El Secretario
Diez años y contando…
En septiembre de 2014, hace ya diez años, la entonces gobernadora Lucía Corpacci presentaba formalmente un proyecto para reformar la Constitución de Catamarca, actualizada por última vez en 1988. Se abrió en ese momento un interesante debate con dos particularidades: la primera es que todos los sectores políticos y sociales se manifestaron a favor de la reforma. La segunda, es que esa reforma nunca se hizo. Sobre las propuestas basales del Ejecutivo se inició una fructífera discusión. Incluso se creó una “Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Catamarca”, integrada por un representante designado por la Universidad Nacional de Catamarca, uno por el Tribunal Oral Federal con asiento en la Provincia, uno designado por la Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca, un representante de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, un representante designado por el Colegio de Abogados de Catamarca, uno designado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, un experto en Desarrollo de Tecnología y Energías Alternativas y un representante del Poder Ejecutivo, que fue el entonces ministro de Gobierno y Justicia y actual intendente capitalino, Gustavo Saadi.
La comisión trabajó bien, se tomó su tarea en serio, convocó absolutamente a todos los partidos políticos, instituciones, organizaciones civiles, colegios profesionales e incluso dedicó un buen tiempo a recorrer el interior, para que nadie quedara fuera del análisis. A libro abierto, se invitó a la sociedad entera a sumar aportes, realizar objeciones y dar su opinión sobre los puntos que se habían fijado como punto de partida para la reforma. Lo cierto es que las coincidencias superaron largamente a las disidencias. Porque el proyecto era más que interesante. En materia política fijaba la certeza electoral, ponía punto final a las reelecciones indefinidas, extender el período de sesiones legislativas, unificar las dos cámaras, etc. Pero también apuntaba a otros aspectos, como darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y el Defensor del Pueblo, limitar las inmunidades parlamentarias, establecer que el Ministerio Público funcione en forma independiente de la Corte Suprema y garantizar que la carrera administrativa de los empleados públicos se extienda hasta el cargo de director.
¿Qué pasó? Básicamente nada. Catamarca sigue rigiéndose por una Constitución que al día de hoy tiene 36 años, redactada cuando aquí no existían internet ni telefonía móvil, cuando esta provincia tenía la mitad de los habitantes con los que cuenta hoy, cuando la realidad social, económica, cultural y la vida misma era completamente diferente. Pasaron gobiernos, parlamentarios, elecciones, desaparecieron fuerzas políticas predominantes, emergieron partidos nuevos, todo cambió. Pero jamás se logró dar forma a la nueva ley fundamental catamarqueña. La idea del observatorio de los Derechos Humanos, el reconocimiento de derechos a los Pueblos Originarios, la extensión de la obligatoriedad de la educación a nivel de secundario, la equiparación de los docentes de escuela pública de gestión estatal o colegios de gestión privada, y tantas otras, siguen esperando.
El Esquiú.com