Se cumplió ayer el tercer paro general bajo la gestión presidencial de Javier Milei, un acto que cada parte interpretó según sus propios intereses, difundiendo unos y otros lecturas sesgadas en la habitual carrera discursiva, en estos tiempos donde las batallas comunicacionales suelen ocupar un espacio central tanto para informar como para desinformar. El gobierno habló de un manotazo de ahogado de una conducción sindical mafiosa que es la casta más difícil de combatir. La CGT habló de un éxito rotundo y denunció aprietes e intimidaciones propias de tiempos dictatoriales. Así, sin términos medios, fue el análisis de la jornada de protesta.

En un intento por ofrecer una mirada lo más objetiva posible, el paro tuvo importantes niveles de acatamiento y adhesión, pero también un impacto social menor que las protestas anteriores. En este caso particular, con muchas semanas de preanuncio, fue decisivo para restarle fuerza la falta de adhesión de la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, que priorizó su acuerdo paritario y tomó distancia de las decisiones de la cúpula cegetista. El transporte es transversal a todas las actividades, y si el transporte funciona una buena parte de la actividad se sostiene. La UTA fue acusada de traición por otros gremios, y el gobierno celebró como un triunfo el hecho de haber quitado este apoyo fundamental al reclamo general. Hubo también incidentes aislados en distintos puntos del país, como ataques con piedras a unidades que estaban circulando. Por de esas agresiones lógicamente, no se hizo cargo nadie.

La CGT, que supo ser el brazo más fuerte del cuerpo peronista en otros tiempos, no muestra la decisiva potencia que tenía. Cada sector enfrenta sus propios dramas y presiones, y se le viene recriminando falta de decisión, escaso espíritu combativo y reflejos tardíos. Puede haber un poco de todo, pero sigue teniendo poder de representación y los gremios son uno de los últimos refugios para la defensa de los trabajadores. También es cierto que las urgencias juegan su papel: muchos trabajadores y pequeños comercios optaron por llevar adelante una jornada normal de actividad, no por simpatía o adhesión al gobierno, sino porque un día no trabajado es para muchos un día sin ingresos, un lujo que pocos se pueden dar, sobre todo si son independientes o personas en relación de dependencia que arriesgan el empleo o adicionales por una ausencia. La destrucción del poder adquisitivo y el avasallamiento a muchos de los derechos de los trabajadores que denuncia la CGT, son una realidad, y no un discurso meramente político. Pero los tiempos han cambiado, y el paro general no tiene ya la capacidad de intimidar o jaquear a un gobierno, como la tenía décadas atrás. Queda entonces lo que se vivió ayer, una expresión de descontento, que unos y otros saben insuficiente para cambiar el curso de los ríos.

El Esquiú.com