“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, reflexionaba Séneca hace dos mil años, sembrando una idea tan clara que perduró a través de los siglos, hasta expresarse ahora de manera más contundente en el dicho popular: “Justicia lenta no es justicia”. Por extensión de la premisa, puede concluirse que en Catamarca no hay justicia, ya que esa realidad se desprende del jury que recientemente enfrentó el juez de Belén Miguel Ángel Aybar, quien se sentó en el banquillo de los acusados para responder por un nivel de ineficacia alarmante: bajo su competencia se hallaron más de medio millar de expedientes sin avances, algunos de ellos con un historial inactivo de 10 y hasta 15 años de espera. El razonamiento es válido por la sencilla razón de que Aybar fue absuelto y continúa en su cargo, aun comprobándose el letargo de centenares de causas irresueltas, porque se determinó que tal  situación no obecede a su inoperancia, sino a circunstancias generales que le impiden desarrollar su tarea. “Soy un juez eficaz en un sistema ineficiente”, resumió Aybar.

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El mensaje que este episodio deja a la comunidad es paupérrimo y desalentador. Es la admisión de la inutilidad general huérfana de responsables. Una declaración de impotencia de la propia justicia, nada menos que la justicia, que ensaya una confesión de parte para admitir que no puede hacer su trabajo y no lo hace. Como infantil excusa, se exponen limitaciones corrientes, a saber: falta de computadoras, espacio adecuado, personal, recursos... pero la misma justicia se permite en otros estamentos gastar en vehículos de alta gama, producciones para redes sociales, planteles de choferes y secretarios que quizás no merecerían objeciones, de no ser porque al mismo tiempo alega que no tiene fondos para cumplir sus tareas básicas. Mal administrada, mal organizada, desactualizada y en deuda con la sociedad, la justicia sólo atina a un mea culpa que no resuelve nada. 

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Se hace entonces necesaria una real reforma, una reestructuración completa, una revisión de las propias capacidades y de las tareas esenciales que deben realizarse con premura. Porque recostarse cómodamente en el argumento de que no se puede trabajar, y que el único camino es aceptar como normal que un expediente pase más de una década inmovilizado, es inaceptable. La situación quedó expuesta en este jury a Aybar, que terminó sentando en el banquillo a toda la Justicia provincial, con la diferencia de que resulta imposible absolverla tan ligeramente.

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