La detección de presuntas irregularidades en procedimientos administrativos llevados a cabo en el Ministerio de Salud de la Provincia, generó la comidilla de la semana en el ambiente político. El caso que trascendió refiere que algunos funcionarios habrían realizado compras oficiales a empresas familiares, en un circuito aparentemente aceitado para hacer funcionar la cadena de favores interna, asegurándose que compras, ventas, autorizaciones, pagos y cobros se mantuvieran convenientemente dentro de un mismo círculo, hasta completar una cifra más que interesante de ganancias con actores que repartían sus roles en ambos lados del mostrador. Los detalles de las operaciones son ahora materia de investigación judicial, en un proceso que está en marcha y servirá para deslindar las responsabilidades que le caben a cada uno.
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El caso de Salud y sus compras dirigidas, resume la esencia de la corrupción, entendida como la utilización de los mecanismos y el dinero público, por parte de funcionarios, para beneficio propio. De confirmarse estos episodios, los ideólogos y ejecutores de la maniobra no sólo habrán quebrado la ley, sino que le habrán fallado a sus superiores, al Estado mismo y a todos los catamarqueños, toda vez que asumieron una función que es básicamente de servicio, no para servir sino para servirse ellos mismos, con el fraude que ello implica. Ahora bien, nadie vive en una comunidad celestial ni prima un espíritu de ingenuidad tan grande como para suponer que esto nunca ha sucedido antes. Parte de la desacreditación de la clase política, tanto a nivel provincial como nacional, se basa fundamentalmente en la sospecha –más de una vez confirmada- de que la función pública se asume para perseguir objetivos de enriquecimiento personal. Sobran los casos de figuras ignotas que de la noche a la mañana cambiaron su nivel de vida y su patrimonio en forma meteórica, coincidentemente con su labor en el Estado. Figuras de testaferros, empresas fantasmas, amiguismos, acomodos, cartelizaciones, etc., no son en absoluto novedosas para los catamarqueños ni para los argentinos.
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Sin caer en conclusiones apresuradas, ya que será la Justicia quien resuelva qué ocurrió aquí, el solo hecho de que se haya formalizado la denuncia remite a un hecho negativo. Pero en ese horizonte se ve también una buena reacción, la más saludable que puede esperarse, aunque no la más frecuente. El Gobierno decidió separar de inmediato de sus cargos a las personas sospechadas de haber actuado en forma incorrecta y, lo que es más importante, dio a conocer la situación sin eufemismos, sin esconderla ni camuflarla. En esta respuesta hay un doble mensaje para destacar. Primero, que se deja claro que no habrá comportamientos de protección corporativa con el argumento de tapar a quienes obran de mal modo, bajo el pretexto de defender al propio gobierno. Y sobre todo una exigencia de transparencia que se hace imprescindible, a partir de la cual el resto de los funcionarios quedan advertidos sobre la suerte que les espera si se apartan del camino indicado. Ningún caso de corrupción es bueno, pero si siempre se va a reaccionar en este sentido, el panorama se vislumbra alentador.