Luiz Inácio Lula da Silva fue registrado como candidato a la Presidencia cuando finalizó el plazo establecido por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en Brasilia.

La necedad del líder, que desde su primer día de arresto prometió presentarse a las elecciones, pudo más que la guerra de jueces y medios para impedírselo.

“No pretendo morir ni renunciar, y sí pelear hasta el final”, escribió en una carta transcripta parcialmente por el diario Folha de San Pablo.

A partir del 7 de abril cuando fue encarcelado en Curitiba por orden del juez Sergio Moro, le fue impedido comunicarse con el electorado a través de videos y dar entrevistas, a pesar de que estas prohibiciones son ilegales. Aún así su popularidad creció.

Una encuesta publicada ayer miércoles por Paraná Pesquisas lo ubicó primero con el 30,8 por ciento de las intenciones de voto frente al 22 del militar retirado Jair Bolsonaro.

Al mediodía helicópteros policiales comenzaron a sobrevolar el centro de Brasilia. Hubo un fuerte despliegue de más de mil policías militarizados brasilienses apoyados por un centenar de tropas federales movilizadas por Michel Temer.

A esa misma hora miles de campesinos sin tierra, militantes del PT y trabajadores de la CUT (Central Única de los Trabajadores) estaban concentrados en el campamento montado junto al estadio mundialista Mané Garrincha, en el oeste de Brasilia. Desde allí marcharon hacia el Tribunal Electoral donde se realizó un acto para enmarcar la entrega de los documentos de Lula y su vice, Fernando Haddad, electo intendente de San Pablo en 2012 cuando era poco menos que un desconocido.

Su victoria en San Pablo, el municipio más importante del país, fue gracias al respaldo dado por Lula Da Silva. Igual ocurrió en 2010 con Dilma Rousseff, electa presidenta debido al apoyo del líder petista.