Como era previsible, el Gobierno de Javier Milei se está haciendo un festín con la denuncia de Fabiola Yáñez, quien expuso en la justicia haber sido víctima de violencia de género por parte del expresidente Alberto Fernández. Con la denuncia formalizada, ya nadie pareció necesitar que la investigación avance, que el acusado se defienda ni que se cumplan los procesos legales para ensayar alguna conclusión. Sin demora, desde el presidente de la Nación hasta el último legislador libertario, macrista, etc., salieron eufóricos a sacar provecho político del episodio. El detalle es que no se lo consideró como un acto repudiable pero individual, sino como herramienta suficiente para descalificar toda una política de género, tildándola de hipócrita. Por esa pirueta argumental, quienes eliminaron el Ministerio de la Mujer, el Inadi y el Salón de las Mujeres de Casa Rosada, entre otras decisiones contrarias a la defensa de los derechos de la mujer, plantean ahora la hipocresía del sector político que levantó esas banderas. Un razonamiento calculadamente precario, que ha sido constante en la cosmovisión libertaria, alimentada de dicotomías sin matices, huyendo de todo debate con sentencias absolutas, donde cualquier detalle sirve para justificar las medidas más nefastas. Si identifica alguien que percibía una ayuda irregularmente, se elimina esa ayuda para todo el mundo; si detecta un trabajador que no asistía a cumplir su tarea, se cierra todo el organismo, etc.

Si Alberto Fernández tuvo una conducta violenta con su pareja, es responsabilidad de Alberto y tendrá que atenerse a las consecuencias. Suponer que ese caso invalida toda la acción estatal en defensa de las mujeres y contra la violencia de género, y por tanto todo el que adhirió a esas políticas es hipócrita, es una línea de pensamiento insostenible; tanto como decretar que todo aquel que haya trabajado contra la violencia de género es inútil y cualquier acción en ese sentido debe suprimirse porque se presentó un caso. Es una postura imposible de tomar con seriedad, ya que cae por su propio peso, es como cerrar todos los hospitales por un caso de mala praxis médica.

Es lamentable que se utilice un episodio tan serio para hacer politiquería, y que se tache de hipócritas a quienes trabajaron tantos años para terminar con uno de los mayores flagelos de nuestro tiempo. En todo caso, es más hipócrita rasgarse las vestiduras por lo que sucede en Venezuela denunciando los atropellos a los derechos humanos en la gestión de Nicolás Maduro, y al mismo tiempo ir a la cárcel a abrazarse con los genocidas, con la promesa de gestionarles la libertad o una cómoda estadía domiciliaria para cumplir sus condenas.

El Esquiú.com