Se dio finalmente media sanción en el Congreso al proyecto que establece la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles obligatorios, norma que se convertirá en ley si también la acompaña el Senado. Se puede considerar tras una primera mirada que la decisión es buena, ya que la declaración de esencial sugiere que se eleva y se otorga mayor importancia al proceso de enseñanza y aprendizaje, pero en realidad la propuesta es una de las más controvertidas, y muchos educadores sostienen que hay segundas intenciones detrás del declarado propósito de garantizar las clases en los días de paro docente. La discusión germinó durante la pandemia, cuando en medio del encierro y el aislamiento general, comenzó a debatirse sobre los pro y los contra de mantener las escuelas cerradas. Es difícil traspolar al presente matices tan complejos y especiales como los que presentaba el contexto de pandemia, pero el impulso sobrevivió y aquí está la ley con media sanción.

Esa ley impone a las provincias la obligación de garantizar el ejercicio del “derecho a la educación” en todo el ciclo lectivo escolar durante días de paro docente y no docente. Para ello establece un sistema de “guardias mínimas educativas” que garantice un 30 por ciento de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá llegar a la mitad cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase. Cómo asegurar esa cobertura será tarea de los directivos de cada escuela. Resumido: se acabaron los días “sin clase” o las aulas vacías por paro docente.

No hace falta decir que los impulsores de la ley fundamentan la decisión en la defensa de los alumnos, para evitarles los perjuicios y retrasos formativos que implica la pérdida de clases ante cada conflicto gremial o salarial de los maestros. Pero detrás de ese objetivo noble, se denuncia la intención de debilitar a los gremios y por ende a los docentes, limitándoles el derecho constitucional de huelga, y se pone en duda que el fin real sea mejorar la educación. Sobre este punto, se observa que las políticas nacionales no vienen a fortalecer la enseñanza, sino a mutilarla, por ejemplo, a través de salvajes recortes presupuestarios, la eliminación del Fonid, falta de equipamiento escolar, capacitaciones y herramientas de trabajo. Son argumentos a considerar, porque impedirle protestar a un docente para que se vea obligado a vivir con salarios que cubren a veces un tercio de la canasta básica… no parece la mejor manera de respaldar la educación. Visto así, “esencial” parece haberse elegido para el título del proyecto solo porque es una palabra que suena bonita.

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