La relación entre periodismo y justicia debe ser armoniosa por definición, no sólo para que ninguna parte interfiera en la labor de la otra, sino -y fundamentalmente- porque ambos interactúan en forma permanente con toda la sociedad y, cualquier exceso, por mínimo que sea, puede tener consecuencias serias y negativas. Si el periodismo traspasa algún límite y afecta la tarea judicial, los damnificados no se reducen a los funcionarios o cuerpos judiciales intervinientes, sino que puede desnaturalizarse o malograrse todo un proceso y la propia administración de justicia. Tristemente, tanto a nivel nacional como provincial sobran ejemplos de esta clase de intromisiones insanas, generalmente cuando la prensa responde a un sector o determinado poder político o económico. En sentido inverso, si la Justicia entorpece o impide el libre ejercicio del periodismo, el daño no se circunscribe a un medio o un grupo de trabajadores, sino que se extiende a toda la comunidad que debiera poder informarse a través de ese canal.

*****
No es una cuestión sencilla, porque se trata de relaciones dinámicas, donde las normas son sometidas a constantes cuestionamientos, a partir de las necesidades e interpretaciones que surgen de cada caso particular. Sin embargo, existe una sólida base de reglas claras, emanadas en primer lugar de la Constitución nacional y luego de toda una normativa específica, rica jurisprudencia y permanentes encuentros, simposios, conferencias y talleres en los que se evalúa cómo pulir y perfeccionar un vínculo que exige equilibrio total.

*****
Lamentablemente, en Catamarca, Diario El Esquiú.com viene de un tiempo a esta parte padeciendo intromisiones que no corresponden y que deben encontrar un punto final porque comienzan a lesionarse derechos esenciales como el del libre ejercicio de la profesión periodística. Ocurre a partir de exigencias del fiscal Laureano Palacios, quien ya en más de una ocasión y, bajo el pretexto de querer establecer circunstancias sobre un acontecimiento que convoca su interés, intenta avanzar sobre periodistas de este medio. Comisiones que vienen a las oficinas del diario a buscar periodistas, citaciones después de medianoche, exigencias de revelación de datos personales de periodistas y otras intimidaciones se reiteran solo porque se realizó una nota donde una declaración llama la atención del fiscal. Este medio colaboró, colabora y colaborará siempre con la Justicia. Ha puesto -y lo seguirá haciendo- todos sus materiales a disposición cuando se lo requiera, pero de allí a indagar sobre un periodista en particular, cuando el objeto de interés es la declaración de un entrevistado, es un atropello inadmisible. Un periodista no tiene responsabilidad legal por las afirmaciones que emita un entrevistado, ni tiene que rendir cuentas por la respuesta que ofrezca un tercero. Poner el material obtenido a disposición de una eventual investigación, ya sea un audio o registro fílmico, es toda la obligación del medio. Que un periodista tenga que ir a declarar por cada nota que hace es un despropósito y una incomodidad que se hace ya intolerable para el normal desarrollo de la tarea cotidiana. Y en definitiva el fiscal, en este caso Laureano Palacios, pierde tiempo con estos trámites inconducentes e innecesarios, en lugar de enfocarse en aquello que debería ser de su real interés. Que se trabaje y se deje trabajar es lo que exigimos. En otras palabras, que cada quien se ocupe de lo que se tiene ocupar. O más sencillo, que se respete la ley.

El Esquiú.com