Mientras desde alguna realidad paralela el presidente Javier Milei asegura que los jubilados recuperaron poder adquisitivo “fenomenalmente”, que sus haberes le ganaron a la inflación y las jubilaciones “volaron” en dólares durante su gestión, los adultos mayores que viven de lo que el Estado les retribuye tras décadas y décadas de aportes, roza la miseria. La inmensa mayoría de los jubilados, que no vió un dólar en su vida, enfrenta dramáticas situaciones que, en muchos casos, los obligan a optar entre comprar comida o comprar los remedios que necesitan. Quienes no tienen la fortuna de contar con una familia que los ayude, y deben intentar sobrevivir con un haber mínimo, atraviesan un verdadero infierno. El Estado, ese Estado que Milei se propone “destruir desde adentro”, según confesó públicamente, los abandona una vez más, y los castiga con un ensañamiento tan cruel como recurrente.

Milei decidió vetar y rechazar de raíz una mejora ofrecida por el Congreso de la Nación a los jubilados, bajo el pretexto de cuidar el equilibrio fiscal. Echa entonces mano a uno de los sectores económicamente más indefensos de la sociedad para corregir los números macro. Y al mismo tiempo, se decidió que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) realizara un nuevo ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100 por ciento para eliminar otros 44 remedios desde este mes. Y al mismo tiempo llegan los tarifazos en los servicios, en el transporte, en la cobertura médica... Suponer que el cese de la etapa laboralmente activa da lugar a tiempos de “júbilo” en Argentina es una completa utopía.

Pero la receta no es nueva, siempre es uno de los primeros sectores a los que se castiga. Allá por 2001, de la mano de la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, se impulsó una política que quedó marcada en la memoria de todos los trabajadores y trabajadoras: el famoso recorte del 13% a los salarios de estatales y jubilados del Estado nacional. El saqueo de Bullrich en julio de ese año arrasó también con cientos de miles de integrantes de la denominada clase pasiva. También la excusa era, como hoy, cuidar los “números”. Pasa el tiempo, pero se mantienen los funcionarios y sus más nefastas recetas, esas de quienes piensan en los “números” y no en las personas. Las penurias quedan para quienes ya no tienen la posibilidad de trabajar, y apostaron toda su vida a un sistema de retribución solidaria, pero son despreciados una vez más por la voracidad de un Estado que les retuvo parte de sus salarios durante al menos 30 años, y hoy se desentiende de la suerte de sus aportantes. Con un agregado, además de hambrearlos les reparten palos y gases si quieren protestar. Palos y gases para los cuales a estos gobiernos nunca les falta dinero.

El Esquiú.com