentina tampoco tuvo Presupuesto, de modo que debería trabajarse en base a los números y previsiones de 2023, aprobados a su vez a fines de 2022. Un completo delirio de cifras y cálculos obsoletos, que equivale a la total ausencia de previsión.

¿Cuál es el detalle saliente entre todas las implicancias de la ausencia presupuestaria? Que su elaboración es un mandato constitucional desde la Reforma de 1994, que en Inciso 8 del Artículo 75 impone “Fijar anualmente (…) el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”, entre otras razones para que el Congreso lo defina, lo corrija de ser necesario y lo apruebe, el Ejecutivo acate y las provincias tengan una hoja de ruta de los compromisos nacionales con gastos, aportes y obras asignadas para cada una. Todo ello recordando que los fondos que maneja Nación, no son otra cosa que la reunión de todo lo que le aportan las provincias.

A todo esto, el presidente Javier Milei hizo un enorme circo en septiembre para “presentar el Presupuesto 2025” que nunca llegó al Congreso. Queda claro que la extensión del presupuesto 2023 por segundo año consecutivo, prórroga de la prórroga que no tiene precedentes, otorga al Ejecutivo total discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Pero es más grave que eso, es una violación a los mandatos constitucionales. El sistema presupuestario en la administración nacional no es una teoría de Milton Friedman, Murray Rothbard, ni de ningún otro economista utilizado para bautizar mascotas: es una ley nacional. Cuando un Gobierno nacional no sólo elige qué hacer con el dinero de todos, incluyendo el que no le pertenece, sino que elige qué leyes cumplir y cuáles pasar por alto, estamos ante un serio problema. Si el objetivo de MIlei es, según dijo, destruir el Estado desde adentro, va por muy buen camino.

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