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Explosión en Rio Tercero

El 3 de noviembre de 1995, se producen en la Fábrica Militar de Río Tercero una serie de potentes explosiones que ocasionan un desastre. 7 personas muertas y más de trescientas heridas; decenas de casas en ruinas; la ciudad queda regada de esquirlas y municiones de guerra.
martes, 02 de noviembre de 2010 00:00
martes, 02 de noviembre de 2010 00:00

A pocas horas del siniestro, el presidente Menem que había llegado a Río Tercero, declara que se trata de un accidente e insta al periodismo a no hablar de atentado. Las sospechas del hecho intencional aparecen ese mismo día. Los mandos militares y el Poder Ejecutivo Nacional se encargan de alimentar la teoría del accidente.

A partir de allí se inició la causa penal y numerosas causas civiles.
Al frente de la causa penal, estuvo aproximadamente diez años el juez federal Luis Martinez y el fiscal federal Roberto Massuet. Durante este tiempo la causa se mantuvo circunscripta al accidente e inactiva. A la par se sucedían amenazas, muertes dudosas y “suicidios” de testigos/as involucrados/as. También hubo una serie de pericias fraudulentas, con peritos truchos que avalaron la hipótesis del accidente.

A fines de los 90 empezó a crecer la sospecha de una estrecha relación entre las explosiones y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 (en marzo de 1995 es cuando aparece la primera denuncia sobre el contrabando armas)
En estos años, Argentina le vendió a Croacia y Bosnia 6.500 toneladas de armas, por un valor de US$ 33.868.764. Con el agravante de que sobre este país pesaba un embargo de las Naciones Unidas, al estar en guerra con Serbia.

Se realizaron 5 envíos en barcos originarios de Croacia. La venta fue realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Este organismo fue intervenido por el gobierno del ex presidente Carlos Menem y su interventor era Luis Sarlenga. El intermediario fue el militar Diego Palleros, quien obtuvo un certificado falso que consignaba que el destino final de las armas era Panamá. Esta operación se concretó a través de los decretos secretos 1697 y 2283, firmados por el ex presidente Menem; el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González; de Relaciones Exterior, Guido Di Tella; y de Economía, Domingo Cavallo.
En 1995, la Argentina le vendió armas a Ecuador cuando éste país estaba en guerra con Perú. En ese entonces, nuestro país, era garante de paz entre ambos países por ser miembro del Grupo del Tratado de Río de Janeiro.
La operación se hizo a través del decreto secreto 103, firmado por el ex presidente Menem. Para ello, Palleros consiguió un certificado falso de destino final a Venezuela. DGFM le vendió fusiles a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade SA, propiedad de Palleros, quien a su vez se los vende a otra intermediaria ecuatoriana (Prodefensa, perteneciente a un traficante francés), que las trianguló al ejército ecuatoriano. Los embarques se hicieron en aviones de la firma Fine Air. Los cargamentos de armas salieron de la Fábrica Militar de Río Tercero, parte de DGFM.

En el 2003 los ingenieros Sicilia, Yorio, Zanoni y Rodríguez, docentes de la UNC, contratados como peritos oficiales, concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. De este modo, la teoría del accidente cayó y la investigación necesariamente toma otro cause.
Al mismo tiempo, por parte de la querella, el juez Martinez fue recusado y el fiscal Massuet quedó envuelto en una denuncia por vinculación con uno de los imputados. Ambos se alejaron de la causa, entró el juez Diego Estévez y se sumó el fiscal adjunto, Carlos Stornelli.

También en 2003 se determinó que las explosiones estaban relacionadas con la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.

Durante el 2005, la vinculación de las explosiones con la venta ilegal de armas pasó a ser parte de la intimación, es decir que los sospechosos son imputados de haber participado o facilitado las explosiones para ocultar maniobras relacionadas con la venta ilegal de armas. Se presumió que el móvil fue ocultar el faltante de material bélico de la Fábrica Militar de Río Tercero.

En agosto de 2008 Menem fue procesado, junto a otros cinco militares, por el entonces juez subrogante de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, y le había dictado la falta de mérito a quien fuera jefe del Ejército en la época de los hechos, Martín Balza.

Luego de pasar por la Cámara Federal y la Cámara Nacional de Casación Penal, por defectos formales y anulaciones, el expediente es reenviado a la Cámara Federal de Córdoba y en agosto de este año le dictó la "falta de mérito", pero dejó abierta la puerta para que se lo vuelva a requisar en caso de ser necesario. Dictó también el sobreseimiento para el ex funcionario en el área de Defensa, Heriberto Baeza González.

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