Según el informe ejecutivo 2024 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, Argentina registró un total de 4.249 suicidios el año pasado. Esto representa una tasa nacional de 9,8 suicidios cada 100.000 habitantes, cifra que no presenta variación respecto al año anterior. En la década anterior, se registraron en Argentina 31.847 casos. Este alarmante dato se traducía en 3.185 muertes por año, ocho por día y una cada tres horas, pero los números se incrementaron dramáticamente. Un problema de enorme magnitud que no suele encontrar respuestas de la misma estatura, ni políticas enfocadas en los más jóvenes, que son también los más vulnerables: de los 15 a 29 años es la franja más afectada por este flagelo, siendo el suicidio la cuarta causa más frecuente de muerte. 

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Las diputadas nacionales Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de ley que busca reformar y ampliar el alcance de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Ley 27.130), sancionada en 2015. La iniciativa cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques y apunta a reforzar el abordaje institucional de una problemática que, según cifras oficiales, genera un promedio de 22 eventos diarios en la Argentina. El proyecto propone la creación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, bajo la órbita del Ministerio de Salud, con participación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, organizaciones especializadas y referentes académicos. El objetivo es avanzar en una estrategia coordinada a nivel nacional, que permita actuar de manera preventiva, asistencial y de posvención, con foco en todas las franjas etarias. Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto contempla la creación de un registro detallado y obligatorio de intentos y suicidios consumados, con información sobre edad, género, causas, modalidad, y evolución mensual. Este registro será alimentado por sectores públicos y privados y deberá incluir los casos corroborados por el Poder Judicial, un punto que hasta el momento no está previsto en la ley vigente.

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La propuesta también plantea reformas en el ámbito educativo, incorporando de forma obligatoria materias vinculadas a la prevención del suicidio en las carreras universitarias de psicología y afines, así como en la formación docente. Además, exige campañas masivas de concientización sobre salud mental, adicciones y abuso sexual, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Otro punto central es el fortalecimiento de la atención en situaciones de crisis. El proyecto encomienda al Ministerio de Salud la elaboración de un protocolo nacional de actuación ante el riesgo suicida, así como la coordinación de una línea telefónica gratuita, activa las 24 horas, con operadores capacitados y una red de derivación a dispositivos de asistencia. También se prevé la creación de un sitio web oficial, con acceso a información, canales de ayuda y recursos de acompañamiento para personas en crisis y sus familiares. La norma podrá perfeccionarse, pero actuar es imprescindible.

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