Ordenamiento necesario

La revisión del manejo económico de los municipios, impulsado por el Gobierno provincial, encontró alguna resistencia y planteos de quienes consideran que podría suponer un avance poco saludable sobre la autodeterminación de las diferentes comunas. Sin embargo, las quejas no resisten demasiado cuando se desmenuzan los pormenores de la mayoría de las administraciones municipales, incapaces de sostenerse por sí mismas. Los municipios, en una abrumadora mayoría, requieren el auxilio constante de Provincia, no ya para encarar alguna obra significativa, sino para asumir gastos corrientes, tan básicos como el pago de sueldos y aguinaldos a sus propios empleados. Es posible también que existan responsabilidades compartidas en el camino que llevó a este punto, pero de poco sirve ahora ponerse a discutir si fue primero el huevo o la gallina. La realidad es que el sobredimensionamiento de personal que enfrenta el Estado provincial, hijo de décadas de nombramientos indiscriminados, se presenta a escala en cada comuna. Plantas enormes de funcionarios, de puestos políticos, de personal fijo, de becados, gastos funcionales que se salieron en muchos casos de control, y que hoy los intendentes no pueden corregir. Necesidad real de ofrecer trabajo, utilización de nombramientos como herramienta de conquista de votos, ayuda social encubierta ante la ausencia de oportunidades en el sector privado, acomodos, clientelismo... de todo un poco confluyó en la Catamarca del último medio siglo para llegar a esta situación, que no permite distinciones partidarias porque todos los gobiernos participaron en el proceso. Provincia procura ordenarlo, y ofreció un régimen de retiros voluntarios para comenzar a depurar su planta. Los municipios pronto transitarán un camino similar. Porque es un hecho que en algún momento se deberá revertir la tendencia para que el Estado no colapse. Nadie dijo que esta terapia vaya a ser agradable, pero sin dudas se torna imprescindible. El Estado no es una fuente infinita de recursos, y se hace urgente apuntar a una administración más ordenada, lo cual naturalmente incluye a los municipios y sus Concejos Deliberantes en el caso de que los tengan. En el comienzo de su primera gestión, Raúl Jalil dio señales de querer movilizar una corrección de las economías comunales, pero casi de inmediato llegó la pandemia y las prioridades cambiaron. Era momento de ayudar y no de exigir, y así se hizo. Pero la pandemia pasó, y hoy Provincia sigue girando millones a los intendentes para que puedan cumplir su labor. Hacia esos vicios internalizados parece enfocarse la propuesta oficial de establecer nuevas reglas de juego. Jalil, economista diplomado, tiene claro que en la medida que no se armonicen ingresos y egresos no se encontrará una solución al problema de fondo. A ese efecto el consenso fiscal representa una salida. Las protestas municipales, que han sido minoritarias (con el antofagasteño Mario Cusipuma a la cabeza) difícilmente prosperen: no se puede reclamar autonomía exclusivamente para recaudar, si luego se demandará ayuda provincial a cada paso para asumir gastos mes a mes. No se trata de una pelea por la caja, sino de cambiar una matriz de comportamiento de años y años, que claramente no ha funcionado.

Dos años...

El jueves 1 de septiembre de 2022, minutos antes de las 21, Fernando Sabag Montiel apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner con una pistola calibre 32 y gatilló dos veces, pero las balas no salieron.  El atacante fue detenido inmediatamente por un grupo de militantes peronistas y seguidamente por integrantes de la Policía Federal.? Montiel estaba vinculado al grupo ultraderechista Revolución Federal, el cual se vio involucrado en el caso, ya que además de Montiel fueron detenidos y procesados la expareja de Montiel y miembro del grupo, Brenda Uliarte, y uno de los líderes del mismo, Gabriel Carrizo, siendo conocidos los tres como la “Banda de los Copitos”. En julio de 2024 comenzó el juicio oral por el atentado, el cual se centra únicamente en el autor material y los dos colaboradores de Revolución Federal ya mencionados; el proceso dejó de lado la investigación y pistas relacionadas al posible autor intelectual del intento de asesinato. La investigación estuvo plagada de irregularidades, entre ellas la desaparición del teléfono y conversaciones del diputado Gerardo Milman, sospechado de instigamiento.

Jubilaciones: marcha atrás

Dicho y hecho, Javier Milei hizo oficial el veto total al aumento de los haberes para jubilados, tras reunirse en Casa Rosada con sus aliados en el Congreso. Eso significa que volverá a regir el sistema previsional establecido por un DNU de su Gobierno, decretado en marzo. El principal argumento para el veto es que el proyecto sancionado va contra la principal directriz del Gobierno libertario de sostener el equilibrio fiscal ya que implicaría al Estado un gasto adicional de $6 billones para el año 2024 y $15 billones para el año 2025, lo que equivaldría al 1,02% del PBI para el año en curso y al 1,64% del PBI para el próximo. Antes de concretar el veto, el Presidente convocó a diputados del PRO a una cumbre con legisladores de La Libertad Avanza para garantizar que la oposición no alcance los dos tercios, en un cálculo arriesgado pero que por el momento consiguen: una potencial alianza opositora requiere dos votos de alineados con el oficialismo para alcanzar la mayoría especial. Además, sentó las bases para nuevos consensos pensando en el proyecto del Presupuesto 2025. El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones había sido aprobado el 22 de agosto con 61 votos en el Senado (sobre 69 legisladores presentes) y establecía un esquema que combinaba el Índice de Precios al Consumidor y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones. El sistema jubilatorio que decretó Javier Milei en marzo consiste en aumentos mensuales atados al (IPC) y contempló un ajuste del 12,5% único por la devaluación previa. Sin embargo, el reclamo opositor apuntaba que el índice de inflación había sido superior al 21%, por lo que representaba un deterioro del poder adquisitivo de los haberes previsionales.

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