Los gobernadores de casi todas las provincias del país -sólo faltó el correntino Gustavo Valdés- analizaron la situación económica y definieron su estrategia para revertir la posición de la Casa Rosada, que frenó la obra pública y al mismo tiempo recorta los fondos a repartir. Los mandatarios -algunos en forma presencial, otros por videoconferencia- dieron su parecer y no llegaron a un acuerdo pleno. Esto es lógico porque provienen de distintas vertientes políticas, unas más cercanas y otras más enfrentadas con el plan libertario. Pero todos coincidieron en que no se puede continuar del modo actual y propusieron por ello discutir un nuevo Pacto Fiscal, con reglas de juego claras para todos. Sirve para la ocasión la borgiana definición de que no los une el amor, sino el espanto, porque los mandatarios tienen posturas contrarias en la mayoría de los temas, pero los acerca una enorme preocupación.

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La necesidad de un pacto desnuda la fragilidad del Pacto de Mayo, firmado hace menos de un año y sin más incidencia que una foto para el álbum presidencial. De hecho, allí se anunció con toda la pompa un Consejo de Mayo del cual ni siquiera se puede decir que fracasó, porque jamás se puso en marcha. Ocurre entonces que ningún proyecto puede consolidarse cuando no hay diálogo real y cuando la única norma es la búsqueda del sometimiento por presión. Por eso, los gobernadores quieren al menos discutir y hallar un rumbo más racional.

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Con cualquier gobierno, estos acuerdos generales siempre son complejos. Las pautas del federalismo fiscal en Argentina muestran un amplio historial de tropiezos y dificultades. El régimen de coparticipación federal de impuestos que cobraban la Nación y las provincias surgió con la ley 12.139, de 1935, y la dispersión normativa continuó hasta la síntesis que impuso la ley 20.221, que rigió hasta 1984, norma recurrentemente transgredida. Entre otras decisiones que la violentaron estuvo la del traspaso, por decisión unilateral, de funciones educativas y sanitarias al interior, sin la correspondiente contrapartida financiera. Allí surgieron los Aportes del Tesoro Nacional, mecanismo arbitrario para subsanar problemas, que en los hechos fue una vía libre para ayudar a los amigos sin tener que dar explicaciones. En 1980 se inauguraron las precoparticipaciones, cuando se dispuso que una porción del IVA alimentara Seguridad Social. A comienzos de 1988 se estableció un régimen transitorio de distribución, que se encuentra vigente en la actualidad. La reforma de 1994 incorporó la coparticipación a la Constitución Nacional y dispuso la sanción de una ley convenio que jamás se concretó. La mayor aproximación fue la sucesión de pactos fiscales suscriptos desde 1992, cuya interpretación y aplicación dio lugar a litigios judiciales de toda clase. Este acuerdo que se reclama al unísono siempre fue necesario, pero hoy se torna imprescindible.

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